El Gobierno de Córdoba envió a la Legislatura un proyecto para crear el Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo. La iniciativa contempla exenciones impositivas, beneficios para pymes, estímulos a la incorporación de tecnología y herramientas de financiamiento, con el objetivo de impulsar nuevas inversiones y ampliar la actividad industrial en la provincia.
El Gobierno de Córdoba presentó ante la Legislatura provincial un proyecto para establecer un nuevo Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo. La propuesta apunta a reunir y ampliar en una única normativa distintos mecanismos de promoción industrial que actualmente se encuentran vigentes y está dirigida tanto a empresas que quieran instalarse en territorio cordobés como a aquellas que ya desarrollan actividades productivas en la provincia. El objetivo declarado es generar condiciones para nuevas inversiones, modernizar establecimientos existentes y favorecer la creación de puestos de trabajo.
Uno de los principales componentes del proyecto son los beneficios fiscales. Para los emprendimientos que cumplan con los requisitos establecidos, se prevén exenciones del 100% en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario durante un período de hasta 10 años. El plazo podría extenderse hasta 15 años para determinadas inversiones radicadas en parques industriales y para proyectos ubicados en zonas del noroeste y sur de la provincia contempladas específicamente por la iniciativa.
El régimen también busca alcanzar a las pequeñas y medianas empresas. Entre las herramientas previstas aparece una asignación destinada a la capacitación por cada nuevo trabajador contratado a jornada completa y por tiempo indeterminado. El beneficio tendría como referencia un salario mínimo, vital y móvil durante un año, mientras que para proyectos alcanzados por los beneficios incrementales el período podría extenderse a dos años. De esta manera, el proyecto vincula los incentivos a la incorporación efectiva de trabajadores.
Otro de los ejes está relacionado con la incorporación de tecnología a los procesos productivos. El proyecto incluye dentro de las actividades promovidas a distintas herramientas vinculadas con la denominada Industria 4.0, entre ellas inteligencia artificial, fabricación aditiva y sistemas aplicados a la producción. La intención es que la política de promoción no se limite a la radicación de nuevas fábricas, sino que también incentive la modernización tecnológica de empresas que ya funcionan en Córdoba.
La propuesta incorpora además un régimen simplificado para empresas cuyos ingresos brutos anuales no superen los $4.500 millones. Para acceder a determinados beneficios, las firmas deberán acreditar inversiones en activos fijos equivalentes, como mínimo, al 1,2% de la base imponible provincial correspondiente al año anterior. Según explicó el ministro de Producción, Fernando Sibilla, actualmente unas 2.100 empresas están alcanzadas por el régimen simplificado y el Gobierno provincial estima que unas 1.000 más podrían incorporarse si se eleva el límite.
El proyecto también contempla herramientas vinculadas con los parques industriales. La iniciativa busca promover la instalación de empresas en estos espacios y establece beneficios específicos para parques o áreas industriales que funcionen bajo una forma jurídica propia. De acuerdo con las estimaciones oficiales citadas por La Nueva Mañana, la Provincia apunta a incrementar la cantidad de fábricas instaladas en parques industriales, que actualmente rondan las 1.500 distribuidas en 75 establecimientos.
La presentación del régimen se produce en un contexto económico que modificó las previsiones que tenía la Provincia para 2026. La Nueva Mañana señala que el Gobierno cordobés había proyectado inicialmente una reducción de la carga tributaria vinculada a una mayor expansión de la economía nacional, pero el desempeño de la actividad quedó por debajo de aquellas expectativas. En ese escenario, la nueva iniciativa busca concentrar los recursos y beneficios disponibles en herramientas destinadas específicamente a la inversión productiva, la industria y el empleo.
El proyecto todavía debe atravesar el tratamiento legislativo antes de convertirse en ley. El oficialismo provincial cuenta con 32 bancas sobre un total de 70 en la Unicameral, por lo que necesita construir acuerdos para alcanzar su aprobación. Si la iniciativa obtiene sanción, está previsto que el nuevo régimen comience a regir el 1 de enero de 2027 y tenga vigencia hasta el 31 de diciembre de 2036. Mientras tanto, los beneficios ya otorgados bajo los regímenes actuales conservarían sus plazos y condiciones.
Fuente: La Nueva Mañana
