El Ejecutivo presentó un recurso de revocatoria ante el juez Martín Cormick y dejó planteada una apelación en subsidio para cuestionar la intimación que le otorgó cinco días para cumplir de manera integral con la cautelar vinculada a la Ley 27.795. El Gobierno sostiene que ya cumplió con las obligaciones establecidas y pidió que se deje sin efecto el apercibimiento de multas.
El Gobierno nacional apeló la intimación judicial que le había otorgado un plazo de cinco días para cumplir de manera total con la medida cautelar relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación fue realizada ante el juez federal Martín Cormick, quien había considerado que el Estado no había acreditado un cumplimiento completo de la resolución y había advertido sobre la posibilidad de aplicar astreintes, es decir, multas económicas por cada día de demora. El Ejecutivo sostiene, en cambio, que las obligaciones alcanzadas por la cautelar ya fueron atendidas y acompañó documentación para respaldar esa posición.
La estrategia procesal adoptada por el Estado contempla, en primer término, un recurso de revocatoria ante el propio Cormick. En caso de que el magistrado mantenga su decisión, el Gobierno dejó planteada una apelación en subsidio para que el planteo pueda ser revisado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Por el momento, el expediente continúa en la instancia del juzgado y todavía no fue elevado a la Cámara, por lo que será Cormick quien deba resolver el nuevo planteo presentado por el Ejecutivo.
La presentación oficial responde a la resolución dictada el 22 de septiembre, cuando el juez sostuvo que no existía un cumplimiento total de la cautelar que se encuentra firme. En aquella oportunidad, Cormick intimó al Estado Nacional a completar las obligaciones dentro de cinco días y estableció que, en caso de incumplimiento, podrían aplicarse sanciones económicas diarias. La defensa del Gobierno cuestionó, entre otros aspectos, que la resolución judicial no habría precisado de manera suficiente cuál sería la obligación concreta que todavía permanecería pendiente.
La discusión judicial está vinculada principalmente con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El primero contempla disposiciones relacionadas con la actualización de los salarios de docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales, además de mecanismos de negociación salarial. El segundo establece disposiciones vinculadas con la recomposición de los programas de becas estudiantiles. Estos puntos forman parte del conflicto que el Gobierno mantiene con universidades y organizaciones gremiales en torno a la implementación de la norma.
En su presentación, el Ejecutivo defendió también la evolución de los salarios universitarios durante la actual gestión. Según los argumentos oficiales, los aumentos otorgados desde diciembre de 2023 acumularon un 226,8%, mientras que el Gobierno sostiene que ese porcentaje debe ser considerado en relación con la evolución de la inflación durante el período tomado como referencia. Los gremios universitarios mantienen una interpretación diferente y sostienen que todavía existe una pérdida salarial que debería ser compensada en el marco de la ley y de las negociaciones paritarias.
El conflicto también alcanza a las becas estudiantiles. Como parte de la documentación presentada ante la Justicia, el Ministerio de Capital Humano incorporó información vinculada con la actualización del programa Manuel Belgrano, cuyo monto mensual fue elevado durante este año a $187.495. Al mismo tiempo, el Estado sostiene una interpretación restrictiva sobre cuáles son los programas alcanzados por la cautelar, un punto que forma parte de las diferencias existentes respecto del alcance efectivo de la orden judicial.
Otro de los aspectos cuestionados por el Gobierno es la posibilidad de que se apliquen multas económicas al Estado Nacional. El Ejecutivo pidió que se revoquen tanto la intimación como el apercibimiento de astreintes, argumentando que ya acreditó el cumplimiento de las obligaciones mediante transferencias, resoluciones salariales, actas paritarias y documentación relacionada con las becas. Si el juez rechaza el recurso de revocatoria, el Gobierno solicitó que la apelación subsidiaria sea concedida con efecto suspensivo.
La medida cautelar sobre la que gira esta nueva presentación fue dictada originalmente en diciembre de 2025, posteriormente recibió el aval de la Cámara de Apelaciones y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara en junio de 2026 el recurso extraordinario presentado por el Estado. El expediente principal, en tanto, continúa su trámite judicial. Ahora, el próximo paso dependerá de la decisión de Cormick: podrá aceptar el planteo del Gobierno y dejar sin efecto la intimación o mantenerla y avanzar con la instancia de apelación. En paralelo, la discusión sobre el financiamiento universitario continúa vinculada con las negociaciones por el Presupuesto 2027 y con los reclamos de los gremios del sector.
Fuente: Minuto Uno
