El fiscal general boliviano Roger Mariaca fue detenido junto a otras 13 personas en un operativo vinculado a denuncias de corrupción y narcotráfico. El gobierno de Rodrigo Paz sostiene que desarticuló una organización criminal dentro del sistema judicial, mientras crecen los cuestionamientos por el procedimiento y por la participación de organismos estadounidenses.
La detención del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, abrió una fuerte disputa institucional y política en el país. Mariaca fue detenido junto a otras 13 personas en un operativo realizado por fuerzas de seguridad bolivianas contra una presunta red vinculada al narcotráfico y la corrupción dentro del Ministerio Público. El gobierno de Rodrigo Paz justificó el procedimiento como parte de una ofensiva contra estructuras criminales y señaló que contó con cooperación del gobierno de Estados Unidos.
Según informó el ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, las autoridades desarticularon una organización que habría operado dentro de la Justicia y la Fiscalía para proteger actividades vinculadas al narcotráfico. Las acusaciones contra Mariaca se produjeron después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos le revocara la visa y lo señalara por presuntamente haber recibido sobornos para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico. El gobierno boliviano afirmó que solicitará información y elementos probatorios a Washington para avanzar con las investigaciones.
El caso tiene además una conexión directa con Fernando Cerimedo, consultor argentino y exasesor de Javier Milei, quien enfrenta causas judiciales en Bolivia. Mariaca había intervenido en investigaciones relacionadas con Cerimedo, quien está acusado en ese país por distintos delitos, entre ellos tentativa de feminicidio y lavado de dinero. Página/12 sostiene que sectores políticos bolivianos vinculan la detención del fiscal con el avance de esas investigaciones, aunque esas interpretaciones forman parte de la disputa política alrededor del caso.
La participación estadounidense es uno de los puntos centrales de la controversia. El propio ministro Oviedo reconoció la cooperación del gobierno de Estados Unidos a través de sus agencias, mientras que Página/12 identifica específicamente a la DEA como parte de esa colaboración. La prensa internacional también informó que el operativo se produjo en un contexto de creciente acercamiento entre el gobierno de Paz y Washington, luego de años de distanciamiento entre Bolivia y Estados Unidos.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, respaldó públicamente las acciones del gobierno boliviano. También lo hizo Christopher Landau, subsecretario de Estado, quien expresó apoyo a Paz en sus esfuerzos contra el crimen organizado y la corrupción. El respaldo de Washington se produjo pocos días después de las sanciones y restricciones de visa aplicadas contra Mariaca y otros funcionarios bolivianos.
Sin embargo, el procedimiento generó cuestionamientos dentro de la propia estructura institucional boliviana. El vicepresidente Edmand Lara sostuvo que las denuncias de corrupción y narcotráfico deben investigarse, pero reclamó que las detenciones respeten la Constitución, las leyes y el debido proceso. Además, deslizó la posibilidad de que agentes de la DEA hubieran participado directamente en el operativo de captura de Mariaca, aunque esa intervención específica no fue presentada como un hecho confirmado por las autoridades estadounidenses.
Otro punto de conflicto es quién debe reemplazar al fiscal general. Tras la detención de Mariaca, el fiscal de mayor antigüedad, Luis Montaño, asumió de manera interina, mientras que el gobierno de Paz planteó avanzar con la designación de un nuevo titular. La discusión se concentra en las atribuciones constitucionales para realizar ese nombramiento y en el papel que corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Desde el oficialismo se sostiene que es necesario avanzar en una reorganización del Ministerio Público; sectores opositores cuestionan el procedimiento.
El episodio coloca nuevamente a Bolivia en el centro de una disputa regional sobre seguridad, narcotráfico, soberanía y relaciones con Estados Unidos. El gobierno de Rodrigo Paz profundizó durante 2026 el acercamiento con Washington y la cooperación en materia de seguridad, mientras que sus críticos cuestionan el alcance de esa relación. La detención de Mariaca, las acusaciones que pesan sobre el fiscal y el debate sobre su reemplazo deberán ahora atravesar las instancias judiciales y legislativas bolivianas para determinar las responsabilidades correspondientes.
Fuente: Página 12
