El Gobierno de Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado para iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La medida busca frenar el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte y evitar nuevas autorizaciones para explotar recursos naturales en áreas cuya soberanía reclama la Argentina.
El Gobierno argentino anunció el inicio de un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido por las actividades hidrocarburíferas vinculadas con el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La decisión fue comunicada el 28 de septiembre por la Oficina del Presidente y contempla la intervención de la Cancillería y de los equipos jurídicos nacionales. El mecanismo elegido está previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y busca establecer una instancia jurídica internacional para cuestionar las actividades británicas relacionadas con la explotación de hidrocarburos en la zona.
Junto con el anuncio del arbitraje, el Gobierno argentino intimó formalmente al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades destinadas a la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. Según la comunicación oficial, si Londres no cumple con el requerimiento dentro del plazo establecido, la Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales destinadas a preservar los derechos soberanos que reclama sobre su plataforma continental.
El proyecto cuestionado es Sea Lion, ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La iniciativa está vinculada con las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y constituye uno de los principales proyectos de explotación hidrocarburífera en la zona. La administración argentina considera que las actividades desarrolladas en ese espacio marítimo se realizan de manera unilateral y afectan los derechos de soberanía que el país sostiene sobre las islas y los espacios marítimos circundantes.
Para fundamentar su posición, el Gobierno volvió a invocar distintas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas. Entre ellas aparece la Resolución 2065, aprobada en 1965, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e instó a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones. También fue mencionada la Resolución 31/49, que llamó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el proceso recomendado por Naciones Unidas.
La decisión se produce después de una serie de medidas adoptadas por la administración de Milei frente al avance de las actividades hidrocarburíferas británicas. El 22 de septiembre, la Cancillería había presentado una nota formal de protesta ante el Reino Unido por la extensión de licencias de producción de hidrocarburos offshore y por operaciones relacionadas con participaciones de la empresa Navitas Petroleum. En aquella presentación, el Gobierno argentino sostuvo que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina resulta contraria a la posición que mantiene el país respecto de su soberanía.
La nueva estrategia jurídica también se relaciona con el discurso que Milei pronunció pocos días antes ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí el Presidente volvió a reivindicar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y reclamó al Reino Unido la reanudación de las negociaciones para resolver la disputa de soberanía. Al mismo tiempo, cuestionó el funcionamiento de los organismos internacionales y sostuvo que la Argentina no permanecería esperando que la comunidad internacional actuara. Días después, el Ejecutivo decidió utilizar precisamente uno de los mecanismos jurídicos contemplados por el sistema internacional del derecho del mar.
El Gobierno también incorporó otro episodio a su ofensiva diplomática. Según informó oficialmente la Casa Rosada, se detectaron operaciones realizadas por la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas mediante una aeronave con matrícula británica, sin autorización de las autoridades argentinas. A partir de esa situación, Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y denuncias penales, además de las gestiones diplomáticas correspondientes. Este planteo se suma al reclamo sobre las actividades hidrocarburíferas y amplía los frentes administrativos y jurídicos que la Argentina busca activar.
El proceso iniciado ahora deberá atravesar distintas etapas jurídicas y diplomáticas antes de que pueda conocerse su resultado. El arbitraje bajo el Anexo VII de la CONVEMAR constituye el mecanismo anunciado por la Argentina, mientras que el eventual pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dependerá de que el Reino Unido no atienda la intimación formulada por Buenos Aires. De esta manera, el Gobierno nacional busca llevar la disputa por la explotación de hidrocarburos en Malvinas a una instancia internacional, mientras sostiene su reclamo histórico de soberanía y cuestiona las actividades unilaterales británicas en la zona.
Fuente: Política Argentina
