El Senado convirtió en ley la reforma del Régimen de Zonas Frías, que restringe el beneficio tarifario a la Patagonia, la Puna y Malargüe. La Federación Argentina de Municipios cuestionó la medida y advirtió por su impacto sobre millones de hogares.
El Senado de la Nación convirtió en ley la modificación del Régimen de Zonas Frías, una reforma que reduce el alcance del subsidio al gas natural y deja fuera del beneficio automático a millones de usuarios que habían sido incorporados con la ampliación aprobada en 2021. La iniciativa fue sancionada el jueves 24 de septiembre con 38 votos a favor y 8 en contra.
Con el nuevo esquema, el beneficio queda concentrado principalmente en la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. De acuerdo con estimaciones publicadas tras la sanción, alrededor de 3,35 millones de usuarios dejarán de contar con el subsidio automático que recibían bajo el régimen ampliado.
El régimen original había sido creado en 2002 para contemplar las necesidades de calefacción de las regiones con temperaturas más bajas. En 2021, su alcance se amplió a nuevas localidades de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y otras jurisdicciones, multiplicando la cantidad de hogares alcanzados por el descuento.
La reforma también modifica la forma en que se calcula el beneficio para quienes permanecen dentro del régimen. El descuento dejará de aplicarse sobre el total de la factura y se concentrará sobre el componente correspondiente al precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST). Esto implica que incluso algunos usuarios que conservan el beneficio podrían afrontar facturas superiores.
En Córdoba, entre las zonas que dejarían de contar con el beneficio aparecen departamentos como Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto, según el detalle difundido luego de la aprobación de la nueva normativa.
Frente a la sanción, la Federación Argentina de Municipios (FAM) expresó su rechazo y sostuvo que la eliminación de las tarifas diferenciales representará un impacto para millones de familias. La entidad, que reúne a más de 500 intendentes e intendentas, calificó la modificación como un “golpe directo al bolsillo” y cuestionó especialmente el contexto de costos energéticos y necesidades de calefacción durante los meses de bajas temperaturas.
Desde la FAM también señalaron que el régimen constituía un alivio para los hogares ubicados en regiones donde las condiciones climáticas generan un mayor consumo de gas. Estas expresiones forman parte del posicionamiento de la entidad frente a la reforma y no modifican el hecho de que la nueva normativa ya fue sancionada por el Congreso.
La modificación abre ahora una nueva etapa en el esquema de subsidios energéticos y tendrá efectos diferentes según la localidad y la situación de cada usuario. El debate queda planteado entre la reducción y focalización del gasto en subsidios impulsada por el Gobierno y los cuestionamientos de municipios y organizaciones que advierten sobre el impacto que el cambio puede tener en las facturas de los hogares alcanzados.
Fuente: Infonews
