El documento analiza la situación de la UOM y su obra social y advierte sobre posibles conflictos de intereses, debilidades en las rendiciones y cuestionamientos al contrato con USEM S.A. Entre 2024 y 2026, la firma habría percibido más de $2.466 millones en honorarios.
La intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) entregó al juez de la causa un informe confidencial elaborado durante agosto de 2026, en el que analiza la situación administrativa y financiera del sindicato y de su obra social. El documento, al que accedió InfoGremiales, concentra buena parte de sus observaciones en el vínculo contractual con USEM S.A. y en situaciones que la investigación interna identifica como posibles conflictos de intereses.
El propio informe realiza una aclaración central sobre el alcance de sus conclusiones. Señala que los hallazgos fueron elaborados a partir de la documentación y evidencia recopilada durante la investigación, pero remarca expresamente que no constituyen una calificación de las conductas analizadas ni determinan culpabilidad, inocencia o responsabilidad sobre ninguna persona. Además, advierte que todavía existe documentación que continúa bajo análisis.
Uno de los principales puntos observados está relacionado con los contratos celebrados entre USEM S.A., la UOMRA y OSUOMRA. Según el documento, esos acuerdos establecían que el personal destinado a los servicios contratados debía tener dedicación exclusiva. Sin embargo, la intervención detectó que Adalberto Braconi, presidente y empleado de USEM, mantuvo durante períodos coincidentes con la vigencia contractual otro empleo en el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires.
El informe también cuestiona el cumplimiento efectivo de algunas de las funciones que habían sido asignadas contractualmente a USEM. En particular, sostiene que tareas vinculadas con el análisis, auditoría y validación de obligaciones de pago no habrían sido ejecutadas en la práctica. La observación forma parte de una revisión más amplia sobre la relación entre la empresa contratada y las estructuras de la UOM y su obra social.
Otro de los nombres mencionados en el documento es el de María Soledad Calle, cuya situación ya había generado atención pública. De acuerdo con el informe, durante el período analizado mantenía una relación laboral con la UOMRA y, simultáneamente, integraba la estructura societaria de USEM S.A. como directora suplente y accionista. La intervención incorpora esta situación dentro del análisis de los posibles conflictos de intereses detectados.
La investigación también puso bajo la lupa el origen y el momento de creación de USEM. El informe señala que la sociedad fue constituida cerca de la implementación de los fideicomisos y que fue contratada por UOMRA y OSUOMRA menos de tres meses después de su creación, con participación en procesos considerados críticos, entre ellos la administración de cuentas bancarias y la ejecución de pagos. Para la intervención, este aspecto forma parte de las debilidades estructurales y riesgos identificados en la contratación.
Uno de los datos económicos más relevantes aparece en el análisis de los honorarios. Según el documento, entre 2024 y 2026, durante un período de 31 meses de contrato, USEM S.A. recibió $2.466.334.995. La intervención cuestiona la razonabilidad de esos montos y sostiene que los estados contables analizados muestran niveles elevados de rentabilidad junto con una estructura operativa reducida, mientras que no pudo encontrar evidencia suficiente de que los honorarios hayan sido establecidos a partir de un análisis formal de costos, precios de mercado u otros criterios objetivos de razonabilidad económica.
El informe concluye además señalando debilidades en las rendiciones de cuentas de la gestión operativa de USEM y riesgos estructurales en su contratación. Ahora, esos elementos quedaron incorporados al expediente judicial y deberán ser evaluados junto con el resto de la documentación disponible. La propia intervención evita atribuir responsabilidades definitivas, por lo que el alcance de las observaciones deberá ser determinado en el marco de la causa. Lo que queda planteado es una revisión profunda de la administración de la UOM y su obra social, con especial atención sobre una contratación que movió más de $2.466 millones en honorarios durante el período analizado.
Fuente: InfoGremiales
