El Tribunal Oral Federal N°5 comenzó a juzgar a siete integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA y a Eduardo Enrique Massera, hijo del excomandante de la Armada Emilio Eduardo Massera. La acusación sostiene que entre 1977 y 1981 funcionó una asociación ilícita destinada a apropiarse de propiedades, dinero y otros bienes de personas secuestradas o de sus familiares mediante extorsiones, documentación falsa y operaciones inmobiliarias.
El Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires comenzó el pasado 30 de septiembre un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad vinculados con el funcionamiento del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El proceso analiza la presunta planificación y ejecución de un esquema destinado a despojar de sus bienes a personas secuestradas durante la última dictadura militar y a sus familiares. Los hechos que forman parte de la acusación se ubican principalmente entre 1977 y 1981 y tienen como víctimas a nueve personas.
En el banquillo se encuentran siete integrantes del antiguo Grupo de Tareas 3.3.2: Jorge Eduardo Acosta, Alberto Eduardo González, Jorge Carlos Radice, Juan Carlos Rolón, Juan Antonio Azic, Adolfo Miguel Donda Tigel y Ricardo Miguel Cavallo. También está imputado Eduardo Enrique Massera, hijo del excomandante en jefe de la Armada Emilio Eduardo Massera. La Justicia analiza si todos ellos integraron, con distintos niveles de participación, una asociación ilícita orientada a cometer delitos contra el patrimonio de personas que permanecían secuestradas clandestinamente en la ESMA o de sus familiares.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, las maniobras no se habrían limitado al saqueo de viviendas. El expediente describe la utilización de documentación falsa, identidades ficticias, operaciones inmobiliarias y sociedades comerciales para transferir propiedades y ocultar el origen de los bienes. También se investiga la imposición de tareas obligatorias y no remuneradas a personas detenidas, quienes habrían sido utilizadas para trabajos de refacción, mantenimiento, contabilidad y otras actividades vinculadas con la administración de los bienes apropiados.
Uno de los principales ejes del juicio es el denominado caso “Chacras de Coria”, relacionado con unas 25 hectáreas de terrenos ubicados en Luján de Cuyo, Mendoza. Esos inmuebles pertenecían a la sociedad Cerro Largo S.A.C.I.A., cuyos accionistas habían sido privados ilegítimamente de su libertad en enero de 1977 y trasladados a la ESMA. La acusación sostiene que integrantes del grupo utilizaron distintos mecanismos para apoderarse del patrimonio de la sociedad y posteriormente darle una apariencia legal a las operaciones mediante estructuras societarias y documentación adulterada.
El expediente también describe otros casos de desapoderamiento. Entre ellos aparecen propiedades ubicadas en la ciudad de Buenos Aires y La Plata, dinero y valores pertenecientes a Marcelo Camilo Hernández, un automóvil Chevrolet de Hugo Abraham Tarnopolsky y la biblioteca de Mercedes Inés Carazo. En otro episodio investigado, Conrado Higinio Gómez habría sido obligado mientras permanecía cautivo a poner a disposición de integrantes de la asociación bienes y caballos de carrera. La acusación sostiene que las intimidaciones y las privaciones ilegítimas de la libertad fueron utilizadas como mecanismos para concretar las apropiaciones.
Otro elemento central de la investigación es la presunta utilización de identidades falsas. De acuerdo con la acusación, dentro de la propia ESMA funcionaba un laboratorio de fotografía y fotomecánica que habría sido utilizado para confeccionar documentación destinada a acreditar identidades ficticias de integrantes del Grupo de Tareas. Uno de los casos señalados involucra a Jorge Carlos Radice, a quien se atribuye haber utilizado la identidad de Juan Héctor Ríos para concretar operaciones relacionadas con bienes apropiados. Esos documentos habrían sido utilizados posteriormente en distintas operaciones inmobiliarias y actos notariales.
El juicio también incluye la denominada causa “Bienes Basterra”, relacionada con el patrimonio de la familia de Víctor Melchor Basterra, fotógrafo y sobreviviente de la ESMA. Según la acusación, Adolfo Donda Tigel y Juan Antonio Azic habrían obligado mediante intimidación a Aída Lucinda Aguirre de Basterra, madre de Víctor Basterra, a poner a disposición de la asociación un inmueble ubicado en Valentín Alsina, en el partido bonaerense de Lanús. Para concretar el desapoderamiento, la mujer habría sido obligada a firmar un poder especial irrevocable que permitió transferir el dominio del inmueble en septiembre de 1980.
El tribunal está integrado por Adriana Palliotti, Adrián Federico Grünberg y Daniel Obligado, quien preside el TOF N°5. Por el Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal Félix Pablo Crous y el auxiliar fiscal Mariano Donzelli. Durante la primera audiencia se comenzó con la lectura de las acusaciones correspondientes a las causas unificadas “Chacras de Coria” y “Bienes Basterra”. La próxima audiencia fue fijada para el 14 de octubre a las 10, cuando continuará la lectura de los requerimientos y, una vez finalizada esa etapa, el tribunal avanzará hacia las declaraciones de los imputados que decidan ejercer ese derecho y posteriormente con los testimonios.
Fuente: CBA24N
