La Federación Argentina de Municipios cuestionó la modificación del Régimen de Zona Fría aprobada por el Senado y advirtió por el impacto que tendrá sobre millones de usuarios de gas. En Córdoba, casi 700 mil familias de 13 departamentos dejarían de contar con el beneficio incorporado en 2021.
La Federación Argentina de Municipios (FAM) expresó su rechazo a la modificación del Régimen de Zona Fría sancionada por el Senado y advirtió que la medida tendrá un impacto directo sobre las facturas de gas de millones de hogares. La entidad, que reúne a más de 500 intendentes e intendentas de todo el país, cuestionó la decisión en un comunicado y sostuvo que la eliminación de parte del beneficio representa un perjuicio para las familias que viven en regiones donde las condiciones climáticas demandan un mayor consumo de gas para calefacción.
El pronunciamiento de la FAM se produjo luego de que el Senado aprobara el cambio del régimen que había obtenido previamente media sanción en la Cámara de Diputados. La modificación restringe el alcance del beneficio de Zona Fría a la Patagonia, la localidad mendocina de Malargüe y la región de La Puna. De esta manera, distintas zonas del país que habían sido incorporadas al esquema mediante una ampliación aprobada en 2021 quedarían fuera del régimen de tarifas diferenciales.
Según la Federación Argentina de Municipios, el régimen de Zona Fría fue establecido como una herramienta destinada a contemplar las particularidades climáticas de determinadas regiones del país. El mecanismo permite que los usuarios residenciales alcanzados accedan a tarifas de gas diferenciadas, teniendo en cuenta que durante los meses de bajas temperaturas el consumo energético necesario para calefaccionar los hogares aumenta. Para la organización municipal, eliminar esa protección implica trasladar mayores costos a las familias en territorios donde las condiciones climáticas justificaron originalmente la aplicación del beneficio.
Uno de los impactos señalados por la FAM se encuentra en la provincia de Córdoba. De acuerdo con la información difundida por la entidad, casi 700 mil familias pertenecientes a 13 departamentos dejarían de recibir el beneficio que había sido incorporado con la ampliación del régimen en 2021. La consecuencia, según el planteo publicado, sería un incremento de al menos 40% en las tarifas de gas para los hogares que actualmente se encuentran alcanzados por esa protección.
La entidad municipal vinculó el cambio con la situación económica que atraviesan numerosos hogares y cuestionó la eliminación de una herramienta que consideraba un mecanismo de alivio frente al costo de los servicios públicos. En su comunicado, la FAM sostuvo que la modificación llega en un contexto caracterizado, según sus términos, por tarifas elevadas y por la necesidad de afrontar inviernos con temperaturas particularmente bajas en distintas regiones. Para los intendentes que integran la organización, el impacto de la medida debe analizarse teniendo en cuenta esas condiciones concretas.
El presidente de la FAM, Fernando Espinoza, junto con los vicepresidentes Lorenzo Smith y Juan Manuel García, firmaron el comunicado mediante el cual la organización formalizó su rechazo. Allí señalaron que el régimen constituía una herramienta de protección para las familias alcanzadas y cuestionaron que se elimine una política que había sido ampliada años atrás. La entidad sostuvo además que continuará planteando la defensa del beneficio y reclamando modificaciones a la decisión adoptada por el Congreso.
La discusión sobre Zona Fría tiene además una dimensión federal, debido a que el régimen alcanzaba a usuarios de diferentes provincias y no únicamente a los territorios patagónicos. La ampliación aprobada en 2021 había incorporado nuevas localidades y departamentos al esquema de descuentos, extendiendo sus efectos hacia regiones que anteriormente no estaban incluidas. Con la nueva modificación legislativa, el universo de beneficiarios vuelve a reducirse y se concentra en las regiones específicamente contempladas por el nuevo esquema.
En el caso cordobés, el cambio genera especial atención por la cantidad de hogares que actualmente reciben el beneficio. La estimación difundida por la FAM indica que alrededor de 700 mil familias de 13 departamentos dejarían de contar con esa tarifa diferencial y podrían afrontar facturas significativamente más elevadas. La modificación abre así una nueva discusión sobre el costo de los servicios públicos, el criterio utilizado para determinar las regiones beneficiadas y el impacto de las tarifas energéticas sobre los presupuestos familiares.
Fuente: La Nueva Mañana
