La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora revocó la medida cautelar que había suspendido durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense. Patricia Bullrich celebró la decisión y cuestionó a la jueza que había dispuesto la suspensión.
La Justicia bonaerense revocó la medida cautelar que había suspendido durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, que hizo lugar al planteo de la Fiscalía y dejó sin efecto la resolución de primera instancia que había frenado preventivamente la implementación de la normativa. El fallo volvió a poner en vigencia el régimen en territorio bonaerense y generó rápidas repercusiones políticas.
La resolución había sido adoptada inicialmente por la jueza Marta Elba Pascual, quien había dispuesto la suspensión preventiva del régimen a pocos días de su entrada en vigencia. Entre los argumentos considerados para dictar la medida se encontraba la situación de los establecimientos destinados a alojar adolescentes privados de su libertad y la falta de condiciones materiales suficientes para afrontar la aplicación del nuevo sistema. La decisión judicial había generado fuertes críticas desde sectores del Gobierno nacional y dirigentes vinculados a las políticas de seguridad.
Al analizar el caso, la Cámara de Apelaciones sostuvo que la suspensión general de una ley mediante una medida cautelar requería la existencia de un perjuicio concreto y actual sobre una persona determinada. Los jueces también consideraron que la decisión de primera instancia implicaba una intervención sobre facultades correspondientes a otro poder del Estado. En consecuencia, resolvieron dejar sin efecto la suspensión que impedía la aplicación del régimen en toda la provincia.
Tras conocerse el fallo, Patricia Bullrich manifestó públicamente su satisfacción por la decisión judicial. La senadora cuestionó duramente a la magistrada que había dispuesto el freno y escribió que había “un poco de coherencia” luego de que la Cámara revocara la medida. En sus declaraciones también vinculó la aplicación del nuevo régimen con la necesidad de fortalecer las respuestas estatales frente a los delitos cometidos por adolescentes.
La discusión se produce en el marco de la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801. La normativa modifica el tratamiento penal de adolescentes en conflicto con la ley y contempla un nuevo esquema para quienes tengan entre 14 y 18 años, con disposiciones específicas respecto de los delitos alcanzados, las sanciones y las condiciones de cumplimiento. Su puesta en marcha generó un debate político y jurídico sobre seguridad, responsabilidad penal adolescente y condiciones de alojamiento.
La controversia también involucra al gobierno de Axel Kicillof, debido a que la provincia debe implementar en su territorio las disposiciones correspondientes al nuevo régimen. Durante los días en que estuvo suspendida la aplicación, dirigentes nacionales habían cuestionado a la administración bonaerense por las condiciones de infraestructura y por la capacidad del sistema provincial para recibir a los adolescentes alcanzados por la nueva normativa. Con la resolución de la Cámara, la aplicación vuelve a quedar habilitada.
Sin embargo, el fallo no dejó de lado las condiciones en las que se encuentran los adolescentes privados de su libertad. Los camaristas señalaron expresamente que, ante una eventual afectación concreta de los derechos de un joven detenido, deberá intervenir el juez que tenga a su disposición al adolescente y disponer las medidas urgentes que correspondan. Además, exhortaron a la administración provincial a proporcionar los recursos necesarios para garantizar los estándares constitucionales y convencionales aplicables.
La Cámara también ordenó que la jueza de primera instancia revise su propia competencia para continuar interviniendo en el hábeas corpus colectivo que había dado origen a la medida cautelar. El fallo fue firmado por los jueces Miguel Carlos Navascués y Miguel María Alberdi. De esta manera, la Justicia bonaerense no solo dejó sin efecto la suspensión del régimen, sino que introdujo consideraciones sobre los límites de la intervención judicial y sobre las condiciones que el Estado provincial debe garantizar durante su implementación.
La decisión vuelve a colocar al Régimen Penal Juvenil en el centro del debate sobre seguridad y justicia en la provincia de Buenos Aires. Para el Gobierno y los dirigentes que respaldan la nueva normativa, la aplicación representa una herramienta para abordar los delitos cometidos por adolescentes dentro de un marco penal específico. Para la Justicia, en tanto, la implementación debe desarrollarse respetando las garantías constitucionales y los derechos de los jóvenes privados de libertad. El nuevo escenario queda marcado por la vigencia del régimen y por la obligación de las autoridades provinciales de garantizar las condiciones necesarias para su aplicación.
Fuente: Minuto Uno
