Régimen penal juvenil: cómo funcionará el sistema de supervisores y qué penas podrán recibir los adolescentes

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El nuevo Régimen Penal Juvenil ya está vigente para adolescentes desde los 14 años. La normativa incorpora supervisores especializados para realizar un seguimiento individual y establece que no podrá aplicarse prisión ni reclusión perpetua, con un máximo de 15 años de pena privativa de la libertad.

El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir en Argentina y establece un sistema específico para adolescentes de entre 14 y 18 años acusados de cometer delitos. La Ley 27.801 reemplazó el esquema anterior y no solo modificó la edad a partir de la cual puede existir responsabilidad penal, sino que también incorporó nuevas reglas sobre las penas, el seguimiento de los jóvenes y las condiciones en las que puede aplicarse una privación de la libertad.

Uno de los elementos centrales del nuevo esquema es la creación de la figura del supervisor especializado. Una vez que el juez determina las medidas o penas correspondientes, deberá designar un profesional encargado del seguimiento, asistencia y control del adolescente. La legislación establece que deberá contar con formación en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones o trabajo social.

El trabajo de estos supervisores será permanente durante el proceso. Entre sus funciones estarán mantener entrevistas semanales con el adolescente, realizar un seguimiento de su evolución y elaborar informes mensuales sobre aspectos vinculados con su educación, formación y conducta. También deberán intervenir frente a problemas familiares, personales, de salud mental o de adicciones y trabajar coordinadamente con los demás profesionales que participen del caso.

La reglamentación del régimen creó además un Registro de Supervisores para los procesos de competencia nacional ordinaria y federal. El objetivo es contar con profesionales especializados que puedan realizar un seguimiento adecuado de cada adolescente y evitar que la supervisión se transforme simplemente en un trámite administrativo. La propia ley establece que la cantidad de jóvenes asignados a cada supervisor debe permitir un control efectivo e individualizado.

Otro de los puntos centrales es que el nuevo régimen no establece prisión automática para todos los adolescentes que sean imputados por un delito. La legislación contempla distintas medidas y penas, entre ellas alternativas al encierro, reglas de conducta, actividades educativas, formación laboral y otras herramientas orientadas a la responsabilización, educación, resocialización e integración social. La privación de la libertad queda reservada para los casos y condiciones establecidos específicamente por la norma.

Cuando corresponde una pena privativa de la libertad, el sistema establece modalidades específicas de alojamiento y dispone que los adolescentes no sean alojados junto con personas adultas. Los establecimientos deberán contar con condiciones adecuadas y personal especializado, mientras que la ejecución de la pena deberá mantener objetivos vinculados con la educación, la formación y la reinserción social.

La normativa también fija un límite concreto para las condenas. Los adolescentes alcanzados por el régimen no pueden recibir penas de reclusión perpetua ni prisión perpetua y el máximo de una pena privativa de la libertad es de 15 años, incluso cuando la escala penal pudiera ser superior por la existencia de varios hechos independientes. Además, cumplidos dos tercios de la condena, el tribunal puede evaluar la posibilidad de aplicar otras modalidades previstas por la ley cuando se cumplan las condiciones correspondientes.

La implementación del nuevo régimen abre ahora una etapa que requerirá coordinación entre la Justicia, el Ministerio de Justicia, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La ley prevé estructuras especializadas, supervisores, establecimientos adecuados y recursos presupuestarios para poner en funcionamiento el sistema. El desafío será determinar cómo estas nuevas herramientas se aplican en cada jurisdicción y si logran combinar responsabilidad penal, protección de las víctimas y reinserción de los adolescentes.

Fuente: Perfil

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