El subsecretario de Políticas Universitarias cuestionó la protesta realizada en el Palacio Pizzurno y acusó a los manifestantes de buscar “un hecho revolucionario” para que caiga el Gobierno. Los estudiantes reclamaban por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y otras demandas vinculadas con la educación pública.
El conflicto entre el Gobierno nacional y el movimiento universitario volvió a escalar después de la protesta realizada el miércoles en la sede de la Secretaría de Educación, en el Palacio Pizzurno. La manifestación tuvo como eje el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y se produjo en un contexto de fuerte tensión entre el Ejecutivo y las universidades públicas. Tras la protesta y el posterior desalojo policial, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, salió a cuestionar duramente a los participantes y sostuvo que detrás de la movilización existe una intención política de confrontar con el Gobierno.
Álvarez afirmó que los manifestantes “viven una fantasía revolucionaria” y sostuvo que intentaron reproducir en Buenos Aires las protestas estudiantiles que se desarrollan en París. Según su interpretación, el objetivo no habría sido únicamente expresar un reclamo relacionado con el financiamiento universitario, sino “generar un hecho revolucionario” que pueda contribuir a la caída del Gobierno. El funcionario también cuestionó que las organizaciones involucradas se presenten exclusivamente como agrupaciones estudiantiles y aseguró que detrás de la protesta existen espacios políticos opositores.
En declaraciones radiales, el funcionario sostuvo que los manifestantes inicialmente solicitaron mantener un diálogo con las autoridades, pero posteriormente ingresaron por la fuerza al edificio. Álvarez afirmó que, según los videos difundidos por los propios participantes, hubo un avance sobre el acceso al inmueble, empujones con efectivos policiales y daños en una puerta de vidrio. A partir de esas imágenes, el Gobierno sostiene que no se trató de una protesta estrictamente pacífica. Esa descripción, sin embargo, forma parte de la versión oficial sobre lo ocurrido y convive con el relato de los estudiantes y sectores que participaron de la protesta, quienes sostuvieron que se trató de una acción de reclamo por la situación universitaria.
El reclamo de los estudiantes se concentró en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, además de otros pedidos vinculados con las becas Progresar, el boleto educativo y mayores recursos para residencias y comedores universitarios. La protesta tuvo lugar pocas horas después de que la Justicia declarara la inconstitucionalidad del decreto mediante el cual el Gobierno había intentado frenar la aplicación de la normativa de financiamiento universitario. El escenario judicial sumó así un nuevo elemento a una disputa que ya llevaba meses enfrentando al Ejecutivo con las universidades públicas.
La protesta terminó con la intervención de la Policía Federal y el desalojo de los manifestantes del edificio. Según distintas reconstrucciones periodísticas, cientos de estudiantes ingresaron durante la tarde y permanecieron durante varias horas en el Palacio Pizzurno. La Nación informó que hubo empujones con efectivos policiales al momento del ingreso y que el desalojo se produjo después de las 20. Página/12, en cambio, describió la acción como una protesta pacífica y cuestionó el procedimiento utilizado posteriormente para retirar a los estudiantes. Las diferencias entre ambas reconstrucciones muestran que el episodio quedó atravesado por versiones contrapuestas sobre la modalidad de la protesta y la actuación de las fuerzas de seguridad.
Desde el Ministerio de Capital Humano también repudiaron la toma. La ministra Sandra Pettovello sostuvo que “por la fuerza, nada” y anticipó la presentación de una denuncia judicial contra quienes participaron de la irrupción en el edificio público. La postura del Gobierno es que el reclamo puede realizarse dentro de los canales institucionales, pero que el ingreso y permanencia en una dependencia estatal bajo esas circunstancias constituye un límite que el Ejecutivo no está dispuesto a aceptar.
Álvarez también apuntó específicamente contra organizaciones políticas y universitarias que, según su versión, participaron de la protesta. Mencionó a sectores vinculados con el Partido Comunista Revolucionario y La Mella, y señaló además la presencia del diputado nacional Itaí Hagman y de representantes de gremios docentes y no docentes. El funcionario utilizó esos elementos para sostener su interpretación de que la protesta excedió el reclamo universitario y tuvo un componente político opositor. Se trata, nuevamente, de una caracterización realizada por el Gobierno, mientras que los sectores movilizados reivindican el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas.
El conflicto promete continuar durante los próximos días. Álvarez cuestionó también la movilización prevista para el 15 de octubre y sostuvo que, a su entender, no será una manifestación exclusivamente universitaria sino una protesta opositora contra el DNU 70. Del otro lado, las organizaciones universitarias mantienen el reclamo por la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. Así, la discusión vuelve a combinar financiamiento educativo, funcionamiento de las universidades públicas, protesta social y el enfrentamiento político entre el Gobierno nacional y sectores de la comunidad universitaria.
Fuente: Noticias Argentinas
