La Asociación de Trabajadores del Estado cuestionó el proceso de evaluación y promoción del personal científico-tecnológico del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa y denunció supuestas nulidades, problemas de quórum y conflictos de intereses. El gremio también advirtió sobre restricciones a su participación como veedor sindical.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció presuntas irregularidades en el proceso de evaluación del personal científico-tecnológico del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), organismo dependiente del Ministerio de Defensa. El sindicato reclamó el cese de lo que considera irregularidades administrativas dentro del Régimen para el Personal de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas de la Argentina (RPIDFA) y cuestionó el tratamiento de las carreras profesionales de trabajadores del organismo.
Según ATE, durante 2025 se profundizó una serie de conflictos vinculados con el funcionamiento del régimen de evaluación y promoción del personal científico y tecnológico. El sindicato sostuvo que las decisiones adoptadas perjudicaron a trabajadores con más de 15 y 30 años de trayectoria que, de acuerdo con la organización gremial, reunían los requisitos establecidos por la normativa para acceder a promociones dentro de sus respectivas carreras. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada públicamente por el gremio.
Uno de los puntos señalados por ATE son dos resoluciones administrativas. Se trata de la Resolución 2025-240-APN-MD, firmada durante la gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa, y de la Resolución 2025-2-APN-SIPIYPD#MD, suscripta por el actual secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Katzenell. Para el sindicato, ambas decisiones contienen vicios que afectarían la aplicación del régimen de evaluación y promoción del personal.
El gremio también planteó cuestionamientos relacionados con el funcionamiento de los órganos encargados de intervenir en las evaluaciones. ATE denunció la existencia de supuestas nulidades, problemas de quórum y conflictos de intereses, y vinculó esos planteos con el artículo 35, inciso b, del RPIDFA. En particular, señaló a Victoria Galán, directora nacional de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia para la Defensa, a quien atribuyó responsabilidades administrativas en el proceso cuestionado.
Otro de los ejes de la denuncia está relacionado con la participación gremial. ATE sostuvo que existen prácticas que buscan limitar su función histórica como veedor sindical en las convocatorias del régimen. Según el sindicato, esa participación permite ejercer un mecanismo de control sobre los procedimientos que involucran a los trabajadores y garantizar que las evaluaciones se desarrollen de acuerdo con las normas vigentes. El gremio afirmó que durante la convocatoria RPIDFA 2025 se produjeron medidas que afectaron esa tarea y que una situación similar podría repetirse en la convocatoria correspondiente a 2026.
La organización sindical vinculó además la situación actual con otros conflictos que había denunciado previamente en CITEDEF. Entre ellos mencionó el uso de instalaciones del organismo durante 2025 para estacionamiento vinculado al Quilmes Rock. ATE informó que presentó un descargo ante la Oficina Anticorrupción y señaló que, hasta el momento de la publicación de su denuncia, permanecían pendientes respuestas formales sobre ese episodio.
El conflicto se inscribe en una discusión más amplia sobre las condiciones de trabajo y el funcionamiento de los organismos científico-tecnológicos vinculados con el Estado nacional. ATE viene planteando públicamente reclamos relacionados con el presupuesto destinado a ciencia y tecnología y con la situación de los trabajadores de organismos considerados estratégicos. En septiembre, el sindicato también reunió a representantes del sector para analizar medidas frente a lo que definió como recortes y cambios en organismos vinculados con la investigación y el desarrollo productivo.
Por el momento, los cuestionamientos difundidos corresponden principalmente a la denuncia presentada por ATE, que reclama que se respeten las normas del RPIDFA y que se garantice la participación de la representación gremial en los procesos de evaluación. La situación podría derivar en nuevos reclamos administrativos o sindicales si el gremio considera que las convocatorias de 2026 mantienen las restricciones denunciadas. El caso vuelve a poner en discusión el funcionamiento de los mecanismos de evaluación, promoción y representación de los trabajadores científicos y tecnológicos dentro del área de Defensa.
Fuente: InfoGremiales
