Diputados de doce bloques parlamentarios, junto con Cáritas, Techo y organizaciones sociales, presentarán un proyecto de ley para recuperar el financiamiento destinado a la integración urbana de los barrios populares. La iniciativa propone garantizar un piso presupuestario durante diez años para sostener las obras de infraestructura y servicios básicos.
Un amplio grupo de diputados nacionales presentará este miércoles en el Congreso un proyecto de ley destinado a reactivar las obras de integración y urbanización de los barrios populares de todo el país. La iniciativa reúne a legisladores de doce bloques parlamentarios y cuenta además con el acompañamiento de Cáritas, la organización Techo y movimientos sociales. La presentación se realizará mediante una conferencia de prensa en la sede de Cáritas, en la Ciudad de Buenos Aires, y tiene como objetivo volver a establecer un esquema de financiamiento estable para obras de infraestructura en barrios que presentan distintos niveles de déficit habitacional.
La propuesta busca que las obras de integración sociourbana tengan garantizado un piso presupuestario durante los próximos diez años. Para eso, establece una partida anual vinculada con el Producto Bruto Interno y plantea una asignación progresiva de recursos hasta 2036. Según la información publicada por Página/12, el proyecto fija inicialmente un piso equivalente al 0,0375 por ciento del PBI y plantea que el mecanismo permita sostener las obras más allá de los cambios de gobierno. La iniciativa no contempla la creación de nuevos impuestos, sino que propone establecer una prioridad dentro de los recursos provenientes de Rentas Generales.
El proyecto retoma como antecedente la Ley 27.453, sancionada en 2018, que estableció un régimen para la regularización dominial y la integración socio urbana de los barrios populares. Esa normativa estuvo acompañada por la creación del Registro Nacional de Barrios Populares, conocido como RENABAP, que permitió identificar y relevar asentamientos y sectores urbanos que presentaban condiciones habitacionales precarias. Posteriormente, durante el gobierno de Alberto Fernández, comenzaron a desarrollarse obras de infraestructura y urbanización utilizando distintos mecanismos de financiamiento público.
De acuerdo con los datos consignados por Página/12, entre 2020 y 2023 se realizaron 1.322 obras en 1.164 barrios populares, con un alcance estimado sobre más de 1,3 millones de personas. Parte de esos trabajos fueron ejecutados mediante cooperativas conformadas por habitantes de los propios barrios, lo que permitió combinar las obras de infraestructura con generación de empleo y capacitación en distintos oficios. El proyecto que llega ahora al Congreso busca recuperar esa política de integración y establecer una fuente de financiamiento que permita darle continuidad durante la próxima década.
La situación habitacional que atraviesan los barrios populares constituye uno de los principales argumentos utilizados por las organizaciones que acompañan la iniciativa. Según los datos publicados por el medio, más del 10 por ciento de la población argentina vive en barrios populares, donde persisten dificultades vinculadas con el acceso al agua potable, cloacas, electricidad segura y calles pavimentadas. A esto se suma que más de la mitad de sus habitantes no cuenta con títulos de propiedad de las viviendas que ocupa, una problemática que la legislación de integración urbana busca abordar mediante obras y procesos de regularización.
La presentación reúne además a dirigentes y legisladores provenientes de espacios políticos diferentes. Entre quienes tienen previsto participar de la conferencia aparecen Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; Martín Lousteau y Esteban Paulón, de Provincias Unidas; Fernanda Miño, de Unión por la Patria; y Nicolás Massot, de Encuentro Federal. También estarán el presidente de Cáritas, Gustavo Carrara, y Araceli Ledesma, representante de Techo. La diversidad de los sectores involucrados forma parte de la presentación pública de una iniciativa que busca obtener respaldo parlamentario para establecer una política de urbanización con continuidad presupuestaria.
Desde las organizaciones sociales que acompañan el proyecto también se puso el foco en el contexto socioeconómico. UTEP, Techo y Cáritas señalaron que el aumento de la pobreza y la indigencia vuelve a colocar las condiciones habitacionales y el acceso a infraestructura básica dentro de las prioridades de las políticas públicas. Según los datos del INDEC citados por las organizaciones, durante el primer semestre de 2026 la pobreza alcanzó al 32 por ciento de las personas y la indigencia al 7,5 por ciento. Las entidades sostienen que, en ese escenario, garantizar servicios e infraestructura en los barrios populares constituye una cuestión vinculada con las condiciones de vida de millones de personas.
El debate legislativo que se abre ahora tendrá como uno de sus puntos centrales la posibilidad de establecer un mecanismo de financiamiento que trascienda los ciclos políticos y permita sostener las obras durante diez años. La iniciativa plantea que el Estado nacional vuelva a contar con una partida específica dentro de sus recursos generales para las políticas de integración sociourbana. Su eventual aprobación dependerá del tratamiento parlamentario, mientras que los impulsores del proyecto buscarán reunir apoyos de distintos bloques para avanzar con una nueva legislación que permita retomar las obras de urbanización en barrios populares.
Fuente: Página/12
