El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el presidente de la AFA. Busca determinar el origen de un depósito en efectivo de US$ 620.000 y esclarecer tres transferencias de la FIFA por casi US$ 190.000, además de investigar movimientos de dinero provenientes del Sindicato de Camioneros.
La Justicia federal amplió la investigación patrimonial sobre Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a partir de una serie de movimientos bancarios cuyo origen y justificación se busca establecer. El fiscal Gerardo Pollicita presentó un pedido ante el juez Ariel Lijo para avanzar con nuevas medidas de prueba en el expediente por presunto enriquecimiento ilícito. Entre los elementos que quedaron bajo análisis figuran un depósito en efectivo de 620.000 dólares, transferencias internacionales provenientes de la FIFA y acreditaciones vinculadas con el Sindicato de Choferes de Camiones. La investigación apunta a determinar si esos movimientos se corresponden con los ingresos declarados por el dirigente.
Uno de los puntos centrales del expediente es un depósito de US$ 620.000 realizado el 12 de febrero de 2019 en una caja de ahorro en dólares de Tapia en el Banco Credicoop. Según la documentación bancaria incorporada a la causa, ese mismo día Paola Moyano, exesposa del titular de la AFA e hija del dirigente sindical Hugo Moyano, fue incorporada como firmante de esa cuenta y de una cuenta corriente en pesos. También se registró la apertura de una caja de seguridad en una sucursal del mismo banco, de la que ambos figuraban como cotitulares. La Fiscalía busca reconstruir el origen de los fondos y establecer el motivo de las operaciones.
Otro de los ejes de la investigación son tres transferencias de la FIFA que suman aproximadamente US$ 189.577. Pollicita solicitó que el organismo internacional informe el concepto de esos pagos, las funciones o actividades que los habrían originado y las cuentas bancarias de destino. Para obtener la documentación, pidió tramitar un exhorto internacional a Suiza, donde tiene su sede la FIFA. El fiscal también requirió información sobre la totalidad de los honorarios, dietas, viáticos y otras sumas que el organismo pudiera haber abonado a Tapia desde 2016. La intención es contrastar los movimientos bancarios con la información patrimonial incorporada al expediente.
La investigación incluye, además, movimientos de dinero relacionados con el Sindicato de Choferes de Camiones. El fiscal pidió explicaciones sobre 37 acreditaciones que, de acuerdo con la información publicada por medios nacionales, totalizaron US$ 1.494.678 entre 2016 y 2019. La Fiscalía busca conocer los motivos de esos depósitos, su naturaleza y la relación que tuvieron con las actividades del presidente de la AFA. La existencia de transferencias o acreditaciones, por sí sola, no demuestra una conducta delictiva: el objetivo de las medidas es determinar su origen, su justificación y si fueron correctamente reflejadas en las declaraciones patrimoniales correspondientes.
En el expediente también se analiza la evolución de los bienes declarados por Tapia durante su desempeño al frente de la AFA. Según la denuncia que dio origen a la causa, su patrimonio habría registrado un incremento cercano al 1.000% entre 2017 y 2024. Esa cifra forma parte de los elementos denunciados y deberá ser examinada a partir de documentación contable, fiscal y bancaria. La investigación judicial busca establecer si existe una diferencia injustificada entre los ingresos del dirigente y el crecimiento de sus activos. No se trata de una conclusión definitiva ni de una condena, sino de una hipótesis que debe ser contrastada con pruebas.
Como parte de las medidas solicitadas, Pollicita pidió ampliar el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero a Paola Moyano, debido a que parte de los bienes incluidos en las declaraciones patrimoniales de Tapia tendrían carácter ganancial. La medida permitiría revisar información económica relevante para reconstruir las operaciones y determinar la titularidad de los activos. El juez ya había dispuesto el levantamiento de esos secretos respecto del presidente de la AFA para el período comprendido entre 2016 y la actualidad. La extensión a su exesposa apunta a completar el análisis patrimonial y no constituye, por sí misma, una atribución de responsabilidad penal.
Las nuevas diligencias se inscriben en una causa que requiere examinar documentación de distintas entidades financieras, organismos fiscales y organizaciones deportivas. La información solicitada a la FIFA deberá permitir identificar los conceptos de los pagos, mientras que los registros bancarios y sindicales ayudarán a reconstruir las acreditaciones investigadas. Una vez reunidos esos elementos, la Fiscalía podrá evaluar si los movimientos cuentan con respaldo documental y si se corresponden con los ingresos declarados. La investigación todavía debe atravesar distintas etapas procesales y las medidas requeridas no equivalen a una determinación judicial de culpabilidad.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio judicial las finanzas del máximo dirigente del fútbol argentino, en un contexto de atención pública sobre la administración de la AFA y los vínculos económicos de sus autoridades. Por ahora, el eje del expediente está puesto en esclarecer el origen de los US$ 620.000 depositados en efectivo, las transferencias de la FIFA por casi US$ 190.000 y los movimientos atribuidos al Sindicato de Camioneros. El avance de la causa dependerá de la documentación que reciban los investigadores y de la evaluación que realice el juez sobre las pruebas reunidas. Hasta que exista una resolución judicial, los hechos investigados deben presentarse como presuntas irregularidades y no como delitos comprobados.
Fuente: La Política Online; La Nación; TN.
