El Gobierno abrió una segunda etapa del programa de retiros voluntarios en Vialidad Nacional. La medida contempla compensaciones de hasta el 90% de un haber por año de antigüedad, pagos de hasta ocho cuotas y una cláusula que impide volver a trabajar en el Estado Nacional durante cinco años. La primera convocatoria ya había dejado 609 trabajadores desvinculados.
La Dirección Nacional de Vialidad vuelve a quedar en el centro de la discusión sobre el futuro del Estado. El Gobierno nacional oficializó una segunda etapa del programa de retiros voluntarios para trabajadores del organismo mediante la Resolución 1220/2026, publicada en el Boletín Oficial. La nueva convocatoria busca continuar con la reducción de la planta de personal en uno de los organismos técnicos encargados históricamente de la planificación, construcción, conservación y administración de la infraestructura vial nacional. Según informó InfoGremiales, la primera etapa había registrado 609 adhesiones sobre un universo estimado de 900 trabajadores.
Los números muestran que el achicamiento de Vialidad no comenzó con esta segunda convocatoria. De acuerdo con los datos citados por InfoGremiales a partir de registros del Indec, el organismo pasó de contar con 5.704 empleados en noviembre de 2023 a 4.191 en agosto de 2026. Eso representa una reducción del 26,5% de la dotación en menos de tres años. La nueva etapa de retiros voluntarios se presenta oficialmente como parte de una reorganización destinada a adecuar la estructura a las necesidades funcionales del organismo y a reducir el gasto estatal.
El esquema contempla tres alternativas de compensación. La primera ofrece el 90% de un haber de egreso por cada año de antigüedad, con un máximo computable de 24 años. La segunda establece el 85% por cada año, también con un límite de 24 años, pero incorpora una cobertura asistencial equivalente a doce meses de aportes y contribuciones de obra social. La tercera está destinada exclusivamente a trabajadores de 64 años o más que no cuenten con los aportes necesarios para jubilarse y mantiene el cálculo de la primera opción, aunque con un límite máximo de 12 años de antigüedad.
También hay una particularidad en la forma de pago que puede resultar determinante para quienes evalúen aceptar el retiro. Las gratificaciones de hasta 10 millones de pesos se abonan en una sola cuota, mientras que los montos de entre 10 y 20 millones se pagan en tres cuotas; entre 20 y 30 millones, en cinco; y por encima de los 30 millones, en ocho cuotas mensuales iguales y consecutivas. La base contempla conceptos remunerativos como sueldo básico, zona, antigüedad y adicionales, pero deja afuera horas extras, viáticos, desarraigo y conceptos no remunerativos.
Pero el punto que introduce una condición particularmente relevante es el que aparece al momento de formalizar la desvinculación. Quienes adhieran al programa no podrán ser reincorporados ni prestar servicios bajo ninguna modalidad en el Sector Público Nacional durante cinco años. Además, el régimen establece condiciones para quienes tengan litigios laborales pendientes y dispone que aquellos trabajadores con mandatos sindicales vigentes deberán renunciar a su cargo y a la tutela sindical para poder acceder al retiro.
La discusión, por lo tanto, excede el monto de una indemnización o la decisión individual de cada trabajador. Desde las organizaciones gremiales del sector se viene cuestionando el proceso de reducción de personal y sus posibles consecuencias sobre la capacidad operativa de Vialidad. FEPEVINA, por ejemplo, expresó reparos sobre las condiciones del nuevo programa y vinculó la medida con un proceso más amplio de reducción de la estructura del organismo.
El Gobierno, en cambio, sostiene que la reorganización responde a criterios de eficiencia y a la necesidad de contar con una dotación acorde a las funciones que tendrá Vialidad Nacional. La nueva etapa se produce además mientras continúa la discusión sobre el futuro del organismo, luego de que el Decreto 461/2025 dispusiera su disolución y esa decisión fuera posteriormente suspendida por la Justicia a partir de presentaciones gremiales. En paralelo, avanzan planes de concesión de corredores viales y traspaso de distintas rutas a las provincias, una orientación que los sindicatos interpretan como parte de una reducción de las funciones estatales.
Así, Vialidad Nacional vuelve a quedar atravesada por una pregunta que va más allá de cuántos empleados tendrá su planta: qué Estado vial quedará después de este proceso. La segunda tanda de retiros voluntarios profundiza una reducción que ya alcanzó a más de una cuarta parte de la dotación desde fines de 2023 y suma una cláusula que busca impedir que quienes se desvinculen puedan regresar al Estado Nacional durante cinco años. Para los gremios, se trata de una señal sobre el rumbo que está tomando el organismo; para el Gobierno, de una herramienta de reorganización y eficiencia. El debate ahora vuelve a instalarse sobre las rutas, la capacidad técnica del Estado y quién asumirá esas funciones en los próximos años.
Fuente: InfoGremiales
