El Senado salteño dio media sanción al proyecto que autoriza la transferencia de terrenos a pequeños productores del departamento de Anta. Se trata de la primera etapa de un proceso que busca resolver una demanda histórica de las familias que viven y trabajan en esas tierras. La iniciativa deberá ser tratada ahora por la Cámara de Diputados.
La Cámara de Senadores de Salta aprobó el proyecto de ley que permitirá avanzar en la regularización dominial de 17 puestos rurales pertenecientes a Salta Forestal S.A. La iniciativa representa un paso fundamental para que las familias que habitan y producen en esos terrenos puedan acceder finalmente a los títulos de propiedad. El proyecto fue impulsado por la senadora Alejandra Navarro y recibió media sanción durante la sesión ordinaria del jueves 12 de noviembre. Ahora deberá continuar su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados.
La medida se inscribe en el régimen establecido por la Ley Provincial 8500, sancionada en 2025, que tiene como objetivo consolidar la situación dominial de quienes ocupan históricamente tierras pertenecientes a la empresa estatal. La normativa habilita a Salta Forestal a realizar relevamientos y celebrar convenios de transferencia con los pobladores que cumplan las condiciones establecidas. Sin embargo, esos acuerdos necesitan la correspondiente aprobación legislativa para concretar la adjudicación de los inmuebles.
De acuerdo con la información difundida por la Legislatura, los 17 casos incluidos en el proyecto corresponden a ocupantes que ya fueron relevados y cuentan con convenios de regularización y transferencia de dominio. La aprobación del Senado ratifica esos acuerdos y autoriza a Salta Forestal S.A., como titular registral de los inmuebles, a instrumentar las transferencias una vez cumplidos los requisitos legales. La senadora Navarro señaló que se trata del primer paso para que estas familias puedan alcanzar la titularidad definitiva de las tierras.
El reclamo tiene profundas raíces en la historia rural del departamento de Anta. Las familias que viven en los puestos de Salta Forestal mantienen vínculos con esos territorios desde hace generaciones, desarrollando allí sus actividades productivas y construyendo sus proyectos de vida. La falta de títulos formales las mantuvo durante años en una situación de incertidumbre jurídica, pese a la permanencia y el trabajo realizado en los establecimientos rurales. La regularización busca reconocer esa realidad y brindarles mayor seguridad sobre los lugares que habitan.
El proceso no se limita a la entrega de escrituras, sino que establece condiciones para garantizar que las tierras continúen cumpliendo una función productiva. La Ley 8500 dispone que los beneficiarios deben haber sido debidamente relevados, que la superficie adjudicada debe constituir su principal medio de vida y que deben mantener la explotación de manera personal. Además, establece un límite máximo de 1.200 hectáreas por parcela y restricciones durante diez años para vender, arrendar o transferir los terrenos a terceros. El incumplimiento de esas condiciones puede provocar la revocación de la adjudicación.
La regularización forma parte de un universo mucho más amplio. Según datos difundidos por el Gobierno provincial, el plan comprende alrededor de 110 puestos rurales en tierras de Salta Forestal. A comienzos de noviembre, la empresa estatal formalizó otros diez convenios con puesteros de Anta, en una nueva etapa del procedimiento. Cada situación requiere relevamientos, verificaciones y acuerdos específicos, debido a las diferencias en la composición de las familias y en las superficies ocupadas.
La Ley 8500 también contempla la revisión de los contratos de concesión vigentes sobre tierras de Salta Forestal. El objetivo es recuperar superficies ocupadas o que no estén plenamente aprovechadas desde el punto de vista productivo, para destinarlas a los fines previstos por la normativa. La regularización de los pequeños productores constituye una de las prioridades del proceso, mientras que la discusión sobre las concesiones y el destino de otras áreas deberá avanzar en etapas posteriores.
Durante la presentación de la iniciativa, Navarro reivindicó el alcance social de la medida y recurrió a referencias del papa Francisco y de su sucesor, León XIV, para fundamentar la importancia de reconocer derechos y reparar situaciones de injusticia. La legisladora definió el avance como un acto de justicia para quienes sostuvieron durante generaciones la vida productiva de esos territorios. La aprobación en el Senado abre una instancia decisiva, aunque todavía resta el tratamiento en Diputados para que las primeras 17 familias puedan acercarse a la titularidad definitiva de las tierras que habitan y trabajan.
Fuente: Página/12
