La situación judicial del exjefe de Gabinete Manuel Adorni entra en su hora más crítica. Con la expiración de la prórroga concedida por el juez federal Ariel Lijo, el exfuncionario libertario tiene tiempo límite para presentar ante los tribunales su descargo formal y responder a un severo cuestionario de 20 preguntas elaborado por la fiscalía en el marco de la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito. El expediente pone bajo lupa una millonaria brecha en sus finanzas personales, operaciones inmobiliarias dudosas y cuantiosas sumas de dinero en efectivo sin documentación respaldatoria.
La investigación preliminar conducida por el fiscal Gerardo Pollicita destapó un llamativo desfasaje entre los ingresos declarados por el matrimonio de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, y los gastos reales efectuados desde su asunción en la función pública en diciembre de 2023 hasta su salida del Gobierno. Según los peritajes contables incorporados al expediente, la pareja registró recursos comprobados por aproximadamente 229,7 millones de pesos frente a erogaciones que treparon hasta los 272,8 millones de pesos, arrojando un rojo injustificado superior a los 43 millones de pesos.
El núcleo más escandaloso del requerimiento judicial se centra en el manejo masivo de divisas extranjeras cash. De acuerdo con los registros de la pesquisa, el exfuncionario y su entorno movilizaron gastos por más de 400.000 dólares, de los cuales el 92,9% —equivalente a unos 374.000 dólares— fueron abonados íntegramente en efectivo, eludiendo los circuitos formales del sistema financiero y obligando al exvocero a demostrar fehacientemente el origen y la trazabilidad de esos billetes.
Entre los puntos más complejos que Adorni debe aclarar figuran las millonarias inversiones en criptomonedas y los fondos aplicados a la adquisición y remodelación de propiedades exclusivas. El fiscal le exige detallar la trazabilidad de una supuesta ganancia cercana a los 300.000 dólares en Bitcoins, explicar la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito (financiado mediante una presunta hipoteca atípica sin intereses) y justificar la ostentosa construcción y refacción de una casa en el country Indio Cuá Golf Club, valuada en cifras exorbitantes que incluyen pagos en efectivo por 245.000 dólares a contratistas y proveedores.
Esta instancia de justificación patrimonial representa una valla previa y determinante de carácter procesal. Una vez que la defensa aporte la documentación requerida, la fiscalía evaluará si las respuestas logran disipar las sospechas de corrupción. En caso de que las explicaciones resulten insuficientes o inconsistentes, la causa dará un salto drástico hacia una nueva etapa, habilitando el llamado a declaración indagatoria del exhombre fuerte de la comunicación oficial y profundizando el desgaste político de la administración libertaria en los tribunales de Comodoro Py.
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