El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción cuestionó un aviso de la Secretaría de Trabajo provincial que reconoce a la UOCRA y UECARA como las únicas organizaciones con personería gremial para representar al sector. El gremio sostuvo que la Provincia no tiene facultades para determinar la representación sindical y acusó a la gestión de Martín Llaryora de afectar la libertad de afiliación.
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC-CTAA) salió al cruce de un aviso institucional difundido por la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Córdoba y denunció que la gestión provincial estaría afectando la libertad sindical. Según el comunicado difundido por la CTA Autónoma Córdoba, el organismo provincial respondió a supuestas consultas de empresas y particulares sobre las entidades sindicales con personería gremial para representar a los trabajadores de la construcción y señaló a la UOCRA y UECARA como las únicas organizaciones reconocidas en ese ámbito. El planteo generó una fuerte reacción del SITRAIC, que cuestionó tanto el contenido como las facultades de la autoridad provincial para emitir ese tipo de definición.
Uno de los principales argumentos del sindicato apunta precisamente a la competencia de la Secretaría de Trabajo cordobesa. El SITRAIC sostiene que la Provincia no tiene atribuciones para inscribir, determinar o certificar organizaciones sindicales ni para conceder personería gremial, ya que —según su interpretación— esas funciones corresponden a la autoridad laboral nacional en el marco de la Ley 23.551. Desde esa perspectiva, el aviso provincial no sería simplemente una comunicación administrativa, sino una intervención que podría tener consecuencias concretas sobre la posibilidad de que distintas organizaciones representen a trabajadores de la construcción en Córdoba.
La organización sindical fue todavía más lejos y acusó a la Secretaría de Trabajo de buscar descalificar la actividad del SITRAIC en territorio cordobés. En su comunicado, el gremio sostiene que la medida podría estar vinculada con un intento de favorecer a la UOCRA y cuestiona la actuación del Gobierno provincial por considerar que podría constituir una vulneración de la libertad sindical. Se trata de una acusación formulada por el sindicato, que plantea que las autoridades provinciales deberían garantizar que los trabajadores puedan elegir libremente la organización gremial a la que desean afiliarse y participar.
El comunicado también menciona directamente al gobernador Martín Llaryora y al secretario de Trabajo, Omar Hugo Sereno, a quienes el SITRAIC reclama que actúen respetando el marco legal y constitucional relacionado con la libertad sindical. La organización invoca además el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, al que considera una herramienta fundamental para garantizar la autonomía y libertad de las organizaciones de trabajadores. El sindicato sostiene que cualquier intervención estatal que termine condicionando la posibilidad de afiliación o representación podría entrar en tensión con esos principios.
En paralelo, el SITRAIC realizó fuertes cuestionamientos contra la UOCRA y contra su conducción en Córdoba, encabezada —según el comunicado— por Néstor Chavarría. El sindicato acusa a esa organización de prácticas vinculadas con la precarización laboral y afirma que existirían trabajadores despedidos por elegir afiliarse al SITRAIC. Estas afirmaciones forman parte de la denuncia sindical y no constituyen, por sí mismas, una constatación judicial de esas conductas. El conflicto, sin embargo, expone una disputa por la representación de los trabajadores de la construcción y por el lugar que cada organización ocupa dentro del mapa gremial cordobés.
La disputa adquiere especial relevancia porque el SITRAIC sostiene que tiene carácter nacional y que, por decisión de los propios trabajadores, continuará desarrollando tareas de representación en Córdoba. La organización plantea que su presencia no depende de una autorización política del Gobierno provincial, sino del ejercicio de la libertad sindical y de la decisión de los trabajadores de organizarse. En ese sentido, el gremio anticipó que seguirá actuando en la provincia y defendiendo su derecho a representar a quienes decidan afiliarse a esa organización.
El enfrentamiento también vuelve a poner sobre la mesa una discusión histórica dentro del movimiento obrero argentino: hasta dónde puede intervenir el Estado en las relaciones entre sindicatos y trabajadores y qué autoridad tiene cada jurisdicción para definir cuestiones vinculadas con la representación gremial. En este caso, el SITRAIC considera que el Gobierno cordobés cruzó un límite al emitir el aviso cuestionado, mientras que el punto central de la controversia pasa por determinar el alcance jurídico de esa comunicación y las competencias de la Secretaría de Trabajo provincial. La denuncia sindical abre así una disputa que podría trasladarse a otros ámbitos institucionales si la organización decide avanzar con presentaciones formales.
El conflicto deja además una señal política para la administración de Llaryora, porque la denuncia de SITRAIC-CTAA coloca a la Secretaría de Trabajo en el centro de una controversia sobre libertad sindical y representación de trabajadores. Por ahora, la información difundida por la CTA Autónoma Córdoba recoge fundamentalmente la posición del sindicato denunciante y no incorpora en el comunicado la respuesta del Gobierno provincial ni de la UOCRA. La discusión, por lo tanto, queda abierta y tendrá como eje determinar si el aviso institucional cuestionado constituye una actuación administrativa dentro de las competencias provinciales o si, como sostiene el SITRAIC, implica una afectación del derecho de los trabajadores a elegir libremente su representación gremial.
Fuente: CTA Autónoma Córdoba.
