El Foro de Periodismo Argentino cuestionó un artículo del proyecto enviado por el Gobierno al Congreso que propone penas de prisión para quienes, con financiamiento o apoyo extranjero, procuren alterar procesos electorales o “manipular la opinión pública” mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. La organización pidió revisar la redacción para evitar afectaciones al ejercicio periodístico y la crítica política.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su preocupación por un apartado del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso. La organización sostuvo que determinadas disposiciones de la iniciativa pueden generar un “riesgo concreto” para la libertad de expresión y reclamó modificaciones antes de que el texto avance en el tratamiento parlamentario. El planteo se concentra especialmente en el Título VI del proyecto, que incorpora nuevas figuras al Código Penal.
El punto cuestionado por FOPEA es el artículo 225 bis propuesto, que establece penas de entre 5 y 12 años de prisión, que podrían elevarse a entre 8 y 15 años en determinados supuestos agravados, para quienes actúen por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero y procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.
La organización aclaró que comparte la necesidad de combatir la desinformación y las operaciones de injerencia extranjera que puedan distorsionar el debate público. Sin embargo, sostuvo que el problema se encuentra en la manera en que están definidos los comportamientos que podrían convertirse en delitos. En particular, FOPEA señaló que expresiones como “manipular la opinión pública” y “desinformación” no cuentan, según su análisis, con una delimitación suficientemente precisa para una norma de carácter penal.
De acuerdo con el planteo de la entidad periodística, esa falta de precisión podría dejar un margen amplio para interpretaciones y aplicaciones discrecionales. FOPEA advirtió que una normativa de estas características debería establecer con claridad cuáles son las conductas concretas que pueden ser sancionadas y cuáles quedan protegidas por las garantías constitucionales vinculadas con la libertad de expresión. La organización también remarcó que el objetivo de combatir operaciones de influencia extranjera no debería traducirse en restricciones sobre el ejercicio legítimo del periodismo.
El proyecto presentado por el Gobierno no se limita a las disposiciones vinculadas directamente con la soberanía sobre las Islas Malvinas. La iniciativa también propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, modificar aspectos de la Ley de Defensa Nacional, incorporar herramientas relacionadas con la protección del espacio aéreo y marítimo y establecer nuevas regulaciones frente a amenazas externas. Además, plantea elevar a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)
Dentro del capítulo referido a la influencia extranjera, la iniciativa también contempla restricciones sobre aportes de personas extranjeras a partidos y campañas políticas, además de nuevas figuras penales relacionadas con la revelación de secretos, la colaboración con operaciones clandestinas de inteligencia y acciones destinadas a afectar procesos electorales. El Gobierno presenta estas herramientas como parte de un esquema para proteger la soberanía y la seguridad nacional frente a amenazas externas.
La preocupación de FOPEA se suma a cuestionamientos formulados por distintos sectores políticos y especialistas respecto del alcance de las nuevas figuras penales. Algunos constitucionalistas consultados por medios nacionales señalaron que la amplitud de conceptos incluidos en el proyecto podría generar problemas de interpretación. Desde otros sectores, en cambio, se sostiene que la iniciativa busca establecer herramientas frente a operaciones extranjeras capaces de interferir en procesos electorales y en la seguridad del Estado.
Frente a este escenario, FOPEA pidió al Congreso separar el tratamiento del artículo cuestionado del resto del proyecto de soberanía y avanzar en una revisión específica de su redacción. La organización propuso que ese análisis incluya la participación de entidades periodísticas y organizaciones de derechos humanos, además de una definición taxativa de las conductas que se pretende sancionar. También reclamó incorporar una cláusula que excluya expresamente de responsabilidad penal la difusión de opiniones, informaciones o críticas protegidas por la libertad de expresión.
Fuente: La Nueva Mañana
