El pronunciamiento de gremios estatales de Córdoba encendió una nueva alarma sobre la política laboral del Gobierno provincial. Denuncian que la Resolución 589 excluye a ADEME de las licencias gremiales, cuestionan el trato desigual y advierten sobre una posible vulneración de la libertad sindical. El conflicto vuelve a poner bajo la lupa la relación entre la administración de Martín Llaryora y las organizaciones que representan a los trabajadores de la educación.
La tensión entre el Gobierno de Córdoba y el sindicalismo estatal suma un nuevo capítulo. Esta vez, el foco está puesto en la Asociación de Docentes de Enseñanza Media, Especial y Superior (ADEME), que quedó en el centro de un pronunciamiento colectivo de gremios estatales fechado el 13 de octubre. Las organizaciones denunciaron que el Ejecutivo provincial, mediante la Resolución 589, excluyó al sindicato del otorgamiento de licencias gremiales y exigieron que la decisión sea rectificada. El planteo no es menor: los firmantes sostienen que la medida afecta la representación de los trabajadores y pone en discusión el respeto por derechos sindicales reconocidos en la legislación vigente.
El cuestionamiento apunta directamente a una decisión administrativa que, según el documento, se tomó sin explicar los motivos de la exclusión. «Esta medida implica un trato desigual entre organizaciones gremiales», advierte el pronunciamiento. La denuncia abre un interrogante político e institucional que el Gobierno debería responder: ¿cuáles son los fundamentos para excluir a ADEME de un régimen de licencias que, según los sindicatos, se venía aplicando desde hace años? Hasta el momento, en las fuentes públicas consultadas para esta nota no encontramos una explicación oficial específica sobre la Resolución 589. Por eso, conocer los argumentos de la Provincia resulta indispensable para determinar el alcance y la justificación de la medida.
El documento recuerda que ADEME cuenta con personería gremial desde 1964 y sostiene que el reconocimiento de las licencias se mantenía desde 2009. Sobre esa base, las organizaciones firmantes consideran que la decisión rompe con un criterio que el propio Estado provincial había aplicado anteriormente. La discusión no se limita, entonces, a la continuidad de una autorización administrativa: involucra el reconocimiento efectivo de una organización sindical y su capacidad para sostener las tareas de representación de sus afiliados. La personería gremial, por sí sola, no resuelve todas las condiciones administrativas para acceder a cada licencia, pero constituye un elemento central del planteo que ahora deberá analizarse junto con la normativa aplicable y los fundamentos oficiales.
Uno de los argumentos jurídicos más importantes aparece en el artículo 17 de la Ley provincial 4.356, que contempla licencias con goce de haberes para dirigentes gremiales durante el ejercicio de sus cargos, bajo las condiciones previstas por la norma. El pronunciamiento también invoca el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la Ley 23.551 de asociaciones sindicales y los Convenios 87 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo. Con esos instrumentos, los gremios sostienen que la exclusión afecta la libertad sindical. La cuestión jurídica central será establecer cómo se aplican esas disposiciones al caso concreto, cuáles son los requisitos administrativos correspondientes y si la Resolución 589 ofrece fundamentos suficientes para justificar el tratamiento cuestionado.
El reclamo adquiere mayor dimensión cuando los firmantes vinculan las licencias con las suplencias necesarias para sostener la representación docente. El pronunciamiento exige que ambas sean renovadas para evitar que «la representación docente y las escuelas no queden desprotegidas». Ese planteo pone sobre la mesa una consecuencia que excede la interna entre el Gobierno y una organización: la posibilidad de que las decisiones administrativas repercutan en la organización cotidiana de la representación sindical y en las condiciones necesarias para que los docentes ejerzan sus derechos. Sin embargo, el documento no detalla cuántas licencias están involucradas, qué suplencias fueron afectadas ni cuáles son las escuelas alcanzadas. Esos datos serán determinantes para dimensionar el impacto concreto del conflicto.
El caso tampoco aparece en un escenario de absoluta tranquilidad sindical. En agosto de 2026, la prensa vinculada a la izquierda docente informó sobre una disputa judicial por la reducción de licencias gremiales de UEPC Capital y sobre un compromiso de restitución parcial alcanzado durante una audiencia. Se trata de un conflicto diferente, con sus propios actores y antecedentes, pero que muestra que el otorgamiento y la distribución de licencias sindicales ya formaban parte de una controversia en el ámbito educativo cordobés. No corresponde afirmar que ambos casos respondan a una misma estrategia sin pruebas que lo acrediten. Sí resulta pertinente preguntarse qué criterios utiliza el Gobierno provincial para resolver estas situaciones y qué garantías existen para evitar decisiones arbitrarias o tratamientos desiguales entre organizaciones.
ADEME se presenta institucionalmente como la Asociación de Docentes de Enseñanza Media, Especial y Superior y reivindica su trayectoria en la defensa de los derechos de quienes trabajan en educación. En antecedentes públicos, su secretaria general, Teresa Gualda, participó de pronunciamientos conjuntos con otros sindicatos docentes para reclamar por las condiciones laborales y la situación educativa. No encontramos, sin embargo, declaraciones directas y verificables de Gualda sobre la Resolución 589 en las fuentes consultadas. Por esa razón, no corresponde atribuirle frases ni posiciones específicas sobre este episodio que no hayan sido publicadas o confirmadas. La palabra de las autoridades de ADEME será fundamental para conocer si impulsarán medidas administrativas, acciones judiciales o nuevas iniciativas gremiales frente a la decisión provincial.
El mensaje político de los gremios estatales es inequívoco: exigen que el Ejecutivo rectifique la exclusión y renueve las licencias y las suplencias. La controversia obliga a poner el foco sobre una cuestión esencial para la vida democrática: la libertad sindical no puede quedar reducida a un reconocimiento formal si las organizaciones no cuentan con condiciones efectivas para ejercer su representación. Pero también exige respuestas documentadas, transparencia administrativa y el conocimiento de los fundamentos de ambas partes. La pelota está ahora en la cancha del Gobierno provincial, que debe explicar por qué se adoptó la medida cuestionada. Mientras tanto, el pronunciamiento deja planteado un conflicto que puede escalar si no hay una respuesta satisfactoria para ADEME y los gremios que respaldan su reclamo.
Fuentes consultadas: Pronunciamiento de Gremios Estatales de Córdoba, fechado el 13 de octubre de 2026; Ley provincial 4.356, artículo 17; sitio institucional de ADEME; antecedentes periodísticos sobre el conflicto por las licencias gremiales de UEPC Capital publicados en agosto de 2026.
