La inflación de agosto se ubicó en el 1,7% y mostró una desaceleración respecto de julio, pero el dato convive con una economía que continúa mostrando señales de contracción. El escenario plantea una discusión central para el Gobierno de Javier Milei: si la baja de los precios responde a una estabilización sostenible o si está siendo acompañada por una actividad económica cada vez más debilitada.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en agosto un incremento promedio del 1,7%, después de los movimientos de julio asociados, entre otros factores, a los precios estacionales. Sin embargo, la desaceleración no implica una caída abrupta de la inflación, ya que durante los últimos cuatro meses las variaciones se mantuvieron relativamente estables alrededor del 2% mensual.
En lo que va de 2026, la inflación acumulada alcanza el 21%, mientras que los precios regulados acumulan una suba del 28%. El comportamiento de estos últimos resulta especialmente relevante porque incluye servicios y tarifas cuya evolución depende de decisiones del Gobierno, como transporte, agua, electricidad, gas y telefonía.
Uno de los aspectos que relativiza el dato general de agosto es el comportamiento de la inflación núcleo, que fue del 1,8%. Este indicador excluye los precios estacionales y aquellos regulados por el Estado y busca mostrar la evolución de los componentes más estables de la inflación. Por eso, un eventual congelamiento de tarifas tendría un impacto limitado sobre la dinámica de fondo de los precios.
El análisis identifica dos grandes anclas detrás de la desaceleración: el tipo de cambio y la política fiscal. El dólar acumula una variación del 3,8% en el año, muy por debajo del 21% de inflación acumulada, mientras que el Gobierno sostiene una política de fuerte control del gasto público. A esto se suma la intervención sobre determinados precios, como ocurrió con los combustibles.
El problema aparece cuando se observa qué está ocurriendo con la actividad económica. La industria manufacturera registró en julio una caída interanual del 5% y mantiene una tendencia contractiva frente a los meses anteriores. Algunos sectores acumulan retrocesos cercanos al 20% durante 2026, mientras que la construcción también mostró una contracción interanual del 4,5%.
En ese contexto, la recesión aparece como uno de los factores que ayudan a explicar la moderación de los precios. Una economía con menor actividad, menor consumo y sectores productivos que reducen su nivel de funcionamiento genera menos presión sobre los precios, aunque el costo de esa desaceleración puede trasladarse a empresas, trabajadores y familias. El desafío consiste entonces en conseguir que la inflación continúe bajando sin profundizar el deterioro de la actividad.
El escenario deja planteada una de las principales incógnitas para los próximos meses. El Gobierno puede mostrar una inflación mensual del 1,7% como resultado de su programa de estabilización, pero todavía enfrenta el desafío de romper el piso de inflación cercano al 2% y, al mismo tiempo, recuperar el crecimiento. La cuestión central será determinar si Argentina puede salir de la recesión sin volver a acelerar los precios o si la actual desinflación seguirá teniendo como contracara una economía cada vez más fría.
Con ayuda de La Nueva Mañana
