La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el archivo de la investigación por el multimillonario acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. La decisión alcanza al expresidente y a exfuncionarios como Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Nicolás Dujovne. El fiscal Raúl Pleé desistió de sostener la apelación al considerar que no se había acreditado una hipótesis delictiva concreta. El expediente se cierra, pero la discusión política y económica sobre el endeudamiento sigue vigente.
La Justicia federal dejó firme el archivo de la causa que investigaba las presuntas irregularidades en el préstamo de más de US$ 57.100 millones que la Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Mauricio Macri. La resolución fue adoptada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. De esta manera, quedó cerrado el camino de revisión judicial que buscaba mantener abierta la investigación penal sobre uno de los acuerdos financieros más importantes y controvertidos de la historia reciente del país. La decisión vuelve a colocar en el centro del debate el alcance del control judicial sobre las decisiones económicas de un gobierno y las responsabilidades políticas derivadas del endeudamiento externo.
Entre los principales funcionarios alcanzados por la investigación se encontraban el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger y Luis Caputo, quienes ocuparon cargos vinculados con la conducción económica y financiera durante aquella administración. También fueron investigados otros exfuncionarios relacionados con el Banco Central. El préstamo, inicialmente acordado por US$ 50.000 millones y posteriormente ampliado a US$ 57.100 millones, fue presentado por el gobierno de Cambiemos como una herramienta para enfrentar la crisis financiera y recuperar la confianza de los mercados. Sin embargo, el tamaño del acuerdo, sus condiciones y el destino de las divisas alimentaron cuestionamientos políticos, económicos y judiciales que se extendieron durante años.
La investigación penal buscaba determinar si existieron delitos en la negociación y ejecución del acuerdo con el organismo internacional, incluidas posibles irregularidades administrativas y el eventual uso de los fondos para sostener la salida de divisas al exterior en perjuicio del Estado. Las denuncias cuestionaban, entre otros aspectos, el procedimiento utilizado para contraer la deuda y la falta de determinadas intervenciones institucionales que, según los denunciantes, correspondían para una operación de semejante magnitud. El expediente reunió planteos que apuntaban a establecer si las decisiones adoptadas por los responsables de la política económica habían excedido las atribuciones legales o configurado conductas penalmente reprochables. No obstante, el archivo definitivo implica que la causa no avanzará hacia una instancia judicial que determine responsabilidades penales por esos hechos.
El expediente había sido archivado en febrero de 2026 por el Juzgado Federal N.º 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, y la decisión fue posteriormente confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones. El Ministerio Público Fiscal había cuestionado ese cierre y procurado que la investigación continuara, al considerar que todavía existían objeciones sobre el procedimiento y la evaluación de los elementos reunidos. Sin embargo, el fiscal general ante Casación, Raúl Omar Pleé, decidió desistir de sostener el recurso. En su dictamen, sostuvo que las hipótesis planteadas durante la investigación no estaban respaldadas por inferencias lógicas suficientes ni acompañadas por medidas concretas que permitieran fundamentar una acusación penal. Ese cambio en la posición fiscal resultó determinante para el desenlace definitivo del expediente.
Uno de los argumentos centrales expuestos por Pleé fue que, después de cinco años de investigación, no se había logrado establecer una hipótesis delictiva concreta. Según el criterio fiscal recogido en la resolución, la controversia remanente se vinculaba con el desacuerdo respecto de un modelo económico y con el cuestionamiento general a una política pública. El dictamen también señaló que no se había identificado una infracción concreta en la aplicación de los fondos que permitiera sostener la acusación en los términos requeridos por el proceso penal. La Cámara de Casación aceptó el desistimiento y confirmó el cierre de la causa. En términos jurídicos, la decisión no constituye una evaluación integral sobre los resultados económicos del préstamo, sino que determina que la investigación penal no continuará bajo las acusaciones formuladas en ese expediente.
El cierre judicial no elimina, sin embargo, la discusión sobre el impacto del endeudamiento contraído durante el gobierno de Macri. El acuerdo con el FMI se convirtió en un punto central de la controversia económica argentina por el volumen de recursos involucrados, las condiciones del financiamiento y las dificultades posteriores para estabilizar la economía. El préstamo fue acompañado por un programa económico que no consiguió evitar la profundización de la crisis cambiaria, la aceleración inflacionaria y la pérdida de poder adquisitivo que marcaron el final de aquella gestión. Estos antecedentes alimentaron críticas de sectores políticos, sindicales y económicos que cuestionaron tanto la estrategia de endeudamiento como sus consecuencias para las cuentas públicas. La resolución judicial no modifica por sí misma esos antecedentes ni clausura el debate sobre las decisiones de política económica adoptadas en 2018.
La controversia también pone sobre la mesa una cuestión institucional: cuáles son los límites del Poder Judicial para revisar las decisiones económicas de los gobiernos democráticamente elegidos. El criterio sostenido en el expediente distingue entre el cuestionamiento al acierto o desacierto de una política pública y la existencia de conductas individuales que puedan encuadrarse en delitos previstos por la ley. En otras palabras, una decisión económica puede ser objeto de críticas políticas, evaluaciones técnicas y responsabilidades ante la ciudadanía sin que eso implique automáticamente la comisión de un delito. Para que exista una condena penal, deben acreditarse hechos concretos y responsabilidades individuales conforme a las reglas del proceso. Esa distinción fue central para justificar el archivo, aunque no impide que el acuerdo con el FMI continúe siendo objeto de discusión pública.
Con el fallo de Casación, la causa por el préstamo de 2018 quedó definitivamente archivada en esta vía judicial. Mauricio Macri y los exfuncionarios alcanzados por el expediente ya no deberán enfrentar la continuación de esta investigación penal por los hechos allí examinados. Pero el cierre del caso no borra la dimensión política de una deuda que condicionó las discusiones económicas argentinas durante años. La pregunta sobre cómo se contrajo, qué resultados produjo y quién debe responder políticamente por sus consecuencias permanece en la agenda pública. La Justicia determinó que no había fundamentos suficientes para sostener una hipótesis delictiva concreta en esta causa; el balance sobre el endeudamiento, sus costos y sus efectos sobre la sociedad seguirá siendo materia de debate político, económico e histórico.
Fuente: Política Argentina
