La Fiscalía Federal y la querella solicitaron elevar a juicio la causa contra Olga Concepción Artale de Silva, de 87 años, acusada de firmar certificados médicos con información falsa que permitió inscribir a dos niñas con filiaciones biológicas inexistentes. Las denunciantes, nacidas en 1981 y 1982, buscan conocer sus orígenes y localizar a sus madres biológicas.
La Justicia Federal de Rosario recibió un pedido para elevar a juicio una causa contra una médica obstetra de 87 años, acusada de haber intervenido en la alteración de la filiación de dos mujeres mediante certificados de nacimiento con datos presuntamente falsos. La imputada, Olga Concepción Artale de Silva, está procesada por los delitos de supresión y alteración del estado civil de menores de diez años y falsedad ideológica de instrumento público. El requerimiento fue presentado por la Unidad Fiscal Rosario y la querella, luego de que quedara firme el procesamiento dictado en agosto de 2026. <Cite refs={[“turn889761search0″,”turn889761search1”]}/>
La investigación se inició a partir de las denuncias de Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos, quienes descubrieron que no eran hijas biológicas de las personas que figuraban como sus progenitores en sus partidas de nacimiento. Los expedientes comenzaron a tramitarse por separado, a partir de presentaciones realizadas en 2022 y 2023, pero fueron acumulados debido a que ambos señalaban a la misma profesional. Los nacimientos investigados fueron registrados en 1981 y 1982, y las denunciantes buscan reconstruir sus historias personales y conocer sus verdaderos orígenes.
Según la hipótesis de la Fiscalía, Artale de Silva habría extendido certificados de nacido vivo con información falsa que luego fueron utilizados para inscribir a las niñas en el Registro Civil como hijas biológicas de las familias que las criaron. En el caso de Ana Carolina Alzugaray, la documentación consignaba que había nacido el 11 de junio de 1981. La mujer creció en la localidad santafesina de Maciel y, según su relato, desde pequeña sabía que no existía un vínculo biológico con quienes figuraban como sus padres en los documentos oficiales. Sin embargo, esa circunstancia no había quedado reflejada en su partida de nacimiento.
La segunda denunciante, Romina Elisabet Lobos, descubrió ya en la adultez que tampoco era hija biológica de las personas que aparecían como sus progenitores. Su partida de nacimiento indicaba que había nacido el 5 de agosto de 1982 y consignaba una filiación que posteriormente fue cuestionada en la investigación. De acuerdo con la acusación, en ambos casos los certificados firmados por la obstetra habrían permitido formalizar inscripciones que no reflejaban el origen biológico de las mujeres. La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjeron esos hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Para avanzar en el esclarecimiento, la Justicia ordenó realizar estudios genéticos con muestras de las denunciantes y de quienes figuraban como sus progenitores. Los análisis remitidos al Banco Nacional de Datos Genéticos descartaron la existencia de un vínculo biológico entre las mujeres y las personas que las habían criado. Estos resultados aportaron evidencia para sostener la investigación sobre las filiaciones consignadas en los registros oficiales. No obstante, la responsabilidad penal de la acusada deberá resolverse en el proceso judicial, donde las pruebas serán evaluadas conforme a las garantías correspondientes.
El expediente también atravesó una discusión sobre la capacidad de la imputada para comprender el proceso judicial. En mayo de 2025, cuando fue convocada a declarar por el caso de Lobos, la médica se negó a hacerlo y alegó problemas de memoria que atribuyó a un accidente laboral anterior y a un traumatismo reciente. Una primera evaluación interdisciplinaria concluyó que presentaba un deterioro cognitivo que le impedía comprender el trámite. La querella cuestionó ese informe porque no precisaba si el cuadro era transitorio o permanente, por lo que el juzgado ordenó una nueva evaluación.
En marzo de 2026, un segundo examen determinó que la profesional presentaba un deterioro cognitivo leve, pero conservaba las condiciones necesarias para comprender la causa penal. El juzgado reanudó entonces el trámite y recibió su declaración indagatoria por el caso de Alzugaray el 2 de julio. El 3 de agosto, el juez federal Carlos Vera Barros dictó el procesamiento sin prisión preventiva por los delitos investigados. La medida implica que existen elementos suficientes para continuar el proceso en esa etapa, pero no equivale a una condena ni determina por anticipado el resultado de un eventual juicio oral.
Mientras avanza el expediente, la Unidad Fiscal Rosario solicitó la colaboración de la población para identificar o localizar a las posibles madres biológicas de ambas mujeres. La convocatoria está dirigida especialmente a personas que hayan dado a luz en fechas cercanas a las consignadas en las partidas de nacimiento y que puedan aportar información relevante. Quienes tengan datos pueden comunicarse con el Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario al teléfono 341-2859127 o al correo atencionvictimas-ros@mpf.gov.ar. Para las denunciantes, la búsqueda de sus orígenes continúa siendo una parte central de un proceso que combina la investigación penal con el derecho a la identidad.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
