El Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a ubicar al país en la categoría Tier 1 de su informe 2026, el nivel más alto de evaluación. El documento destacó el aumento de las condenas, las investigaciones criminales y los protocolos de detección de posibles víctimas, aunque también advirtió sobre nuevos desafíos vinculados con la explotación digital y las redes de captación.
Argentina volvió a integrar la categoría Tier 1 del Trafficking in Persons Report 2026, el informe anual elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para evaluar los esfuerzos de los gobiernos en la prevención y el combate de la trata de personas. La clasificación, difundida el 13 de octubre, representa el nivel más alto del sistema de evaluación internacional y reconoce que el país cumple con los estándares mínimos establecidos por la legislación estadounidense para enfrentar este delito. El resultado fue celebrado por las autoridades nacionales, que destacaron la continuidad de las políticas de investigación, prevención y asistencia a las víctimas.
El informe analiza las medidas adoptadas durante el período evaluado, correspondiente a 2025, y considera distintos aspectos de la respuesta estatal: la persecución penal de las organizaciones criminales, la identificación de víctimas, la coordinación entre organismos y la asistencia destinada a las personas sometidas a explotación. Mantenerse en el nivel más alto supone que el país cumple con los estándares mínimos establecidos para combatir la trata, pero no significa que el delito haya sido erradicado ni que no existan deficiencias. La evaluación internacional funciona como un indicador de los esfuerzos institucionales y debe leerse junto con los desafíos que todavía enfrenta el sistema de protección.
Entre los aspectos destacados aparece el incremento de las condenas contra responsables de trata de personas. De acuerdo con la información oficial difundida por el Gobierno argentino sobre el reporte, las condenas aumentaron un 34,5%. El documento también consignó 1.910 investigaciones registradas durante 2025 en el Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas (SISTRATA). Estas cifras dan cuenta de la actividad de los organismos encargados de investigar y perseguir penalmente el delito, aunque por sí solas no permiten establecer la magnitud total de la trata en el país ni conocer cuántas víctimas continúan fuera del alcance de las autoridades.
Otro de los puntos señalados fue el fortalecimiento de las capacidades de investigación criminal. El reporte mencionó la creación de la Oficina Federal de Investigaciones en el ámbito de la Policía Federal Argentina, orientada a mejorar la capacidad de respuesta frente a organizaciones delictivas complejas. La trata puede estar conectada con otras actividades criminales, como el lavado de activos y las redes transnacionales, por lo que la investigación requiere coordinación entre distintas áreas del Estado. La formación especializada en evidencia digital, explotación laboral y operaciones internacionales también aparece como una herramienta relevante para identificar estructuras de captación y explotación que operan más allá de una sola jurisdicción.
La prevención y la detección temprana de posibles víctimas constituyen otro eje de la evaluación. El informe destacó protocolos destinados a reconocer situaciones de explotación en pasos fronterizos y en buques pesqueros extranjeros, ámbitos en los que las condiciones de aislamiento o dependencia pueden dificultar que las víctimas pidan ayuda. También se mencionaron acciones de capacitación dirigidas a fuerzas de seguridad, personal judicial, trabajadores de la salud, docentes, transportistas y otros actores que pueden detectar señales de alerta. La identificación oportuna resulta fundamental porque muchas personas sometidas a explotación no se reconocen como víctimas, temen represalias o dependen económicamente de quienes las someten.
En materia de asistencia, el reporte describió medidas vinculadas con el alojamiento, la atención médica, el asesoramiento legal, la asistencia psicológica y la repatriación cuando corresponde. También se refirió a programas de restitución de derechos y reparación integral, destinados a acompañar a las personas afectadas durante y después del proceso judicial. La protección efectiva exige mucho más que el rescate de una situación de explotación: requiere alternativas habitacionales, ingresos, acceso a la salud, acompañamiento sostenido y herramientas para reconstruir un proyecto de vida. La continuidad y la cobertura de esos servicios son factores centrales para evitar que las víctimas vuelvan a quedar expuestas a redes de explotación.
A pesar de la evaluación favorable, el informe advierte sobre modalidades delictivas que plantean nuevas dificultades. Entre ellas aparecen la captación a través de redes sociales, la explotación sexual facilitada por plataformas digitales y el uso de criptomonedas para mover ganancias ilícitas. También se mencionan riesgos asociados con acuerdos de maternidad subrogada cuando pueden involucrar a mujeres en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Estas alertas reflejan que las estrategias de prevención y persecución penal deben adaptarse a mecanismos de captación y explotación que pueden desarrollarse en entornos digitales y cruzar fronteras. La respuesta estatal necesita combinar investigación tecnológica, cooperación internacional y protección de derechos.
La permanencia de Argentina en la categoría Tier 1 constituye un reconocimiento a los esfuerzos institucionales consignados por el informe, pero también plantea la responsabilidad de sostener y profundizar las políticas públicas. La trata de personas es una forma grave de explotación que afecta la libertad, la dignidad y los derechos fundamentales, y su combate requiere coordinación entre organismos nacionales y provinciales, la Justicia, las fuerzas de seguridad y las organizaciones especializadas. El desafío no se limita a obtener una calificación internacional favorable: consiste en traducir las medidas de prevención, investigación y asistencia en resultados concretos para las víctimas y en una reducción efectiva de las redes criminales.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
