Una presentación cuestiona los balances correspondientes a 2019 y 2020 del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires y sostiene que existen inconsistencias en las fechas de las asambleas y en las firmas de funcionarios que supuestamente fiscalizaron el proceso. Desde el sector opositor reclaman la nulidad de todo el procedimiento.
La conducción del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), encabezada por Amadeo Genta, quedó nuevamente en el centro de una denuncia por presuntas irregularidades vinculadas con la documentación contable y administrativa de la organización. Según publicó InfoGremiales, el cuestionamiento se concentra en los balances correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 y en la documentación relacionada con la Asamblea General Ordinaria que debía aprobarlos.
La presentación fue impulsada por Carlos Elías, referente de un sector opositor a la conducción de Genta. De acuerdo con lo informado, la denuncia sostiene que durante años se reclamó ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales la presentación de los balances y de la documentación respaldatoria correspondiente. El planteo cobró nuevo impulso luego de que la documentación fuera presentada ante el Ministerio de Capital Humano y, según el denunciante, permitiera advertir inconsistencias que ya habían sido señaladas anteriormente.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con las fechas consignadas en la documentación. Según la denuncia citada por InfoGremiales, el acta oficial señala que la Asamblea General Ordinaria se realizó el 28 de septiembre de 2021, mientras que las planillas de asistencia tendrían manuscrita como fecha el 28 de octubre de ese mismo año. Para el sector denunciante, esta diferencia plantea interrogantes sobre la validez de la documentación utilizada para respaldar la realización de la asamblea.
El planteo también pone el foco en los funcionarios de la entonces Secretaría de Trabajo que aparecen vinculados con la fiscalización del proceso. La denuncia sostiene que determinados funcionarios fueron designados en octubre de 2021, mientras que la documentación del sindicato ubicaría la asamblea en septiembre. A partir de esa diferencia temporal, el sector opositor sostiene que esos funcionarios no podrían haber fiscalizado un acto que, según el propio expediente sindical, habría ocurrido antes de sus respectivas designaciones.
Otro de los puntos señalados tiene que ver con el tiempo transcurrido entre distintas instancias de la Asamblea. Carlos Elías afirmó que entre el inicio de la asamblea cuestionada y la firma de las planillas habrían transcurrido 49 días. Según su interpretación, ese lapso habría excedido los plazos correspondientes a un cuarto intermedio y, por lo tanto, podría implicar que se trató de una nueva asamblea que no habría sido convocada formalmente. Se trata de uno de los argumentos utilizados para solicitar la nulidad del procedimiento.
La controversia también alcanzó al propio proceso de presentación de la documentación. Según la información publicada por InfoGremiales, Genta envió en agosto pasado una comunicación al Ministerio de Capital Humano en la que explicó la demora en la entrega de los documentos y atribuyó la situación a un “traspapelamiento en su recepción”. La aparición de esa documentación permitió, según el medio, reactivar los cuestionamientos formulados años atrás por el sector opositor.
Desde el espacio que cuestiona a la conducción sindical sostienen que las irregularidades denunciadas deberían ser analizadas antes de avanzar con la aprobación de los balances. Elías planteó que existiría una intención de avanzar con el denominado “Proyecto OMA” y con la aprobación de los ejercicios contables, pese a los cuestionamientos planteados sobre la validez de la Asamblea y la documentación presentada. Por el momento, esas afirmaciones forman parte del planteo realizado por el sector opositor y deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control interno y administrativo de uno de los sindicatos con mayor peso dentro de la estructura de los trabajadores municipales porteños. La discusión sobre los balances 2019 y 2020 no se limita a una cuestión contable: también involucra la validez de una asamblea, las actuaciones de los organismos de aplicación y la documentación que respalda las decisiones institucionales del gremio. El pedido de nulidad presentado por los denunciantes abre ahora una nueva instancia para determinar si las irregularidades señaladas tienen sustento documental y qué consecuencias podrían derivarse de ellas.
Fuente: Infogremiales
