La Justicia Federal investiga una presunta maniobra irregular en la liquidación de sueldos, suplementos y horas extras dentro de la Armada Argentina. La denuncia documentó inicialmente 645 acreditaciones indebidas por $981 millones, mientras que una investigación interna de la fuerza estima que el perjuicio podría alcanzar los $1.600 millones.
La Armada Argentina quedó bajo investigación judicial por una presunta maniobra irregular vinculada con la liquidación y acreditación de haberes de personal militar y civil. El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por el jefe de Administración Financiera de la fuerza, capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, luego de que una investigación interna detectara diferencias entre las liquidaciones, los recibos de sueldo y las transferencias bancarias realizadas.
Según la denuncia presentada ante la Justicia Federal, las irregularidades se habrían producido entre julio de 2022 y enero de 2026. La auditoría identificó inicialmente 645 acreditaciones indebidas por un total de $981.148.567,88. Después de algunas devoluciones, el perjuicio consignado en la presentación judicial quedó en torno a los $938 millones. Paralelamente, fuentes de la Armada señalaron que la investigación administrativa continúa y que el monto total bajo análisis podría ascender a unos $1.600 millones.
La diferencia entre ambas cifras resulta relevante para dimensionar el estado de la causa. Los aproximadamente $938 millones corresponden al monto reconstruido y documentado en la denuncia penal, mientras que los $1.600 millones constituyen una estimación surgida de la investigación interna que todavía debe ser corroborada. Por ese motivo, el monto mayor no puede presentarse actualmente como una cifra judicialmente establecida.
La pesquisa comenzó luego de que, durante una revisión de los haberes correspondientes a enero de 2026, se detectaran suplementos que no correspondían a determinados integrantes del Departamento Revista. A partir de ese hallazgo, la Armada amplió la auditoría hacia períodos anteriores. El análisis encontró diferencias entre las liquidaciones internas y los archivos enviados para realizar las transferencias bancarias, además de acreditaciones que no aparecían reflejadas correctamente en los recibos de sueldo.
La investigación alcanzó inicialmente a 23 personas. Entre ellas aparecen cuatro personas que, de acuerdo con la documentación judicial difundida, no tenían vínculo laboral con la Armada y recibieron importantes sumas de dinero. Una de las personas mencionadas es María del Carmen Prieto, esposa del entonces jefe del Departamento Revista, capitán de navío y contador Ariel Baltasar Atanasoff. Según la denuncia, Prieto recibió aproximadamente $152,2 millones distribuidos en 46 acreditaciones.
La Justicia busca determinar cómo se habría realizado la operatoria y quiénes tuvieron acceso a los mecanismos administrativos utilizados para efectuar los pagos. Entre las hipótesis investigadas aparecen modificaciones en los archivos utilizados para ordenar las transferencias, pagos que no coincidían con las liquidaciones oficiales y acreditaciones realizadas a personas que no figuraban como destinatarias de determinados haberes. La investigación deberá establecer si se trató de errores administrativos, maniobras deliberadas o una combinación de distintas irregularidades.
El expediente judicial ya comenzó a incorporar nuevas pruebas. El juez federal Sebastián Ramos ordenó el secuestro de computadoras y otros dispositivos que se encontraban bajo resguardo en una caja fuerte del Edificio Libertad, sede de la Armada. Además, dos militares que participaron de la investigación interna prestaron declaración testimonial. Los dispositivos y testimonios serán utilizados para reconstruir el circuito de las operaciones y determinar quiénes intervinieron.
En paralelo, la conducción de la Armada dispuso medidas administrativas contra personal involucrado y analiza una reestructuración del área encargada de la liquidación y control de haberes. La fuerza informó oficialmente que nueve militares fueron apartados de sus funciones —ocho capitanes de corbeta y un suboficial— mientras continúan las actuaciones administrativas y judiciales. El Ministerio de Defensa y la conducción naval deberán ahora determinar las responsabilidades correspondientes, mientras que la Justicia avanzará sobre la eventual existencia de delitos.
Fuente: Política Argentina
