El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación fue realizada por el canciller Pablo Quirno y apunta contra compañías que operan bajo licencias británicas, mientras la Casa Rosada busca reforzar su estrategia de soberanía sobre las islas
El Gobierno de Javier Milei profundizó su ofensiva por la cuestión Malvinas y presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación fue realizada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y forma parte de la estrategia anunciada por el Presidente para endurecer las medidas contra compañías que desarrollen actividades en el área sin autorización argentina. La acusación apunta particularmente contra firmas relacionadas con el proyecto petrolero Sea Lion.
La Casa Rosada sostiene que las actividades desarrolladas por estas compañías vulneran la legislación argentina y, en particular, la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes realicen operaciones vinculadas con hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin contar con autorización del Estado nacional. El argumento oficial parte de la posición argentina de que las licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas carecen de validez frente al reclamo de soberanía argentino. Las empresas, en cambio, sostienen que cuentan con permisos válidos emitidos bajo la legislación vigente en las Falkland Islands y respaldados por el Reino Unido.
Uno de los principales objetivos de la denuncia es el proyecto Sea Lion, considerado por el Gobierno como una explotación ilegítima de recursos naturales en una zona cuya soberanía reclama la Argentina. El emprendimiento está encabezado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, mientras que la británica Rockhopper Exploration controla el 35% restante. La iniciativa contempla el desarrollo de un importante yacimiento offshore y tiene prevista su primera producción de petróleo para 2028. Según estimaciones difundidas internacionalmente, se trata de una inversión de alrededor de 2.000 millones de dólares.
La presentación judicial no apunta solamente contra las sociedades comerciales, sino también contra personas vinculadas con la conducción de las compañías involucradas. El Gobierno busca de esta manera ampliar el alcance de la ofensiva y establecer eventuales responsabilidades individuales por las actividades que considera ilegales. La denuncia se suma a las medidas administrativas y sancionatorias que Milei había anunciado días atrás, cuando anticipó que la Argentina endurecería su respuesta frente a las empresas que participen directa o indirectamente de la explotación de recursos naturales en las islas.
La ofensiva judicial llega después de que Milei colocara nuevamente a Malvinas en el centro de la agenda política nacional. En su última cadena nacional, el Presidente anunció un paquete de medidas que incluye el endurecimiento de las sanciones contra empresas que operen en las islas, la creación de mecanismos de coordinación en materia de seguridad nacional y el impulso de una nueva ley para reforzar la defensa de la soberanía. También instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para priorizar el proyecto de Base Naval Integrada en Tierra del Fuego dentro del Presupuesto 2027.
La denuncia contra las petroleras también se produce en medio de una creciente disputa internacional alrededor del proyecto Sea Lion. El Reino Unido mantiene su respaldo a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas bajo las licencias de las autoridades de las islas y reafirma su posición sobre la soberanía del archipiélago. Navitas y Rockhopper, por su parte, sostienen que sus permisos son legítimos y que el proyecto continúa adelante. La Argentina considera que esas autorizaciones no pueden producir efectos jurídicos sobre un territorio y una plataforma marítima cuya soberanía reclama históricamente.
El conflicto adquiere además una dimensión económica y geopolítica cada vez mayor. Sea Lion es uno de los proyectos petroleros más importantes actualmente proyectados en el Atlántico Sur y su eventual puesta en producción podría modificar el peso económico de las actividades hidrocarburíferas alrededor de las islas. La disputa involucra a empresas británicas e israelíes y ocurre mientras el Gobierno argentino intenta conseguir respaldo internacional para su posición. En paralelo, distintas compañías internacionales de servicios petroleros han tomado distancia de las operaciones vinculadas con Malvinas ante el riesgo de quedar expuestas a las sanciones anunciadas por Buenos Aires.
Con la denuncia presentada, Milei pasa de los anuncios políticos a una ofensiva judicial concreta contra las empresas que participan del desarrollo petrolero en Malvinas. La estrategia oficial busca combinar sanciones económicas, acciones penales, presión diplomática y una mayor presencia de Defensa en el Atlántico Sur. El resultado dependerá ahora de cómo avance la causa en la Justicia y de la capacidad del Gobierno para hacer efectivas las medidas frente a compañías que operan bajo licencias británicas. Lo que queda claro es que la disputa por Malvinas ya no se limita al reclamo diplomático: el petróleo convirtió nuevamente la soberanía sobre las islas en una pelea económica, judicial y geopolítica de alto impacto.
Fuente: Política Argentina
