El Gobierno británico publicó una guía para empresas y particulares que desarrollan actividades económicas en las Islas Malvinas y sostuvo que la legislación argentina no tiene jurisdicción sobre el archipiélago. La medida se conoció después del endurecimiento de las sanciones impulsadas por Javier Milei contra compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos.
El conflicto entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo luego de que Londres publicara una guía oficial destinada a empresas y particulares que desarrollan o pretenden desarrollar actividades económicas en el archipiélago. El documento, elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo británico, respalda las actividades económicas que el Reino Unido considera legítimas y cuestiona la aplicación de las leyes argentinas sobre compañías que operan en las islas.
La publicación se produjo después de que el Gobierno de Javier Milei anunciara un endurecimiento de las medidas contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las aguas que Argentina considera parte de su territorio. La administración nacional inició procedimientos administrativos y presentó denuncias judiciales contra compañías relacionadas con proyectos petroleros en la zona, entre ellos el desarrollo offshore Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
En su guía, Londres sostiene que las empresas que desarrollan actividades en las islas pueden recibir comunicaciones o medidas por parte de las autoridades argentinas, pero afirma que Argentina no posee jurisdicción para aplicar su legislación interna sobre el archipiélago ni sobre las personas o compañías que realizan negocios allí. El Gobierno británico también ratificó su posición respecto de la soberanía y definió a las Malvinas como un territorio británico de ultramar.
El documento británico contempla además asistencia para compañías que eventualmente enfrenten presiones legales o comerciales relacionadas con sus actividades en las islas. Londres recomendó a las empresas buscar asesoramiento jurídico independiente y señaló que su Ministerio de Exteriores está dispuesto a intervenir ante terceros países cuando considere que una compañía, una filial o un proveedor está siendo presionado por actividades que el Reino Unido considera legítimas.
Uno de los principales focos del conflicto es el proyecto Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La iniciativa está encabezada por Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration. Ambas compañías avanzaron a fines de 2025 con la decisión final de inversión y el proyecto contempla comenzar la producción de petróleo a partir de 2028, si se cumplen las distintas etapas previstas.
El Gobierno argentino sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la plataforma continental que considera propia requieren autorización nacional. Por ese motivo, presentó denuncias contra empresas vinculadas con los proyectos petroleros y anunció nuevas herramientas legales para ampliar las sanciones. La administración de Milei también inició procedimientos administrativos que alcanzan a decenas de empresas y accionistas relacionados con operaciones hidrocarburíferas en las islas.
La respuesta británica fue acompañada este miércoles por una nueva reacción del Gobierno argentino. La Cancillería expresó su “más enérgico rechazo” a la guía denominada “Haciendo negocios con las Islas Malvinas” y sostuvo que el Reino Unido pretende promover actividades comerciales e hidrocarburíferas que Argentina considera ilegítimas. Buenos Aires reafirmó además que el archipiélago y los espacios marítimos circundantes forman parte de su territorio y cuestionó las licencias otorgadas unilateralmente por las autoridades de las islas.
La Cancillería argentina también informó que desde el anuncio del endurecimiento de las medidas se enviaron cerca de 180 notas de advertencia a empresas e inversores de 30 países, se iniciaron 60 procedimientos administrativos y se realizaron tres denuncias penales contra diez compañías petroleras y sus directivos. Entre las empresas denunciadas se encuentra Navitas, principal participante del proyecto Sea Lion. Argentina sostiene que continuará utilizando las herramientas legales disponibles para intentar impedir la explotación de recursos naturales en las áreas que considera bajo su soberanía.
La disputa vuelve así a colocar a las Malvinas en el centro de la relación bilateral entre Buenos Aires y Londres, pero esta vez con un componente económico cada vez más relevante: la explotación de hidrocarburos y el potencial desarrollo de nuevos proyectos petroleros. Mientras Argentina busca impedir que empresas internacionales participen de actividades que considera ilegales, el Reino Unido ofrece respaldo político y jurídico a las compañías que operan bajo licencias otorgadas por las autoridades de las islas. El enfrentamiento abre además un escenario de tensión diplomática y comercial que podría profundizarse a medida que avance el proyecto Sea Lion y se implementen las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno argentino.
Fuente: La Nueva Mañana
