El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un protocolo que establece un “deber de denuncia” para las autoridades escolares ante hechos que pudieran constituir delitos e incluye procedimientos para situaciones de urgencia. Ademys y UTE cuestionaron la medida y advirtieron sobre el riesgo de estigmatización y criminalización de estudiantes.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un nuevo protocolo para establecer cómo deben actuar las escuelas porteñas ante hechos que puedan tener relevancia penal. La medida fue formalizada mediante la Resolución Conjunta N.º 1/MEDGC/26, firmada por las áreas de Educación, Justicia y Seguridad de la Ciudad y por el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La normativa se vincula con la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y generó el rechazo de organizaciones docentes que cuestionan que procedimientos propios del sistema penal ingresen en el ámbito educativo.
Uno de los puntos centrales del protocolo es el denominado “deber de denuncia”. El documento establece que, cuando la autoridad institucional tome conocimiento, en ejercicio de sus funciones, de un hecho que pudiera constituir un delito de acción pública, deberá efectuar la denuncia correspondiente. La disposición no se limita necesariamente a hechos ocurridos dentro del establecimiento: los lineamientos contemplan también situaciones producidas en otros ámbitos cuando estén vinculadas con estudiantes o con la actividad educativa.
La normativa establece además procedimientos específicos para situaciones consideradas urgentes. Ante circunstancias que impliquen un riesgo inminente para la vida o la seguridad, presencia de armas o hechos de violencia, las autoridades escolares deben comunicarse con el 911 y adoptar medidas destinadas a resguardar a los estudiantes y preservar la escena. El protocolo también contempla la intervención del SAME cuando existan personas afectadas y la comunicación con organismos vinculados a la protección de niños, niñas y adolescentes.
Otro de los aspectos que generó cuestionamientos entre los gremios es la posibilidad de intervención policial dentro de los establecimientos. Según el procedimiento aprobado, las fuerzas de seguridad pueden ingresar a una escuela a pedido de las autoridades, por orden judicial o ante determinadas situaciones de fuerza mayor. El protocolo establece que los agentes deben identificarse y actuar respetando los derechos de niños, niñas y adolescentes, mientras que las instituciones educativas deben colaborar con las actuaciones correspondientes.
Desde Ademys expresaron un fuerte rechazo a la medida. Antonella Polti, integrante del gremio y profesora de nivel medio, sostuvo en declaraciones a Radio 750 que el protocolo representa una extensión del régimen penal juvenil hacia las instituciones educativas y cuestionó lo que considera una mirada “criminalizadora” sobre las juventudes. La docente afirmó que el sindicato buscará impulsar medidas para que la disposición sea derogada.
El planteo gremial también fue acompañado por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que rechazó que las escuelas puedan convertirse en una vía de ingreso al sistema penal. El sindicato advirtió sobre posibles procesos de estigmatización y criminalización de niños, niñas y adolescentes y reclamó que frente a los conflictos escolares existan equipos especializados, formación y recursos suficientes para abordarlos desde una perspectiva educativa y de protección de derechos.
La discusión está directamente relacionada con la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que redujo de 16 a 14 años la edad a partir de la cual determinados adolescentes pueden quedar alcanzados por responsabilidad penal. El protocolo porteño busca establecer cómo se articula esa normativa con el funcionamiento de las instituciones educativas. Desde el Gobierno de la Ciudad, la medida se presenta como un mecanismo de actuación frente a hechos que puedan constituir delitos, mientras que los gremios cuestionan que situaciones que anteriormente podían abordarse mediante herramientas pedagógicas puedan derivar con mayor facilidad hacia el sistema judicial.
El conflicto abre así una discusión que excede el funcionamiento administrativo de las escuelas: cuál debe ser el límite entre las herramientas educativas y la intervención del sistema penal cuando se trata de adolescentes. El protocolo ya se encuentra formalizado y establece obligaciones concretas para las autoridades escolares, mientras que los gremios docentes anunciaron su rechazo y plantearon la necesidad de modificar o derogar la medida. El debate continuará atravesado por la implementación del nuevo régimen penal juvenil y por las distintas posiciones respecto de cómo deben abordarse los conflictos y hechos potencialmente delictivos que involucren a estudiantes.
Fuente: Página 12
