Ante la grave crisis económica que viene atravesando nuestro las personas con discapacidad, las y los jubilados, el sistema de educación pública, el mundo de la producción nacional, la economía pyme y solidaria, el movimiento obrero organizado, las y los más de 300 mil despedidos tanto del sector público como del privado, el cierre de más de 31 mil unidades productivas, estamos en el medio de la tormenta. Somos víctimas de un rumbo económico que bajo la premisa neoliberal anarcocapítalista le va quitando al Estado el rol garante de derechos conquistados y su papel intervencionista para construir sociedades solidarias, equitativas, libres y soberanas.
Así, la discapacidad es uno de los tantos puntos que se encuentran en conflicto entre las políticas nacionales que pretende llevar adelante el actual gobierno nacional.
Ley de Emergencia en Discapacidad
En nuestro país ustedes recordarán que se sancionó en Setiembre del 2025 la ley 27.793 que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de Diciembre de 2026. La misma había sido vetada por el Ejecutivo Nacional, pero que se lograron los 2 tercios en ambas cámaras por lo que se sancionó y reglamentó pero sin contar con los fondos suficientes, pues la nación plantea que las nuevas obligaciones deben tener financiamiento sostenible. En estos días se está tratando en el Congreso de la Nación.
Algunos datos
Las personas con algún tipo de discapacidad, es decir con dificultad motora (más común), visual, auditiva y/o mental-cognitiva representa según el último estudio del INDEC del 2018 al 10,2% de la población mayor de 6 años. El 60% con una sola dificultad y el 40 con dos o más dificultades.
Cruzando datos del INDEC con ANDIS, se estima que al 2026 unos 4,4 millones de personas presentan algún tipo de discapacidad, de las cuales casi un 40% cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), hablamos de1.760.000 personas aproximadamente, de las cuales unas 700 mil cobran una Pensión No Contributiva (PNC) que ronda los $300.000.
Lo que representa del gasto presupuestario del Estado
Lo contemplado en la Ley 27.793 en materia de prestaciones y pensiones representa apenas un 0.35% del PBI. Si sirve de parangón las universidades lo hacen en un 0.46%, el rubro educación y cultura en un 0,75%, y lo que se destina para seguridad social un 8,10% del PBI.
Las demandas que se expresan en las calles y en el Congreso
Los principales reclamos que se vienen planteando ante el gobierno nacional refieren a la falta de financiamiento de las prestaciones, que incluyen: rehabilitación, tratamiento, centros de día, hogares, escuelas especiales, transporte, acompañamiento, terapias, ayudas técnicas y equipamiento, actualización de las pensiones no contributivas, como así también a la inclusión efectiva en el mundo del trabajo. Y aquí resaltamos en particular la incompatibilidad de quienes cobran una PNC y quieren trabajar, pero no lo hacen porque se le quita dicha PNC si sus ingresos superan los 2 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM) que hoy ronda cada uno en los $383.800 mensuales. ¿Protección o desamparo?.
Cooperativismo por la Inclusión Sociolaboral
El segundo encuentro nacional de cooperativas de inclusión sociolaboral realizado en la ciudad de Córdoba realizado en el Ministerio de Cooperativas y Mutuales del Gobierno de la Provincia de Córdoba y en la Mutual del MAS, organizado por la Federación de Entidades Solidarias de la Salud (FAESS), acompañada por el IMFC, COOPERAR, CAM, MCyM, y la Secretaría de Salud y Derechos Humanos, reunió a unas 100 personas provenientes de 20 cooperativas de inclusión del país, quienes se expresaron y plantearon importantes definiciones que aportan y enriquecen el actual debate en el Congreso de la Nación.
Resaltamos algunas de las propuestas planteadas para las personas con discapacidad:
– Prorrogar la ley de emergencia en discapacidad por un año más.
– Quitar los topes a la incompatibilidad existente entre pensiones no contributiva (PNC) e ingresos superiores a 2 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM)
– Presentar un anteproyecto de ley que garantice y promueva la incorporación efectiva de las personas con discapacidades al mundo de la producción y trabajo con perspectiva inclusiva y cooperativa.
Salida colectiva ante el sálvese quien pueda
Está más que claro que el actual modelo de desarrollo basado en la agroexportación, el extractivismo y la especulación financiera, en un contexto de cambio de época tecnológica cultural, excluye, precariza, despide, y empobrece a gran parte de las y los argentinos.
En la ley de la selva que hoy predomina el escenario político y económico nacional hablar de inclusión sociolaboral es casi una aberración. Por tal motivo, hoy más que nunca debemos juntarnos, hablarlo, reclamar lo justo y plantear propuestas superadoras para que cualquier argentino o argentina viva con dignidad, tomando lo particular como bandera de nuestra lucha, pero sin dejar de plantear que somos víctimas de proyecto de país para pocos, y que se requiere cambiar el rumbo hacia un modelo con un Estado presente y eficiente, que promueva la producción nacional y el trabajo local, con justicia social y democracia participativa.
Por Pablo Tissera. Dirigente cooperativista y Presidente del Partido Solidario Córdoba.
