El gobernador Hugo Passalacqua instruyó al Fiscal de Estado a iniciar acciones judiciales para defender los derechos de la provincia sobre su territorio, luego de que la Corte Suprema dejara sin efecto un fallo que impedía la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023. Desde Misiones advierten sobre el impacto que la nueva situación puede tener en la autonomía provincial, los recursos naturales y las zonas de frontera.
El Gobierno de Misiones decidió recurrir a la Justicia para intentar frenar las consecuencias que la provincia atribuye al nuevo escenario jurídico sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El gobernador Hugo Passalacqua instruyó al Fiscal de Estado, mediante el Decreto N.º 1935, a iniciar las acciones judiciales que considere necesarias para resguardar los derechos e intereses de la provincia. La decisión se conoció luego del reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el régimen de tierras.
El conflicto tiene como antecedente directo la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, que establecía restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó ese régimen. La Corte Suprema, en una causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, dejó sin efecto una sentencia que había impedido la aplicación de esa disposición, pero lo hizo por una cuestión vinculada con la legitimación de la asociación demandante y no mediante una declaración de constitucionalidad del artículo del DNU.
Ese punto resulta central para comprender el alcance de la decisión judicial. El máximo tribunal sostuvo que no se había configurado un caso judicial válido porque la entidad que había promovido la demanda carecía de legitimación suficiente para representar el derecho invocado. Al mismo tiempo, la Corte aclaró que su sentencia no afecta otras medidas cautelares que puedan encontrarse en trámite y que cualquier persona que considere inconstitucional el régimen vigente puede solicitar una medida cautelar ante el juez competente.
Desde Misiones, sin embargo, la lectura política e institucional es diferente. Passalacqua sostuvo que la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023 deja a la provincia en una situación que calificó como de “desprotección y vulnerabilidad” y cuestionó los posibles efectos sobre la autonomía provincial, las finanzas públicas, el entramado económico-social y el control de los recursos naturales. Esos son argumentos planteados por el Gobierno misionero y forman parte de la fundamentación del decreto que ordenó avanzar judicialmente.
La preocupación adquiere una dimensión particular en Misiones por su condición geográfica. La provincia posee más del 90% de su frontera internacional y limita con Brasil y Paraguay. Passalacqua también destacó la importancia de la biodiversidad misionera y el peso de los pequeños productores dentro de la estructura económica provincial. Para el gobernador, la discusión sobre la tierra no puede separarse de cuestiones vinculadas con los recursos naturales, la seguridad y el control territorial.
El decreto provincial instruye al Fiscal de Estado Eduardo Duarte a ejercer, por las vías que considere técnicamente adecuadas, las acciones y defensas destinadas a proteger los derechos e intereses del Estado misionero que pudieran verse afectados por la derogación de la Ley 26.737. En términos concretos, la medida busca que la Provincia pueda intervenir judicialmente frente a operaciones de adquisición de tierras que considere capaces de afectar sus intereses.
La discusión también se inscribe en un debate nacional más amplio sobre el alcance del DNU 70/2023 y sobre quién debe establecer las reglas para la propiedad de tierras rurales en zonas estratégicas. La decisión de la Corte reabrió un conflicto que combina cuestiones jurídicas con debates sobre soberanía, federalismo, recursos naturales y desarrollo productivo. El propio máximo tribunal remarcó que su pronunciamiento fue estrictamente procesal y que no cerró la posibilidad de nuevas acciones judiciales contra el régimen vigente.
Con su decisión, Misiones se convierte en una de las primeras provincias en avanzar institucionalmente para intentar preservar herramientas de protección sobre su territorio después del nuevo escenario abierto por la Justicia. La disputa recién comienza y deberá continuar en los tribunales: por un lado, estará la discusión sobre los alcances y la constitucionalidad del régimen establecido por el DNU; por el otro, la provincia buscará defender lo que Passalacqua define como un interés estratégico sobre su territorio, sus recursos naturales y su frontera. En medio de esa discusión queda una pregunta que excede a Misiones: hasta dónde llega la autonomía de las provincias cuando están en juego sus tierras y recursos.
Fuente: Infonews
