La Cámara de Diputados comenzó el debate en comisión del proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno de Javier Milei. La oposición exige aumentar las partidas para las universidades nacionales, cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y revisar los recortes previstos en discapacidad. El oficialismo necesita negociar con bloques aliados y gobernadores para reunir los votos necesarios.
El proyecto de Presupuesto 2027 comenzó a debatirse este martes 13 de octubre en la Cámara de Diputados, con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La iniciativa del Gobierno nacional tiene como ejes centrales el equilibrio fiscal y la continuidad de su política de reducción del gasto público. Sin embargo, el tratamiento parlamentario abrió una discusión sobre los recursos destinados a educación superior, discapacidad, obras públicas y sistemas previsionales provinciales, áreas en las que distintos sectores reclaman modificaciones.
La Libertad Avanza cuenta con 93 diputados y necesita reunir al menos 129 legisladores para alcanzar el quórum en el recinto. Por esa razón, el oficialismo deberá negociar con fuerzas aliadas y bloques dialoguistas, además de mantener conversaciones con los gobernadores. Aunque el Gobierno busca sostener los lineamientos generales de su programa económico, las partidas presupuestarias para universidades y discapacidad se convirtieron en algunos de los principales puntos de conflicto durante las conversaciones previas al debate.
Uno de los reclamos centrales está vinculado con la Ley de Financiamiento Universitario, identificada como Ley 27.795. Los bloques opositores sostienen que el proyecto presupuestario no contempla los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento. Según los datos difundidos durante la discusión, el Gobierno prevé destinar alrededor de $7,7 billones a las universidades nacionales, mientras que los rectores reclaman unos $11 billones para cubrir las necesidades del sistema. La diferencia entre ambas cifras se convirtió en uno de los principales argumentos para solicitar una reformulación del proyecto.
El diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel informó que su bloque envió una nota al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, para reclamar que el Poder Ejecutivo garantice el cumplimiento de un reciente fallo judicial y de la legislación vigente sobre financiamiento universitario. La propuesta del espacio consiste en incrementar las partidas destinadas a las universidades y compensar ese aumento mediante una reducción de los recursos previstos en la Jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro. Según el planteo opositor, la modificación permitiría financiar las necesidades universitarias sin alterar el resultado financiero proyectado para 2027.
El reclamo por la educación superior no proviene exclusivamente de Unión por la Patria. También hay cuestionamientos de sectores de la Unión Cívica Radical, Provincias Unidas y Argentina Federal, cuyos legisladores plantean la necesidad de revisar los montos destinados a las universidades. Esta coincidencia parcial entre bloques opositores y sectores que habitualmente negocian con el oficialismo podría influir en las conversaciones parlamentarias. De todos modos, las posiciones sobre el financiamiento y las condiciones para acompañar el Presupuesto deberán definirse durante el tratamiento legislativo.
La discapacidad constituye otro punto sensible de la discusión. Distintos bloques reclaman que se revisen las reducciones presupuestarias previstas para las prestaciones y programas destinados a las personas con discapacidad. En este terreno, la controversia involucra tanto la asignación de recursos como el cumplimiento de las normas vigentes y de las decisiones judiciales relacionadas con la materia. Las organizaciones del sector, las familias y los prestadores dependen de un financiamiento que permita sostener tratamientos, servicios y apoyos, por lo que las partidas presupuestarias pueden tener consecuencias directas sobre la continuidad de esas prestaciones.
El debate también incluye los pedidos de las provincias para obtener recursos destinados a obras públicas y al financiamiento de sus cajas jubilatorias. Estos reclamos se suman a las obligaciones previsionales y sociales que absorben una parte importante del gasto estatal. Según las estimaciones mencionadas durante la discusión presupuestaria, el impacto fiscal de los cambios reclamados en materia de discapacidad podría rondar los $600.000 millones para 2027, aunque la cifra está vinculada a las alternativas que se evalúan y no representa una modificación ya aprobada. La negociación deberá definir si esos recursos se incorporan y de qué manera se financiarían.
La discusión del Presupuesto 2027 será una instancia clave para conocer hasta dónde está dispuesto a modificar el Gobierno su propuesta original y qué acuerdos puede construir con los distintos bloques. El resultado tendrá implicancias para las universidades nacionales, las políticas de discapacidad, las provincias y la planificación de los gastos públicos del próximo año. Por ahora, los reclamos opositores están planteados y el proyecto continúa en tratamiento: las partidas definitivas dependerán del avance de las negociaciones, las modificaciones que se incorporen y la votación que finalmente se realice en el Congreso.
