El juez Fabián Lorenzini decretó la quiebra de la empresa textil vinculada al grupo Vicentin, tras el fracaso de las negociaciones con los acreedores y de una última instancia de salvataje que no recibió interesados. La firma acumula una deuda superior a los 260 millones de dólares con el Banco Nación. Ahora se analizará si puede continuar produciendo de manera transitoria mientras se busca vender la compañía o sus unidades industriales.
La crisis de Algodonera Avellaneda llegó a un nuevo punto crítico. La Justicia de Santa Fe declaró la quiebra de la empresa textil con sede principal en Reconquista, luego de que fracasaran los intentos de reestructurar sus deudas y no se presentaran interesados en el procedimiento de salvataje. La decisión fue adoptada por el juez Fabián Lorenzini, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, y abre una etapa de incertidumbre para los trabajadores y para la continuidad de una actividad industrial importante para el norte santafesino.
El impacto laboral es uno de los aspectos más preocupantes del fallo. La empresa cuenta con alrededor de 350 trabajadores, aunque distintas fuentes sitúan la dotación en torno a los 360 empleados. Muchos vienen atravesando meses de dificultades salariales y un deterioro de sus condiciones económicas. La declaración de quiebra no significa que todos pierdan automáticamente sus puestos ni que las instalaciones deban cerrar de inmediato, pero el futuro de los empleos dependerá de las decisiones judiciales, de la posibilidad de mantener la producción y de que aparezca un comprador dispuesto a hacerse cargo de los activos.
Uno de los factores centrales de la crisis es la deuda que Algodonera Avellaneda mantiene con el Banco Nación. Según los montos consignados en el expediente, la entidad reclama créditos por más de 260 millones de dólares, además de obligaciones en pesos, y concentra más del 80% del pasivo verificado de la compañía. Una parte importante de esos compromisos está vinculada con garantías que la algodonera otorgó en operaciones relacionadas con Vicentin. El banco rechazó las propuestas de pago presentadas por la empresa al considerarlas insuficientes, mientras que la firma intentó cuestionar la participación de la entidad en el cómputo de las mayorías necesarias para aprobar un acuerdo con los acreedores.
Durante el proceso concursal, que se inició en 2024, la Justicia concedió distintas oportunidades para que la compañía pudiera alcanzar un acuerdo y evitar la liquidación. En septiembre de 2026, el tribunal rechazó el pedido de excluir al Banco Nación de la votación y constató que la empresa no había reunido las mayorías de capital exigidas por la legislación. Posteriormente se abrió un procedimiento de salvataje, conocido como cramdown, que permitía a terceros, acreedores o una eventual cooperativa de trabajadores inscribirse para intentar tomar el control de la sociedad y presentar una propuesta alternativa. El plazo venció el 5 de octubre sin que se registraran interesados, y la falta de alternativas terminó allanando el camino hacia la quiebra.
A las obligaciones financieras se sumaron las deudas acumuladas durante el propio concurso. Los registros incorporados al expediente consignan un pasivo posconcursal superior a los 6.818 millones de pesos, integrado por compromisos laborales, impositivos y de servicios, entre ellos la energía eléctrica. Esa acumulación refleja las dificultades de la compañía para sostener sus operaciones mientras intentaba alcanzar una salida financiera. La situación plantea una doble preocupación: por un lado, cómo afrontar las obligaciones pendientes con los trabajadores y proveedores; por otro, cómo preservar los bienes industriales para evitar que pierdan valor antes de una eventual venta.
La principal planta de la firma está ubicada en Reconquista, Santa Fe, y se dedica a la actividad textil. La compañía también posee establecimientos de desmote de algodón en General Pinedo, Chaco, y en Banderas, Santiago del Estero. La producción en Reconquista venía desarrollándose parcialmente bajo la modalidad de trabajo a fasón, mediante la cual se realizan tareas industriales para terceros y se generan ingresos para cubrir parte de los costos operativos. Frente a la quiebra, la continuidad transitoria de las instalaciones aparece como una alternativa que la Justicia deberá evaluar, teniendo en cuenta los ingresos posibles, los gastos de funcionamiento y la cantidad de trabajadores necesarios para sostener la actividad.
El juzgado encomendó a la sindicatura analizar si resulta conveniente mantener temporalmente la explotación de la empresa mientras se prepara la venta de la compañía o de sus unidades productivas. Esa alternativa no equivale a una solución definitiva ni garantiza la conservación de todos los empleos: requerirá evaluar la viabilidad económica, los recursos disponibles, las obligaciones pendientes y las condiciones para mantener la actividad. La continuidad podría ayudar a preservar el valor de la maquinaria y las instalaciones, y facilitar una venta como unidad productiva en lugar de una liquidación individual de los bienes. También deberá determinarse cómo se distribuirán los recursos que se obtengan y qué posibilidades existen para atender los créditos laborales.
La quiebra de Algodonera Avellaneda expone las consecuencias de una crisis financiera que no logró resolverse mediante la negociación con los acreedores y deja a sus trabajadores frente a un futuro incierto. El desafío inmediato será determinar si la producción puede sostenerse mientras avanza el proceso judicial y si aparece un comprador que permita mantener parte de la actividad industrial. Para los empleados, la prioridad es conocer qué ocurrirá con sus puestos y con los salarios adeudados; para la región, está en juego la continuidad de una fuente de trabajo vinculada con la cadena algodonera. Por ahora, la posibilidad de una venta y la eventual continuidad transitoria de la planta son escenarios en evaluación, no garantías de recuperación.
Fuente: InfoGremiales
