El Poder Ejecutivo presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en Malvinas y otros espacios del Atlántico Sur. El proyecto también propone crear un Sistema de Seguridad Nacional y modificar normas vinculadas con la defensa y la protección de infraestructura crítica.
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que había sido anunciada por el presidente Javier Milei a comienzos de septiembre en el marco de la disputa por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. El texto ingresó a la Cámara de Diputados y comenzará ahora su recorrido parlamentario.
La propuesta tiene como uno de sus principales objetivos establecer un nuevo régimen de sanciones para las empresas y personas que exploten recursos naturales sin autorización del Estado argentino en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, la Plataforma Continental Argentina y los espacios marítimos correspondientes. El proyecto amplía el alcance de la normativa vigente y contempla tanto sanciones penales como económicas.
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que había sido anunciada por el presidente Javier Milei a comienzos de septiembre en el marco de la disputa por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. El texto ingresó a la Cámara de Diputados y comenzará ahora su recorrido parlamentario.
La propuesta tiene como uno de sus principales objetivos establecer un nuevo régimen de sanciones para las empresas y personas que exploten recursos naturales sin autorización del Estado argentino en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, la Plataforma Continental Argentina y los espacios marítimos correspondientes. El proyecto amplía el alcance de la normativa vigente y contempla tanto sanciones penales como económicas.
Entre las medidas previstas aparecen penas de prisión para quienes participen en actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización. De acuerdo con el texto difundido por distintos medios, las penas podrían alcanzar hasta 20 años en determinados supuestos relacionados con la extracción, transporte o almacenamiento de recursos. También se establecen multas y sanciones para las compañías involucradas.
El proyecto también apunta a quienes brinden bienes o servicios destinados a esas actividades. La iniciativa contempla sanciones para empresas que aporten logística, embarcaciones, tecnología u otros recursos cuando tengan conocimiento del destino de esas prestaciones. Además, las sociedades consideradas infractoras podrían enfrentar la pérdida de beneficios fiscales, la revocación de permisos y restricciones para operar o contratar con el Estado argentino.
Otro de los ejes centrales de la iniciativa es la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, cuyo órgano rector sería un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente. Según el proyecto, el esquema integraría distintas áreas del Estado, entre ellas la Jefatura de Gabinete, Cancillería, Defensa, Economía e inteligencia, con el objetivo de coordinar políticas vinculadas con la seguridad y la soberanía.
La propuesta también incorpora modificaciones relacionadas con la protección de infraestructura crítica y establece herramientas para la protección aeroespacial y marítima. El Gobierno había anticipado estos objetivos en su comunicado oficial del 3 de septiembre, cuando anunció el envío del proyecto y sostuvo que buscaba coordinar las áreas de Defensa, Seguridad Nacional, Inteligencia, Cancillería y Economía frente a cuestiones consideradas estratégicas.
El ingreso del proyecto se produce en un contexto marcado por el avance de actividades vinculadas con la explotación petrolera en el Atlántico Sur. El Gobierno argentino cuestionó específicamente el proyecto Sea Lion y sostuvo que la explotación de recursos naturales en las islas se realiza sin autorización argentina. A partir de ese escenario, el Ejecutivo planteó la necesidad de reforzar las herramientas legales, económicas, diplomáticas y de seguridad disponibles para sostener el reclamo de soberanía.
Ahora será el Congreso el encargado de analizar el contenido de la iniciativa, discutir sus alcances y definir eventuales modificaciones antes de una eventual sanción. El proyecto se suma a otras iniciativas relacionadas con Malvinas, defensa, infraestructura estratégica y soberanía que ya fueron presentadas durante 2026 en la Cámara de Diputados.
Fuente: Ámbito
