Un grupo de 35 legisladores opositores presentó un pedido de juicio político contra el presidente paraguayo, Santiago Peña, por su presunta responsabilidad en la crisis financiera desatada tras la intervención de Ueno Bank. La entidad fue intervenida por problemas de solvencia y dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas. La oposición denuncia posibles conflictos de intereses y reclama explicaciones sobre el manejo de fondos públicos y previsionales.
La crisis financiera que atraviesa Paraguay abrió un nuevo frente de conflicto político para el presidente Santiago Peña. Un grupo de 35 legisladores opositores presentó ante la Cámara de Diputados un pedido de juicio político para impulsar su destitución, luego de la intervención de Ueno Bank, una de las entidades financieras más importantes del país. La iniciativa también alcanza al vicepresidente Pedro Alliana y se produce en medio de la preocupación de miles de ahorristas que quedaron sin acceso a sus depósitos tras la suspensión de las operaciones bancarias.
El conflicto comenzó cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso la intervención de Ueno Bank luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del mínimo exigido por la regulación financiera. La decisión implicó la suspensión de los servicios de la entidad, incluidas las operaciones mediante aplicaciones, tarjetas y sucursales. La situación afectó a aproximadamente tres millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes, generando incertidumbre sobre la devolución de los ahorros y el funcionamiento del sistema financiero.
Uno de los principales argumentos de los legisladores que impulsan la destitución está relacionado con los antecedentes empresariales del presidente Peña. El mandatario había sido accionista de Grupo Vázquez, conglomerado que controla Ueno Bank, hasta marzo de 2025. Para los sectores opositores, esa vinculación genera interrogantes sobre posibles conflictos de intereses y sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno frente a la situación de la entidad financiera. Las acusaciones forman parte del pedido de juicio político y deberán ser analizadas dentro del procedimiento institucional correspondiente.
Los cuestionamientos también alcanzan el manejo de los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que administra fondos destinados a las jubilaciones de los trabajadores paraguayos. Legisladores opositores expresaron preocupación por la exposición de esos recursos ante la situación de Ueno Bank y reclamaron investigar las decisiones que permitieron concentrar importantes sumas de dinero público en la entidad. Según las denuncias difundidas por los parlamentarios, también deben determinarse las posibles responsabilidades de los organismos encargados de controlar y supervisar el sistema financiero.
La crisis tuvo consecuencias que trascendieron el ámbito parlamentario. Durante las primeras jornadas posteriores a la intervención se registraron largas filas de clientes frente a las sucursales bancarias y manifestaciones de ahorristas que reclamaban recuperar sus depósitos. Entre los afectados se encuentran trabajadores, jubilados y organismos públicos que mantenían fondos en la entidad. La situación generó preocupación en distintos sectores de la sociedad paraguaya y abrió interrogantes sobre los mecanismos de protección de los depositantes frente a una eventual crisis bancaria.
En paralelo, el conflicto provocó cambios dentro de las principales autoridades económicas del país. El presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, presentó su renuncia en medio de los cuestionamientos por la intervención de Ueno Bank. Además, la investigación judicial avanzó sobre directivos de la entidad y del Grupo Vázquez. De acuerdo con los reportes de agencias internacionales, ocho ejecutivos fueron detenidos y quedaron bajo investigación, mientras las autoridades judiciales dispusieron medidas sobre sus bienes. Estas actuaciones buscan determinar si existieron irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes.
Desde el punto de vista institucional, el pedido de juicio político deberá superar diferentes instancias para convertirse en una destitución efectiva. La Constitución paraguaya establece que la Cámara de Diputados necesita reunir dos tercios de los votos, equivalentes a 53 de sus 80 integrantes, para aprobar la acusación y remitirla al Senado. Posteriormente, la Cámara Alta debe alcanzar 30 votos sobre un total de 45 para declarar la responsabilidad política del mandatario y disponer su destitución. Los 35 apoyos iniciales anunciados por los impulsores no alcanzan por sí solos para superar la primera instancia.
Mientras el Congreso se prepara para debatir la iniciativa, Santiago Peña pidió priorizar los intereses de los depositantes y sostuvo que quienes hayan cometido irregularidades deberán responder ante la Justicia. El mandatario todavía enfrenta el desafío de contener las consecuencias económicas, financieras y políticas de una crisis que puso bajo discusión la confianza en las instituciones de control del país. El desenlace del conflicto dependerá tanto de las investigaciones sobre Ueno Bank como de los apoyos parlamentarios que pueda reunir la oposición para avanzar con el proceso de juicio político.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
