El Gobierno abrió las propuestas técnicas para avanzar con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos. Dos consorcios presentaron ofertas y serán evaluados. El proceso contempla la venta del 90% de las acciones estatales, mientras que el 10% continuará en manos de los trabajadores.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), luego de que se abrieran las ofertas técnicas presentadas por las empresas interesadas en quedarse con el control de la compañía. El Ministerio de Economía informó este martes que dos consorcios quedaron formalmente incorporados al proceso y ahora sus propuestas deberán ser evaluadas.
Las ofertas fueron presentadas por el Consorcio Rowing, integrado por Rowing S.A., Arcos, Transclor y PHX, y por el Consorcio Roggio Roas S.A.U. y otros. Ambas propuestas serán sometidas al análisis correspondiente dentro del proceso de privatización, que busca definir quién estará a cargo de la operación de la empresa durante las próximas décadas.
El esquema diseñado por el Gobierno contempla la venta de la totalidad de las acciones que actualmente se encuentran en manos del Estado, equivalentes al 90% del capital de AySA. El 10% restante continuará siendo propiedad de los empleados, por lo que la operación no implicará una transferencia completa de la participación accionaria de la empresa.
Uno de los principales puntos establecidos en el proceso es el compromiso de inversión. Según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, el futuro operador deberá afrontar inversiones superiores a los US$ 2.000 millones durante los primeros cinco años, con el objetivo declarado de ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio de agua potable y saneamiento.
El plan oficial establece además un Programa de Acción para el período 2027-2031 que contempla inversiones por $2,89 billones, calculados a valores de diciembre de 2025 y sin incluir el IVA. El contrato fija objetivos específicos de cobertura para ese período, con la intención de incrementar progresivamente el acceso a los servicios de agua y cloacas en el área atendida por AySA.
En materia de cobertura, las metas previstas para 2031 establecen un piso de 75,3% para el servicio de agua y de 63,9% para cloacas. El contrato contempla, además, objetivos más elevados hacia el final del plazo inicial de 30 años: al menos 90% de cobertura de agua y 75% de cobertura de saneamiento.
Otro de los aspectos centrales del esquema es el régimen tarifario. De acuerdo con lo informado por Caputo, durante el primer ciclo de cinco años el nivel tarifario vigente al momento de la presentación deberá mantenerse constante en términos reales. A su vez, el Gobierno estima que durante ese primer ciclo la nueva AySA privatizada tributará alrededor de US$ 400 millones en concepto de IVA y otros US$ 350 millones por Ingresos Brutos.
La apertura de las ofertas técnicas marca así una nueva etapa en uno de los procesos de privatización más relevantes impulsados por la administración de Javier Milei. Ahora comenzará la evaluación de los dos consorcios para determinar cuál cumple con las condiciones establecidas. La definición tendrá impacto directo sobre un servicio esencial para millones de usuarios y sobre el modelo de gestión que tendrá AySA durante los próximos 30 años.
Fuente: Noticias Argentinas
