La Justicia de Misiones decretó la quiebra de Linor SRL, una empresa forestoindustrial con planta en Azara que llegó a emplear a 300 personas y abastecía a grandes compañías. La firma había cerrado en mayo y despedido a 130 operarios. Ahora, la resolución judicial ordena incautar sus bienes, bloquear sus cuentas y restringir la salida del país de su socio gerente, mientras avanzan los reclamos por haberes e indemnizaciones adeudadas.
La Justicia de Misiones decretó la quiebra de Linor SRL, uno de los principales fabricantes de pallets de madera del país. La decisión fue tomada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 8 de Posadas, a cargo de la jueza Adriana Beatriz Fiori, después de constatar el incumplimiento de un acuerdo preventivo homologado. La resolución abre una nueva etapa judicial para determinar el patrimonio disponible, establecer las obligaciones pendientes y avanzar en el proceso de liquidación de la compañía, cuyo establecimiento industrial se encontraba en la localidad de Azara, al sur de la provincia.
La quiebra se produjo cinco meses después del cierre de la planta y del despido de 130 trabajadores. La empresa, que tenía alrededor de 27 años de trayectoria en el sector forestoindustrial, había llegado a contar con unos 300 empleados durante su período de mayor actividad. Su producción estaba centrada en pallets y tarimas de madera utilizados para almacenar y transportar mercaderías, insumos esenciales para la logística de numerosas actividades industriales y comerciales. La caída de Linor representa un nuevo golpe para el empleo en Misiones, una provincia donde la industria maderera tiene un peso importante en la economía regional.
Entre las medidas dispuestas por la Justicia se encuentra la incautación de inmuebles, instalaciones, maquinaria, vehículos y documentación comercial, contable y laboral. También se ordenó la inhibición general de bienes de la sociedad y el bloqueo de sus cuentas bancarias, depósitos y valores para preservar los activos durante el proceso. El socio gerente y fundador de la compañía, Juan Carlos Lorenzo, tiene prohibido salir del país hasta la presentación del informe general sobre la situación patrimonial de Linor. Además, los administradores fueron intimados a entregar los libros y registros correspondientes en un plazo de 48 horas, según la resolución judicial difundida por El Destape.
La crisis financiera de la firma se profundizó por la acumulación de obligaciones y las dificultades para sostener el funcionamiento de la planta. Entre los principales pasivos figuraba una deuda fiscal cercana a los 500 millones de pesos con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), originada en 2024. Los embargos sobre cuentas bancarias redujeron la disponibilidad de fondos para afrontar el pago de salarios y la compra de insumos. A esto se sumaron compromisos con la distribuidora eléctrica y la caída de la demanda, que afectó la actividad de la empresa. Pese a contar con una cartera de clientes que incluía a compañías como Arcor, Loma Negra, Ledesma, Quilmes y Papel Misionero, Linor no logró superar sus dificultades económicas.
Antes de detener la producción, la empresa había adelantado las vacaciones de sus 130 operarios. El conflicto laboral se agravó por las demoras salariales y la incertidumbre sobre la continuidad de los puestos de trabajo. Desde el Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas, su secretario general, Agustín Báez, había denunciado irregularidades administrativas y cuestionado la situación de la planta. Según las denuncias gremiales, los trabajadores llegaron a aceptar una reducción salarial del 20% con la expectativa de sostener las fuentes laborales, pero finalmente se produjo el cierre definitivo.
Después de la paralización, los operarios realizaron guardias en los accesos al establecimiento ante el temor de que se retirara maquinaria antes de resolver la situación patrimonial. Los reclamos incluyen al menos dos meses de salarios adeudados, vacaciones, aportes vinculados con la obra social e indemnizaciones. La quiebra abre ahora un procedimiento para determinar qué bienes pueden destinarse al pago de los acreedores y cómo se reconocerán las obligaciones laborales. La existencia de activos no garantiza que todos los créditos puedan cobrarse en su totalidad: el resultado dependerá de la valuación del patrimonio, las deudas reconocidas y las prioridades legales aplicables.
Uno de los pasos previstos es la elaboración de un informe individualizado de los 130 trabajadores despedidos. Ese documento deberá registrar las fechas de ingreso y desvinculación, las remuneraciones pendientes y las indemnizaciones correspondientes, además de clasificar los créditos laborales. Según la información publicada, el plazo previsto para presentar el informe es de 30 días desde la incautación de los libros de la empresa. La documentación será relevante para establecer las acreencias de cada trabajador dentro del proceso judicial y determinar qué montos podrán reclamarse con cargo al patrimonio de la firma.
El caso de Linor se inscribe en las dificultades que atraviesa la cadena forestoindustrial de Misiones y Corrientes. Representantes sectoriales vienen advirtiendo sobre la caída de la actividad de la construcción y del consumo interno, dos fuentes de demanda para la industria maderera, además de los elevados costos logísticos que afectan la competitividad exportadora. En particular, el transporte terrestre hasta los puertos puede encarecer las operaciones de las empresas regionales. Si bien esos factores ayudan a explicar el contexto económico, la quiebra de Linor también estuvo vinculada con sus deudas y el incumplimiento del acuerdo preventivo. El desenlace deja a 130 familias a la espera de una respuesta judicial sobre sus salarios e indemnizaciones y vuelve a poner en discusión la continuidad del empleo industrial.
Fuente: El Destape; La Nación; TN; Infobae.
