El fiscal federal Franco Picardi solicitó que la abogada Nadia Beller declare como testigo en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. El pedido busca incorporar al expediente información que Beller asegura tener sobre el origen y la filtración de las grabaciones.
El fiscal federal Franco Picardi solicitó formalmente que Nadia Beller declare como testigo en la investigación por presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida fue tramitada mediante un exhorto enviado a través de la Cancillería a las autoridades judiciales de Bolivia, donde actualmente reside la abogada. El objetivo es incorporar a la causa su versión sobre los audios filtrados que forman parte de la investigación.
El pedido surgió luego de declaraciones públicas realizadas por Beller, quien afirmó que cuenta con información grabada relacionada con el origen de las filtraciones. En una entrevista radial, la abogada sostuvo que Fernando Cerimedo y Natalia Basil habrían participado de la difusión de los audios y aseguró que tiene registrado material que permitiría conocer cómo llegaron esas grabaciones a los medios. A partir de esas declaraciones, la diputada Marcela Pagano había solicitado que Beller fuera citada con carácter urgente.
La Fiscalía busca ahora que esos elementos puedan ser incorporados formalmente al expediente y evaluados dentro de la investigación judicial. La declaración de Beller podría aportar información sobre la procedencia de los archivos y sobre las circunstancias en las que fueron obtenidos o difundidos, aunque cualquier afirmación sobre una eventual operación de inteligencia, manipulación o intervención de terceros deberá ser corroborada mediante las pruebas correspondientes.
El caso ANDIS investiga presuntas irregularidades vinculadas con la compra de medicamentos y un supuesto esquema de retornos que involucraría a exfuncionarios del organismo. En septiembre de 2025, Fernando Cerimedo ya había declarado como testigo ante la Fiscalía en relación con la investigación y había sido mencionado en el expediente por sus vínculos con la difusión de información relacionada con el caso. La defensa del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, cuestionó posteriormente la autenticidad de las escuchas y planteó dudas sobre el origen del material.
En ese contexto, los dichos de Beller adquirieron relevancia para la causa porque podrían aportar una nueva línea de investigación sobre la procedencia de las grabaciones. La abogada sostuvo públicamente que conoce información sobre quiénes habrían intervenido en la filtración y que conserva registros que respaldarían parte de sus afirmaciones. La Justicia deberá determinar ahora qué valor probatorio tienen esos elementos y si permiten avanzar sobre la trazabilidad de los audios.
La situación de Beller también está atravesada por un complejo escenario judicial en Bolivia. La abogada permanece bajo medidas de seguridad luego de haber sobrevivido a un ataque a tiros y, según la información difundida, solicitó ingresar al régimen de testigos protegidos en otra investigación relacionada con un presunto enriquecimiento ilícito. Por las circunstancias de su residencia y por razones vinculadas con su estado de salud, la Fiscalía argentina evalúa que su declaración pueda realizarse de manera virtual.
Para concretar esa eventual declaración, el Ministerio Público Fiscal pidió que fiscales bolivianos acompañen a Beller durante la audiencia. La alternativa permitiría avanzar con su testimonio sin requerir un traslado inmediato hacia la Argentina. Mientras tanto, la investigación continúa con las pericias técnicas sobre los archivos de audio y el juez federal Ariel Lijo rechazó planteos destinados a suspender esos estudios, por lo que Gendarmería continuará trabajando sobre el material incorporado al expediente.
La eventual declaración de Nadia Beller podría convertirse así en un nuevo capítulo de una causa que combina denuncias de corrupción, audios filtrados, disputas sobre la autenticidad de las grabaciones y acusaciones cruzadas sobre el origen del material. Por ahora, el pedido de la Fiscalía constituye una medida de investigación y no implica validar las afirmaciones realizadas públicamente por la abogada. Será la Justicia la que deberá determinar, a partir de su testimonio y de las pericias sobre los audios, si la información que asegura poseer permite esclarecer quién obtuvo, manipuló o difundió las grabaciones que dieron impulso al caso.
Fuente: Filo News
