Más de 500 intendentes repudiaron los cambios en el régimen de zonas frías y advirtieron por el impacto en las tarifas

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La Federación Argentina de Municipios cuestionó la modificación del régimen de subsidios al gas aprobada por el Congreso y advirtió que millones de hogares dejarán de contar automáticamente con el beneficio. El cambio apunta a reducir el costo fiscal, mientras los municipios reclaman por el impacto que tendrá sobre las facturas de gas.

Más de 500 intendentes e intendentas nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) expresaron su rechazo a la modificación del Régimen de Zonas Frías impulsada por el Gobierno nacional y aprobada recientemente por el Congreso. La entidad sostuvo que la medida tendrá consecuencias sobre millones de usuarios de gas que hasta ahora contaban con tarifas diferenciales para afrontar los mayores costos de calefacción durante los meses de bajas temperaturas.

El régimen había sido ampliado en 2021 mediante la Ley 27.637, incorporando nuevas zonas de distintas provincias al esquema de descuentos sobre el consumo residencial de gas natural. Entre las jurisdicciones alcanzadas por aquella ampliación se encontraban sectores de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, Salta, Jujuy y La Rioja, además de las regiones que ya estaban comprendidas anteriormente.

Con la nueva normativa, el esquema vuelve hacia una cobertura geográfica más acotada, basada en las zonas que originalmente habían sido contempladas por el régimen. En las áreas incorporadas en 2021, el acceso al beneficio deja de ser automático y queda sujeto a criterios vinculados con la vulnerabilidad de los hogares. El cambio implica que más de 3,3 millones de usuarios que habían quedado incluidos en la ampliación dejarán de recibir automáticamente la tarifa diferencial.

Desde la Federación Argentina de Municipios cuestionaron especialmente el impacto que esta modificación puede generar sobre las economías familiares. En un comunicado firmado por su presidente, Fernando Espinoza, y sus vicepresidentes Lorenzo Smith y Juan Manuel García, la entidad sostuvo que la eliminación del beneficio representará un incremento de los costos para hogares ubicados en regiones donde las bajas temperaturas generan una mayor necesidad de calefacción.

El Gobierno nacional, por su parte, impulsa la reducción de los subsidios como parte de su política de disminución del gasto público. De acuerdo con la información difundida sobre el proyecto, el retorno a un esquema más reducido de Zonas Frías permitiría un ahorro fiscal estimado en alrededor de 400 millones de dólares anuales. El oficialismo había defendido la modificación bajo argumentos vinculados con la focalización de los subsidios y la reducción del gasto estatal.

La discusión también tiene una dimensión territorial importante. El beneficio alcanza actualmente a usuarios de distintas provincias y, por lo tanto, su modificación impacta de manera diferente según las condiciones climáticas, los niveles de consumo y la situación socioeconómica de cada región. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, 94 municipios quedarían fuera del beneficio automático, de acuerdo con información publicada sobre el alcance de la reforma.

El reclamo municipal se produce además en un contexto de fuerte debate sobre el costo de los servicios públicos. La FAM sostuvo que las tarifas energéticas representan una preocupación creciente para los hogares y consideró que retirar la cobertura diferencial puede incrementar la presión sobre los presupuestos familiares. Esa es la interpretación expresada por la entidad municipal, mientras que la administración nacional sostiene una estrategia de reducción de subsidios y mayor focalización del gasto.

La modificación del Régimen de Zonas Frías queda así en el centro de una discusión más amplia sobre cómo distribuir el costo de los servicios energéticos y qué sectores deben recibir asistencia estatal. Para los municipios que integran la FAM, la eliminación del beneficio automático supone una transferencia de mayores costos hacia las familias de las regiones afectadas. Para el Gobierno, el cambio forma parte de una política de reducción del gasto en subsidios. El impacto concreto dependerá ahora de la aplicación del nuevo esquema y de la situación particular de cada usuario.

Fuente: Primereando

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