La Libertad Avanza y Provincias Unidas presentaron iniciativas para remover de su banca al diputado de Unión por la Patria Juan Grabois, luego de los cruces, insultos y enfrentamientos registrados durante un plenario de comisiones. Los pedidos invocan el artículo 66 de la Constitución Nacional, que establece una mayoría de dos tercios para excluir a un legislador.
La disputa que se produjo esta semana en la Cámara de Diputados sumó un nuevo capítulo con la presentación de dos proyectos que buscan la exclusión de Juan Grabois de su banca. Las iniciativas fueron impulsadas por la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici y por el diputado de Provincias Unidas Sergio Capozzi, luego de los incidentes registrados durante el plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal. El encuentro terminó interrumpido en medio de una sucesión de gritos, insultos y cruces entre legisladores.
El episodio ocurrió mientras se discutía un proyecto denominado “Defensa de la Soberanía Nacional”. Durante la reunión se produjeron enfrentamientos entre Grabois y distintos integrantes del oficialismo. Entre los intercambios que quedaron registrados se encuentran los protagonizados con Gerardo Huesen, Jairo Guzmán, Carlos Zapata y Juliana Santillán. El debate también estuvo atravesado por las diferencias en torno al fallo de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, vinculado con las restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Uno de los momentos más tensos se produjo cuando Grabois y el diputado Gerardo Huesen quedaron enfrentados cara a cara, después de un intercambio de provocaciones y acusaciones. Según los registros difundidos sobre la reunión, otros legisladores intervinieron para evitar que el enfrentamiento escalara. Posteriormente, durante la exposición de Grabois, también se produjo una discusión con Juliana Santillán y Carlos Zapata. El presidente de la Comisión de Defensa terminó interrumpiendo el funcionamiento del plenario y levantando la reunión.
En ese contexto, Silvana Giudici presentó un proyecto para excluir a Grabois por lo que calificó como “desorden de conducta” en el ejercicio de sus funciones. En los fundamentos de la iniciativa, la diputada sostiene que el legislador incurrió en expresiones injuriosas y descalificativas y que su comportamiento habría provocado la interrupción del trabajo de las comisiones. El proyecto plantea que la conducta registrada durante el plenario justifica una respuesta disciplinaria de la Cámara.
Por su parte, Sergio Capozzi también presentó una iniciativa para avanzar con un procedimiento disciplinario. Su propuesta contempla la conformación de una comisión especial de cinco integrantes que debería analizar los hechos, establecer su entidad y formular una recomendación sobre la eventual exclusión de Grabois o la aplicación de otra medida disciplinaria. El planteo también se fundamenta en las facultades otorgadas al Congreso por la Constitución Nacional y en las disposiciones del Reglamento de la Cámara baja.
El artículo 66 de la Constitución establece que cada Cámara puede, con dos tercios de los votos, corregir a cualquiera de sus integrantes por “desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones”, además de contemplar la posibilidad de removerlo o excluirlo del cuerpo bajo las condiciones previstas constitucionalmente. Por lo tanto, los proyectos presentados no implican por sí mismos la pérdida de la banca: deben atravesar el procedimiento parlamentario correspondiente y reunir la mayoría constitucional requerida para una eventual exclusión.
El episodio vuelve a colocar en el centro de la discusión el funcionamiento de las comisiones parlamentarias y los límites de los enfrentamientos políticos dentro del Congreso. Mientras los impulsores de las iniciativas sostienen que las conductas atribuidas a Grabois afectaron el desarrollo de la actividad legislativa y justifican una sanción, los hechos se produjeron en un contexto de fuerte disputa política entre el oficialismo y sectores de la oposición por cuestiones vinculadas con la soberanía nacional, las tierras rurales y el alcance de decisiones judiciales. La eventual respuesta institucional deberá ser definida por la propia Cámara de Diputados conforme a sus procedimientos y mayorías.
Fuente: Filo News
