Según La Política Online, el Presidente habría tomado conocimiento de parte de las denuncias sobre presuntas irregularidades en la Quinta de Olivos a través de las publicaciones de la diputada Marcela Pagano en redes sociales. La situación se produjo en paralelo con despidos de personal, el desplazamiento de funcionarios y el traspaso de la administración de la residencia a la Casa Militar.
La situación en la Quinta Presidencial de Olivos sumó un nuevo capítulo luego de que trascendiera que el presidente Javier Milei habría conocido parte de las denuncias sobre presuntas irregularidades en la residencia a partir de los posteos publicados por la diputada nacional Marcela Pagano en la red social X. La versión fue difundida por La Política Online (LPO) y se inscribe en una serie de hechos que durante septiembre derivaron en cambios en la administración de la residencia presidencial.
El episodio comenzó a tomar mayor dimensión después de que el Gobierno dispusiera cambios en el funcionamiento de la Quinta de Olivos y la salida de varios trabajadores civiles. La administración de la residencia fue transferida a la Casa Militar y se anunció la disolución de la estructura administrativa que hasta entonces tenía a su cargo distintas tareas operativas. Desde la Casa Rosada se explicó que la reorganización respondía a razones vinculadas con la seguridad presidencial y a la necesidad de elevar los estándares de control.
En paralelo, Pagano comenzó a publicar una serie de denuncias relacionadas con contrataciones, compras y personas vinculadas con la administración de Olivos. La legisladora sostuvo públicamente que existían posibles irregularidades en el manejo de recursos y presentó información ante la Justicia federal. Es importante señalar que se trata de denuncias y acusaciones que deben ser investigadas, por lo que no corresponde presentar como hechos probados las hipótesis planteadas en esas presentaciones.
Uno de los principales puntos señalados por la diputada estuvo relacionado con Belén Agudiez, quien ocupaba el cargo de subsecretaria de Planificación General y tenía responsabilidades sobre el funcionamiento de la residencia. Según las denuncias de Pagano y publicaciones periodísticas, distintos familiares de Agudiez habían sido incorporados a tareas vinculadas con Olivos. Agudiez dejó su cargo y su salida fue posteriormente formalizada mediante el Boletín Oficial.
Las denuncias también incluyeron cuestionamientos sobre las compras de alimentos destinadas a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos. Pagano difundió datos de expedientes de contratación pública y puso el foco en las cantidades adquiridas de determinados productos. Entre sus publicaciones sostuvo, por ejemplo, que los registros mostraban diferencias en el consumo de algunos alimentos entre ambas dependencias oficiales. Esos datos fueron utilizados por la diputada como parte de sus argumentos para solicitar que se investigara el funcionamiento de la residencia.
Otro de los aspectos denunciados fue la presunta existencia de vínculos entre personas que desempeñaban funciones dentro de Olivos y actividades comerciales privadas. En particular, Pagano mencionó a un servicio de catering denominado “Pancitos Caseros” y planteó interrogantes sobre el eventual uso de recursos, instalaciones o insumos de la residencia presidencial. Estas afirmaciones forman parte de una denuncia presentada ante la Justicia y deberán ser corroboradas o descartadas mediante la investigación correspondiente.
En ese contexto, LPO sostiene que Milei habría tomado conocimiento de parte de la situación a través de los posteos de Pagano, mientras avanzaban los cambios dentro de Olivos. El dato aparece como una versión periodística atribuida a fuentes consultadas por el medio y no como una comunicación oficial de la Presidencia. Por eso, la afirmación sobre cómo y cuándo el Presidente tomó conocimiento de las denuncias debe ser considerada dentro de ese marco.
La controversia continúa mientras la Justicia analiza las presentaciones realizadas y el Gobierno reorganiza el funcionamiento de la Quinta de Olivos. La Casa Militar quedó a cargo de la residencia en el marco de la nueva estructura, mientras que distintas personas mencionadas en las denuncias quedaron bajo la atención pública y judicial. El desarrollo de la investigación permitirá determinar si las irregularidades denunciadas tienen sustento documental y si eventualmente existieron responsabilidades administrativas o penales.
Fuente: La Política Online
