La Unión Industrial Argentina mantuvo este martes una reunión con funcionarios nacionales y presentó una agenda de medidas destinadas principalmente a las pymes. La entidad planteó cambios tributarios, mecanismos para financiar las facturas de energía y una reducción de los costos del crédito productivo, en un escenario marcado por una caída interanual del 4,9% de la actividad industrial en julio.
En medio de la preocupación empresaria por la evolución de la actividad manufacturera, la Unión Industrial Argentina (UIA) llevó este martes al Gobierno nacional una serie de reclamos vinculados con los impuestos, el costo de la energía y las dificultades para acceder al financiamiento. El encuentro estuvo previsto para las 10 y contó con la participación del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, mientras que la delegación industrial estuvo encabezada por el presidente de la UIA, Martín Rappalini. La reunión se produjo pocos días después de que la Junta Directiva de la entidad expresara públicamente su preocupación por la falta de recuperación de la producción y el deterioro del empleo industrial.
El planteo empresarial se da además en un contexto de retroceso de la producción fabril. Según el dato más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la actividad industrial cayó 4,9% interanual durante julio. De los 16 sectores que integran el indicador, 12 registraron bajas respecto del mismo mes del año anterior, mientras que 15 mostraron retrocesos en la comparación mensual. Para la UIA, este escenario refuerza la necesidad de adoptar medidas que reduzcan los costos que enfrentan las empresas y permitan sostener la producción y el empleo, particularmente en las pequeñas y medianas industrias.
Uno de los principales ejes de la reunión fue el tributario. La UIA planteó la suspensión de embargos durante 180 días y la posibilidad de trasladar obligaciones de un plan de pagos a otro, además de una reducción de las tasas de financiación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). También propuso diferir durante seis meses determinados vencimientos impositivos, entre ellos el IVA para actividades estacionales. A estos pedidos se sumaron la propuesta de anualizar las cargas sociales, postergar contribuciones patronales para las economías regionales y acelerar la devolución de saldos a favor de impuestos nacionales.
La central fabril también puso sobre la mesa su diagnóstico sobre la presión tributaria. Según la UIA, la presión fiscal formal alcanza el 56%, una situación que, desde la perspectiva de la entidad, genera dificultades para las empresas industriales que deben competir con productos importados. El reclamo apunta a avanzar hacia un denominado “pacto fiscal federal” que involucre a los distintos niveles del Estado: Nación, provincias y municipios. Para los industriales, la estructura tributaria forma parte de los costos que condicionan la competitividad en un escenario de apertura comercial y una demanda interna que todavía presenta dificultades para recuperar dinamismo.
El costo de la energía constituyó otro de los puntos centrales del encuentro. De acuerdo con la información difundida por la UIA, las empresas alcanzadas por la categoría Grandes Usuarios de la Distribuidora (GUDI) recibieron incrementos de entre 90% y 100% en el costo básico de sus facturas, con casos en los que el monto llegó a duplicarse respecto del período anterior. Frente a este escenario, la entidad pidió implementar mecanismos que permitan financiar el pago de las facturas y prorratear los vencimientos, con el objetivo de evitar que los aumentos tengan un impacto inmediato sobre el capital de trabajo de las empresas.
El acceso al crédito productivo fue otro de los reclamos destacados. La UIA propuso reducir la carga impositiva aplicada a los préstamos y eliminar los tributos correspondientes a operaciones destinadas a refinanciar pasivos empresariales. Según los cálculos presentados por la entidad, los impuestos vinculados con la intermediación financiera incrementan en promedio más de 18% el costo de un crédito productivo. En el escenario utilizado por la organización industrial, una tasa nominal anual de referencia del 35% puede transformarse en un costo financiero total de aproximadamente 41,4%, lo que representa unos 6,4 puntos porcentuales adicionales.
La agenda presentada al Gobierno también incluyó cuestionamientos a una reciente modificación de la Comisión Nacional de Valores (CNV), relacionada con el uso de cheques electrónicos para determinadas operaciones realizadas mediante cuentas comitentes. La UIA incorporó además planteos relacionados con los costos logísticos y otros componentes que impactan sobre la estructura de producción. De esta manera, el reclamo empresario no quedó limitado a una cuestión tributaria, sino que abarcó distintos factores que, según la entidad, inciden sobre el costo final de producir en el país y sobre las posibilidades de financiamiento de las compañías.
La reunión entre la UIA y el Gobierno se produce así en un momento en el que la industria busca recuperar niveles de actividad mientras enfrenta una combinación de menor producción, mayores costos y dificultades de financiamiento. Los datos de julio muestran un retroceso interanual de la actividad fabril y una caída mensual en 15 de los 16 sectores relevados, mientras que la UIA sostiene que las pymes requieren medidas específicas para afrontar sus obligaciones y sostener el capital de trabajo. Los planteos quedaron formalmente sobre la mesa del Gobierno, que deberá evaluar las propuestas empresarias en el marco de su política económica y fiscal.
Fuente: Política Argentina
