Un artículo del diario estadounidense puso bajo la lupa la estrategia del Gobierno argentino para atraer inversiones tecnológicas mediante una política de mínima intervención estatal. El caso de una influencer creada con inteligencia artificial que engañó a Santiago Oría, asesor audiovisual de Javier Milei, expuso los riesgos de la desinformación y abrió interrogantes sobre los límites de estas herramientas.
La política del presidente Javier Milei para convertir a la Argentina en un destino atractivo para las inversiones vinculadas con la inteligencia artificial quedó bajo análisis del diario estadounidense The New York Times. En una publicación de septiembre, los periodistas Emma Bubola y Daniel Politi examinaron la decisión del Gobierno de comprometerse a no regular preventivamente esta tecnología y plantearon interrogantes sobre las consecuencias que puede tener un esquema con escasos controles anticipados. El debate se desarrolla mientras distintos países buscan establecer reglas para enfrentar los riesgos asociados con los contenidos sintéticos, la desinformación y el uso de sistemas automatizados.
Uno de los episodios centrales del artículo tuvo como protagonista a Santiago Oría, responsable de la comunicación audiovisual del Presidente y parte de su entorno político. Oría había visto en Instagram los videos de Lucía Libertaria, una supuesta joven militante oficialista que difundía argumentos favorables al Gobierno. El personaje tenía una apariencia convincente y se expresaba con soltura, al punto de captar la atención del asesor presidencial. Según la reconstrucción publicada por el diario estadounidense, Oría llegó a proponer que la influencer tuviera mayor protagonismo en la comunicación política, sin advertir inicialmente que no se trataba de una persona real.
La sorpresa llegó cuando se conoció que Lucía Libertaria había sido creada íntegramente mediante inteligencia artificial. Al descubrirlo, Oría perdió el interés en el personaje, pero relativizó las implicancias del episodio. Según el artículo, consideró que el engaño era inofensivo y que no tenía nada de dañino. La anécdota fue utilizada por los periodistas como ejemplo de la dificultad creciente para distinguir entre personas reales y figuras generadas digitalmente. También puso en evidencia que la capacidad de producir imágenes, videos y mensajes convincentes ya no está restringida a grandes empresas tecnológicas, sino que puede estar al alcance de usuarios y organizaciones con recursos relativamente accesibles.
La discusión se conecta con la posición expresada por Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Durante su intervención, el mandatario afirmó que la Argentina buscaría ubicarse a la vanguardia de la inteligencia artificial y asumió el compromiso de no regularla de manera preventiva. El Presidente defendió la libertad de innovación y sostuvo que el mercado debe tener un papel central en la búsqueda de soluciones frente a los cambios tecnológicos. Su planteo incluye la intención de establecer condiciones favorables para las empresas del sector, con incentivos fiscales y un marco de responsabilidad limitada para determinados desarrollos.
La estrategia oficial parte de la premisa de que una menor intervención estatal puede darle al país una ventaja competitiva para atraer inversiones en infraestructura digital, centros de datos y servicios vinculados con la inteligencia artificial. El Gobierno también busca aprovechar recursos energéticos, minerales críticos y capacidades profesionales para integrarse a las cadenas globales de valor. Desde esa perspectiva, Milei presenta la tecnología como una oportunidad para impulsar nuevas actividades económicas y posicionar a la Argentina en un mercado internacional que concentra inversiones de gran escala. Sin embargo, el atractivo de un marco regulatorio flexible no garantiza por sí solo que esas inversiones se concreten ni que sus beneficios se distribuyan ampliamente en la economía local.
El artículo del New York Times también introduce interrogantes sobre la infraestructura necesaria para sostener ese proyecto. La instalación de grandes centros de datos requiere inversiones importantes en energía eléctrica, redes de transmisión, conectividad y equipamiento. El diario señaló que la Argentina enfrenta una competencia regional con países como Brasil y Chile, que cuentan con avances en el desarrollo de infraestructura para servicios digitales. A eso se suman desafíos relacionados con el financiamiento, los costos operativos y la capacidad de garantizar un suministro energético confiable. La discusión, por lo tanto, no se limita a decidir cuánto regular, sino también a establecer qué condiciones materiales necesita el país para competir por proyectos tecnológicos de gran escala.
Otro antecedente mencionado en la cobertura fue la circulación de videos generados mediante inteligencia artificial durante una contienda electoral local. En esas piezas aparecía falsamente un candidato opositor anunciando que abandonaba la competencia y convocando a votar por el postulante respaldado por Milei. Según la reconstrucción periodística, el Presidente no había publicado personalmente esos contenidos, pero defendió su circulación como parte de la libertad de expresión y rechazó la idea de establecer sanciones específicas. El episodio muestra una de las principales preocupaciones sobre el uso político de la IA: la posibilidad de fabricar declaraciones o escenas falsas que puedan confundir a los votantes, especialmente cuando se difunden masivamente en redes sociales y resulta difícil verificar su autenticidad.
El debate enfrenta dos objetivos que no necesariamente son incompatibles, pero que requieren decisiones concretas: promover la innovación y las inversiones, por un lado, y prevenir daños derivados de la manipulación digital, por el otro. La postura de Milei privilegia la libertad de desarrollo y rechaza los controles preventivos generales; las advertencias recogidas por el diario estadounidense apuntan a los riesgos que pueden surgir cuando los contenidos generados por IA se utilizan para engañar, desinformar o influir en procesos políticos. La experiencia de Lucía Libertaria no demuestra por sí sola que la política oficial vaya a producir esos daños, pero ilustra la dificultad de reconocer identidades sintéticas y la necesidad de discutir mecanismos de transparencia y responsabilidad. La cuestión de fondo será cómo aprovechar las oportunidades económicas de la inteligencia artificial sin dejar sin respuesta sus posibles consecuencias sociales, políticas y legales.
Fuente: El Destape
