La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas una nueva documentación para cuestionar la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictadas en la causa Vialidad. Los abogados sostienen que durante el proceso se vulneraron derechos fundamentales y buscan que el organismo internacional analice el caso.
Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner formalizaron ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas una nueva presentación vinculada con la condena dictada contra la expresidenta en la causa Vialidad. El escrito incorpora nueva evidencia y busca que el organismo internacional revise aspectos de la sentencia que impuso seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La presentación fue realizada por los abogados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego.
La defensa sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron derechos fundamentales de la exmandataria. Según los abogados, los nuevos elementos incorporados permiten cuestionar aspectos centrales de la acusación que derivó en la condena. La presentación ante Naciones Unidas constituye una instancia internacional que la defensa había anticipado y que ahora quedó formalmente radicada ante el Comité de Derechos Humanos.
Uno de los objetivos planteados por la defensa es que el caso pueda ser tratado durante la próxima sesión del Comité, prevista para octubre. El organismo tiene sede en Ginebra y está integrado por 18 expertos independientes encargados de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que forman parte de ese tratado.
Entre los pedidos formulados se encuentra la revisión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esa sanción acompaña la condena a seis años de prisión impuesta a Fernández de Kirchner y, en el plano electoral, le impide presentarse a cargos públicos mientras permanezca vigente. La defensa busca que el Comité analice la medida en el marco de los derechos reconocidos por los tratados internacionales.
La condena en la causa Vialidad quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el recurso extraordinario presentado por la defensa. El máximo tribunal confirmó de ese modo la sentencia que había sido dictada por el Tribunal Oral Federal 2. La nueva presentación ante Naciones Unidas no modifica por sí misma esa situación dentro del sistema judicial argentino.
La defensa también presentó como nuevo elemento una interpretación sobre los fondos destinados a la Dirección Nacional de Vialidad durante los gobiernos de Fernández de Kirchner. Beraldi había señalado en una conferencia de prensa realizada el 15 de septiembre que, pese al volumen de recursos destinados a Vialidad, lo asignado a empresas de Lázaro Báez representaba menos del 1% del total. Para el abogado, ese dato cuestionaría la hipótesis de que existió una decisión destinada a favorecer al empresario. Se trata de un argumento de la defensa que deberá ser evaluado por el organismo internacional.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU analiza comunicaciones individuales relacionadas con posibles incumplimientos de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De acuerdo con la información publicada por La Nueva Mañana, las decisiones de este organismo no tienen carácter vinculante de la misma manera que una sentencia de un tribunal nacional, aunque pueden tener consecuencias institucionales y ser consideradas como antecedentes en posteriores discusiones jurídicas.
La presentación se produce además en un contexto político en el que distintos sectores del peronismo plantean la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a competir electoralmente. Sin embargo, mientras permanezca vigente la inhabilitación perpetua establecida en la sentencia, la expresidenta no puede presentarse a cargos públicos. La estrategia de sus abogados ante Naciones Unidas apunta precisamente a cuestionar esa restricción y a obtener una revisión internacional de los aspectos de la condena que consideran contrarios a sus derechos.
Fuente: La Nueva Mañana
