El Gobierno nacional enfrenta una agenda legislativa cargada y plazos cada vez más ajustados. El Presupuesto 2027 y la reforma política aparecen entre las prioridades, mientras otras iniciativas anunciadas por Javier Milei siguen trabadas, sin dictamen o ni siquiera fueron presentadas formalmente en el Congreso.
El calendario parlamentario empieza a apremiar a la Casa Rosada. Con el cierre del período de sesiones ordinarias cada vez más cerca, el Gobierno de Javier Milei evalúa la posibilidad de convocar al Congreso a sesiones extraordinarias para intentar avanzar con una serie de proyectos que acumulan demoras. Según informó Ámbito Financiero el 19 de octubre de 2026, varias de las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo todavía no llegaron al recinto, permanecen a mitad de camino entre ambas cámaras o ni siquiera ingresaron formalmente al Poder Legislativo. El escenario obliga al oficialismo a acelerar negociaciones si pretende cerrar el año con parte de su agenda aprobada.
Uno de los asuntos centrales es el Presupuesto 2027, una herramienta clave para definir las prioridades de gasto, los recursos estatales y la orientación económica del próximo ejercicio. El debate en Diputados comenzó recientemente y el cronograma parlamentario deja poco margen para completar el tratamiento en ambas cámaras antes de fin de año. De acuerdo con la información publicada por Ámbito, la sesión para votar el proyecto en la Cámara baja estaba prevista para el 18 de noviembre, apenas dos días antes del vencimiento del plazo para dictaminar. Si el Senado no cuenta con tiempo suficiente para tratarlo, una convocatoria a extraordinarias podría convertirse en una vía para intentar completar el trámite legislativo.
La reforma política es otro de los temas que presionan sobre la agenda oficial. El Gobierno busca modificar las reglas electorales con vistas a los comicios de 2027, incluida la posibilidad de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, el proyecto todavía atraviesa una etapa inicial en el Senado y el oficialismo no tiene garantizados los votos necesarios. La Cámara Nacional Electoral, según la nota, reclamó que las reglas estén definidas con anticipación para garantizar previsibilidad y certeza. El debate no es menor: cualquier modificación electoral impactaría en la organización de las fuerzas políticas y en las condiciones bajo las cuales competirán en las próximas elecciones.
A esa lista se suma el denominado Súper RIGI, un régimen orientado a promover grandes inversiones en nuevas industrias que ya obtuvo aprobación en Diputados, pero permanece frenado en el Senado. La jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, todavía debe reunir respaldos para llevarlo al recinto. Si durante las negociaciones se introducen modificaciones, el texto deberá regresar a Diputados para su aprobación definitiva. El caso expone una de las dificultades del oficialismo: conseguir la aprobación inicial de una iniciativa no garantiza que pueda completar el recorrido parlamentario, especialmente cuando depende de acuerdos con bloques aliados.
También sigue pendiente la reforma de la Ley de Salud Mental, que avanzó en comisión, pero necesita completar los pasos legislativos para llegar al recinto y convertirse en ley. En paralelo, la nueva Carta Orgánica del Banco Central anunciada por Milei en cadena nacional quedó sin resolución definitiva luego de que el Senado introdujera cambios y devolviera el texto a Diputados. Las diferencias sobre el mecanismo de remoción de la máxima autoridad de la entidad forman parte de las controversias que traban su avance. Así, proyectos presentados por el Gobierno como piezas centrales de su programa continúan sujetos a negociaciones, modificaciones y definiciones que el calendario ordinario amenaza con dejar para el año próximo.
El listado de iniciativas demoradas incluye anuncios presidenciales que todavía no se tradujeron en proyectos concretos. Entre ellos aparecen el llamado shutdown o regla fiscal permanente, con el que Milei pretende impedir que el Estado sostenga presupuestos deficitarios, y las reformas al mercado de capitales y de seguros. También continúa pendiente la iniciativa sobre Malvinas anunciada en septiembre, que propone endurecer sanciones vinculadas con la extracción o explotación ilegal de recursos naturales. Su tratamiento en comisiones fue postergado y el oficialismo debe reunir las firmas necesarias para avanzar con un dictamen. Sin esos pasos, el anuncio político no alcanza para convertir una propuesta en legislación vigente.
Otras propuestas quedaron estancadas en distintas etapas del Congreso. La denominada Ley Hojarasca, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger para modificar o derogar alrededor de 70 normas, perdió impulso en medio de las controversias generadas por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y sus disposiciones vinculadas con la Ley de Tierras. Esta última iniciativa, que incluye cambios sobre el régimen de tierras rurales, también requiere completar su recorrido parlamentario. A su vez, la Ley de Lobby, que buscaba regular y transparentar las relaciones entre funcionarios, legisladores y actores privados, quedó sin dictamen en Diputados. Las propuestas de etiquetado frontal y regulación de apuestas en línea tampoco registraron avances suficientes, según el relevamiento periodístico.
El posible llamado a extraordinarias, por lo tanto, no responde solamente a una cuestión de calendario: también refleja la distancia entre la agenda anunciada por el Gobierno y la capacidad de traducirla en leyes aprobadas. El Poder Ejecutivo puede convocar al Congreso fuera del período ordinario y fijar los asuntos que se tratarán, pero esa herramienta no reemplaza los votos ni elimina las diferencias entre los bloques. El Presupuesto 2027 y la reforma política aparecen entre los expedientes que más presión generan por sus plazos y consecuencias. La definición de la Casa Rosada será clave para saber si diciembre tendrá una actividad parlamentaria extendida o si parte de las iniciativas quedará postergada hasta el próximo período legislativo.
Fuente: Ámbito Financiero
