Martín Menem puso en marcha las negociaciones para conseguir los votos que necesita el oficialismo en Diputados. Los bloques aliados reclamaron fondos para universidades, discapacidad y obras provinciales, mientras la Casa Rosada busca aprovechar el debate presupuestario para avanzar también con la reforma política y la eliminación de las PASO.
El Gobierno de Javier Milei comenzó a mover sus piezas en el Congreso para intentar garantizar la aprobación del Presupuesto 2027, una discusión que promete convertirse en una negociación política de alto voltaje. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, activó las conversaciones con los bloques que suelen acompañar las iniciativas oficiales, mientras la Casa Rosada busca reunir los votos necesarios para sostener su hoja de ruta económica y legislativa. La discusión no se limita a los números del próximo año: también expone las demandas de las provincias y las condiciones que los aliados parlamentarios empiezan a poner sobre la mesa.
El próximo paso previsto es la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que recibirá al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para explicar los aspectos técnicos del proyecto. La estrategia oficial apunta a concentrar inicialmente el debate en el funcionario económico, sin exponer directamente al presidente Milei ni al ministro Luis Caputo a los cruces que podrían surgir durante las primeras reuniones. Sin embargo, el comienzo de las conversaciones ya dejó en evidencia que los bloques dialoguistas no están dispuestos a otorgar un respaldo automático y pretenden discutir partidas que consideran fundamentales para sus distritos y sectores sociales.
En una reunión reservada encabezada por Menem, representantes del PRO, la UCR, el MID y otros espacios aliados acercaron una serie de planteos al oficialismo. Entre las principales demandas aparecen recursos para las universidades públicas, partidas destinadas a la emergencia en discapacidad y financiamiento para obras provinciales que permanecen frenadas. Estos reclamos muestran que, aun entre sectores que acompañaron buena parte de la agenda libertaria, existen diferencias sobre la distribución de los recursos y el alcance del ajuste que propone el Ejecutivo para el próximo ejercicio.
Las tensiones también se trasladaron a la discusión técnica del proyecto. Según informó Página/12, el diputado radical Lisandro Nieri cuestionó la ejecución de las partidas educativas y confrontó con Guberman por lo que consideró una subejecución de esos recursos. La diputada Karina Maureira, vinculada al gobernador neuquino Rolando Figueroa, planteó además sus objeciones al tratamiento presupuestario de la discapacidad. En ambos casos, las respuestas del funcionario no despejaron por completo las dudas de los legisladores, que buscan compromisos más concretos antes de definir su posición durante el tratamiento parlamentario.
Otro de los puntos de conflicto es la intención del Ejecutivo de modificar el mecanismo de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares. De acuerdo con la cobertura de Página/12, el proyecto busca reemplazar la actualización vinculada a la inflación por aumentos sujetos a decisiones del Gobierno. Guberman habría mantenido esa orientación durante las conversaciones, aunque se comprometió a evaluar que la prestación cubra el costo de la canasta alimentaria. La discusión abre interrogantes sobre el poder adquisitivo de las prestaciones sociales y sobre cuánto margen de decisión quedaría en manos de la administración nacional.
Las provincias, por su parte, quieren conocer con mayor precisión qué recursos recibirán durante 2027, bajo qué mecanismos se distribuirán y cuáles quedarán garantizados por ley. La preocupación incluye las transferencias nacionales, las obras públicas, las deudas vinculadas con las cajas previsionales y el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional. Según los datos citados por La Nación al analizar el proyecto, las transferencias automáticas a las provincias tendrían un incremento real del 7,5%, mientras que las transferencias de capital registrarían una caída del 20%. El contraste alimenta las críticas de los gobernadores, que reclaman previsibilidad para sostener obras y servicios en sus territorios.
Pero el oficialismo pretende que la negociación presupuestaria funcione también como plataforma para impulsar otros proyectos. Entre los objetivos mencionados figuran la reforma política, cambios vinculados con la propiedad privada, una iniciativa relacionada con Malvinas y la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La Casa Rosada necesita construir acuerdos con gobernadores y legisladores para avanzar con esa agenda, aunque varios mandatarios preferirían postergar la discusión electoral hasta febrero para evitar que las disputas nacionales interfieran en sus propios equilibrios políticos provinciales. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aparece como uno de los principales articuladores de las conversaciones con las provincias.
El debate del Presupuesto 2027 será, por lo tanto, una prueba para la capacidad del Gobierno de sostener su programa económico y, al mismo tiempo, mantener el respaldo de sus aliados. La discusión avanzará durante las próximas semanas y el cronograma difundido por Página/12 contempla la posibilidad de llevar el proyecto al recinto el 17 de noviembre. Antes de esa instancia, el oficialismo deberá responder a los reclamos por educación, discapacidad, asignaciones sociales y obras provinciales, mientras negocia apoyos para otras reformas. La incógnita no es solamente cuántos votos podrá reunir Milei, sino qué compromisos deberá asumir para conseguirlos y qué partidas terminarán modificándose durante el debate legislativo.
Fuente: Minuto Uno
