Apenas cinco días después de calificar a la ONU de “inútil” y cuestionar duramente su funcionamiento, el Gobierno de Javier Milei anunció que activará un procedimiento de arbitraje previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para intentar frenar la explotación hidrocarburífera británica en la Cuenca Malvinas Norte. Además, emplazó al Reino Unido por dos semanas.
La política exterior del Gobierno volvió a quedar atravesada por una fuerte contradicción política. El 23 de septiembre, durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Javier Milei cuestionó duramente al organismo y lo calificó de “inútil”, además de acusarlo de no actuar frente al reclamo argentino por Malvinas. Apenas cinco días después, la Casa Rosada anunció que utilizará uno de los mecanismos jurídicos internacionales vinculados precisamente con el sistema de Naciones Unidas para avanzar contra las actividades británicas en el Atlántico Sur.
La decisión fue comunicada este lunes por la Oficina del Presidente. Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objetivo de impedir la explotación de hidrocarburos en la denominada Cuenca Malvinas Norte a través del proyecto Sea Lion.
El Gobierno argentino también emplazó formalmente al Reino Unido por un plazo de dos semanas para que adopte las medidas necesarias destinadas a impedir el inicio o la continuidad de las actividades de explotación hidrocarburífera en la plataforma continental argentina. Si Londres no cumple con el requerimiento, la administración Milei anunció que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar los derechos que Argentina sostiene sobre esa plataforma.
La argumentación oficial se apoya, entre otros elementos, en las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas. La primera reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e insta a ambos países a negociar una solución pacífica. La segunda llama a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras continúa el proceso recomendado por la Asamblea General.
El punto más sensible es el proyecto Sea Lion, vinculado a la explotación de hidrocarburos en la zona norte de las Islas Malvinas. La administración argentina sostiene que las actividades británicas son contrarias al derecho internacional y que generan un perjuicio para los derechos soberanos argentinos. El Gobierno también anticipó que buscará impedir nuevos permisos de explotación de recursos naturales en la plataforma continental.
La Casa Rosada agregó otro elemento al conflicto al denunciar operaciones realizadas por THALES UK LIMITED en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas mediante una aeronave con matrícula británica, sin autorización de autoridades argentinas. Según el comunicado oficial, Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y denuncias penales, además de las gestiones diplomáticas correspondientes.
El giro abre una discusión política inevitable. El mismo Gobierno que pocos días atrás descalificó a la ONU como una estructura inútil ahora recurre a un mecanismo internacional previsto por una convención de Naciones Unidas para intentar defender la posición argentina frente al Reino Unido. Más allá de la valoración que cada sector haga de esa estrategia, el episodio muestra que la disputa por Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda exterior del Gobierno y que el conflicto petrolero suma una nueva dimensión jurídica internacional.
