Las principales empresas de medicina privada anunciaron nuevos incrementos en las cuotas para noviembre, por encima del 1,9% de inflación registrado en septiembre. Medicus aplicará la suba más alta, seguida por Swiss Medical y Galeno. Mientras tanto, fracasó en Diputados la sesión que buscaba debatir la derogación del DNU 70/2023, que mantiene desregulados los precios del sector.
Las empresas de medicina prepaga anunciaron nuevos aumentos en las cuotas que sus afiliados deberán afrontar en noviembre de 2026. Los incrementos informados llegan al 2,95% y superan la última inflación mensual publicada por el INDEC, que fue del 1,9% en septiembre. La actualización vuelve a presionar sobre los presupuestos familiares, en un contexto en el que los gastos de salud privada representan una parte cada vez más importante de los ingresos de quienes dependen de estas coberturas.
De acuerdo con el relevamiento publicado por El Destape, Medicus aplicará una suba del 2,95%, mientras que Swiss Medical aumentará sus cuotas un 2,3% y Galeno, un 2,2%. Por su parte, Luis Pasteur informó un incremento del 2,1% y el Plan de Salud del Hospital Británico actualizará sus valores un 1,98%. Los porcentajes corresponden a las empresas relevadas y pueden variar según el plan contratado y las condiciones particulares de cada afiliado.
La comparación con la inflación muestra que los aumentos de noviembre superan el último índice mensual disponible. En el caso de Medicus, la diferencia es de 1,05 puntos porcentuales respecto del IPC de septiembre. Aunque la comparación utiliza períodos distintos —el aumento de la cuota corresponde a noviembre y la inflación conocida es la de septiembre—, permite observar que las actualizaciones de la medicina privada siguen una dinámica propia y no necesariamente coinciden con la evolución general de los precios.
Desde el sector empresario, los incrementos se justifican por la evolución de los costos de atención médica, entre ellos los honorarios profesionales, los salarios del personal, los insumos, los medicamentos y los servicios que utilizan clínicas y sanatorios. El Plan de Salud del Hospital Británico señaló a sus afiliados que la actualización busca acompañar parcialmente el aumento de los costos para sostener la calidad de las prestaciones. Sin embargo, para los usuarios, cada ajuste implica destinar más dinero a la cobertura o evaluar alternativas más económicas.
Los aumentos se aplican bajo el régimen de desregulación de precios establecido por el DNU 70/2023, que eliminó la facultad estatal de autorizar y revisar previamente los valores de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Las compañías pueden definir sus propios incrementos, aunque deben comunicarlos a sus afiliados y a la Superintendencia de Servicios de Salud. Además, la normativa vigente permite diferencias según el tipo de plan y la región en la que se presta el servicio.
El debate sobre ese esquema regulatorio volvió a instalarse en el Congreso. El jueves 15 de octubre, una sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para tratar el rechazo al DNU 70/2023 no pudo comenzar por falta de quórum. La oposición reunió 121 legisladores, ocho menos que los 129 necesarios para abrir el recinto. Como consecuencia, no hubo debate y continuó vigente el marco que permite a las empresas establecer libremente los aumentos de sus cuotas.
Una eventual derogación del decreto podría reabrir la discusión sobre las facultades del Estado para controlar los incrementos, aunque sus efectos concretos dependerían del alcance jurídico de la medida y de las normas que permanecieran vigentes. En cualquier caso, la caída del DNU no implicaría automáticamente una reducción de las cuotas ni la devolución de los aumentos anteriores. El alcance de cualquier cambio regulatorio tendría que analizarse a partir de las disposiciones aplicables y de las decisiones que adopten las autoridades.
Mientras tanto, los afiliados deberán revisar las notificaciones de sus empresas para conocer el importe exacto que pagarán en noviembre. El aumento final puede variar según la cobertura y las condiciones del contrato. La continuidad de las subas vuelve a poner en discusión el equilibrio entre los costos de funcionamiento del sistema privado de salud, la capacidad de pago de los usuarios y el papel del Estado en la regulación de un servicio esencial.
Fuente: El Destape
