El titular del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, reconoció que cerca de la mitad de los adjudicatarios no paga sus cuotas en término. Además, señaló que unas 170.000 familias están inscriptas en el registro habitacional, mientras que actualmente hay alrededor de 900 viviendas en ejecución.
El Gobierno de Chaco reconoció un escenario complejo en materia habitacional. El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, informó que la morosidad entre los adjudicatarios de viviendas se encuentra cercana al 50% y estimó en 67.500 unidades el déficit habitacional de la provincia. Los datos fueron difundidos al explicar una nueva moratoria para quienes mantienen cuotas pendientes.
Según explicó el funcionario, el régimen de regularización permite refinanciar las deudas acumuladas en planes de entre 120 y 360 cuotas, lo que significa que algunos beneficiarios podrán extender el pago de sus obligaciones hasta por 30 años. La medida apunta a recuperar recursos del organismo y facilitar la regularización de quienes presentan atrasos.
Berecoechea señaló que el recupero de las cuotas constituye una fuente necesaria para sostener la construcción de nuevas viviendas. Sin embargo, reconoció que aproximadamente uno de cada dos adjudicatarios no cumple regularmente con los pagos, situación que limita la capacidad financiera del organismo provincial para afrontar la demanda existente.
El contraste entre la demanda y las obras actualmente en marcha también aparece entre los datos expuestos. De acuerdo con las cifras difundidas, alrededor de 170.000 familias permanecen inscriptas en el registro provincial de demanda habitacional, mientras que el IPDUV tiene unas 900 viviendas en ejecución.
La diferencia entre esas cifras refleja la magnitud del desafío que enfrenta la provincia. Frente a un déficit estimado en 67.500 viviendas y una demanda registrada que alcanza a unas 170.000 familias, el número de unidades actualmente en construcción representa una proporción reducida de las necesidades relevadas por el propio organismo.
El panorama habitacional se combina además con dificultades en el mercado laboral chaqueño. Según datos oficiales del SIPA citados por El Destape, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 la provincia perdió 8.314 puestos de trabajo registrados, equivalente a una caída del 10,7%. En el último año relevado, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, se habrían perdido otros 4.437 empleos formales.
A este escenario se suman los indicadores sociales del Gran Resistencia. Un informe citado por El Destape ubicó la pobreza en 48,6% de la población durante el primer semestre de 2026, mientras que la indigencia alcanzó el 17,3%. El relevamiento estimó unas 209.000 personas pobres y alrededor de 74.000 personas en situación de indigencia en el principal aglomerado urbano chaqueño.
Los datos oficiales y las estimaciones difundidas abren así un nuevo foco sobre la situación habitacional de Chaco: una combinación de elevada morosidad, una fuerte demanda de viviendas y un volumen limitado de obras en ejecución. La moratoria anunciada por el IPDUV busca mejorar el recupero de cuotas, mientras la provincia enfrenta el desafío de ampliar la respuesta frente al déficit habitacional registrado.
Fuente: El Destape
