La Pastoral Social de la Iglesia Católica reclamó al Congreso que avance con la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 por el impacto que tendría sobre el financiamiento de tratamientos, terapias, apoyos y prestaciones.
La Pastoral Social de la Iglesia Católica expresó su preocupación por la situación que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales que brindan servicios de atención y acompañamiento. A través de un comunicado difundido este lunes, el organismo pidió al Congreso que avance con la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y reclamó respuestas frente a las dificultades que atraviesa el sistema. El pronunciamiento se produjo en medio del debate legislativo sobre el Presupuesto 2027 y de los cuestionamientos que distintos sectores vienen realizando respecto del financiamiento de las prestaciones.
En ese marco, la Pastoral Social sostuvo que resulta necesario responder con rapidez a las necesidades del sector porque, según planteó, están en juego tratamientos, terapias, apoyos y condiciones básicas para la vida cotidiana de las personas con discapacidad. La organización religiosa señaló que muchas de esas prestaciones dependen de mecanismos de protección y financiamiento en los que interviene el Estado. Por ese motivo, reclamó que las decisiones administrativas y presupuestarias contemplen las consecuencias concretas que pueden tener sobre las personas que necesitan esos servicios de manera permanente.
Uno de los principales reclamos estuvo dirigido a senadores y diputados. La Pastoral Social pidió que los legisladores y funcionarios comprendan que las demoras administrativas no tienen las mismas consecuencias para todas las personas. En particular, señaló que para quienes dependen de tratamientos, prestaciones o apoyos específicos, una demora puede significar dificultades concretas para sostener su atención. En su comunicado, la entidad llamó a evitar que los tiempos institucionales terminen agravando situaciones que requieren respuestas inmediatas.
La Iglesia también cuestionó el enfoque planteado en el proyecto de Presupuesto 2027 respecto de las políticas destinadas al sector. Según la Pastoral Social, las modificaciones y restricciones presupuestarias podrían afectar mecanismos centrales de protección para las personas con discapacidad. En un documento difundido días antes, el área de Discapacidad de la Pastoral Social había advertido específicamente sobre propuestas vinculadas con la cobertura médica obligatoria, los aranceles de las prestaciones y las pensiones.
El planteo de la Iglesia se suma a una discusión que desde hace meses atraviesa al Gobierno nacional, al Congreso, a las organizaciones de personas con discapacidad, a las familias y a los prestadores. La Ley de Emergencia en Discapacidad fue objeto de una extensa disputa política y judicial. El Poder Ejecutivo había promulgado la norma mediante el Decreto 681/2025, aunque inicialmente suspendió su aplicación argumentando dificultades relacionadas con el financiamiento. Posteriormente, frente a reclamos y decisiones judiciales, el Gobierno terminó reglamentándola en febrero de 2026.
El reclamo por la continuidad de la emergencia también está relacionado con las dificultades económicas que atraviesan los prestadores. De acuerdo con reclamos recogidos durante el debate público, las familias y entidades del sector sostienen que todavía existen cuestiones pendientes vinculadas con la actualización de los aranceles y con compensaciones por el período de inflación acumulada. Entre los planteos aparece también la necesidad de recomponer los valores del nomenclador que determina los honorarios de servicios como transporte, terapias y centros de día.
En su pronunciamiento, la Pastoral Social planteó además que la discapacidad no debería ser considerada exclusivamente como una problemática individual de quienes viven esa situación y de sus familias. Desde esa perspectiva, sostuvo que existe una responsabilidad social y estatal en garantizar los apoyos necesarios. La organización advirtió que cuando el acceso a las prestaciones depende principalmente de los recursos económicos de cada familia, existe el riesgo de que las posibilidades de atención y acompañamiento queden condicionadas por la capacidad de pago de cada persona.
El posicionamiento de la Iglesia se produce además en un contexto de creciente discusión pública sobre las políticas de discapacidad y mientras se prepara la visita del papa León XIV a la Argentina. La agenda prevista para noviembre contempla una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. La Pastoral Social había señalado que esa visita posee un significado particular frente al debate que atraviesa actualmente al sector. Mientras continúa la discusión parlamentaria sobre la emergencia y el Presupuesto 2027, el organismo eclesial insistió en que las decisiones sobre recursos públicos deben considerar las consecuencias sociales y humanas de las medidas adoptadas.
Fuente: La Nueva Mañana
